Tres años después de la primera resolución que buscó restringirle sus funciones, el fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques intervino nuevamente para generar más presión. La última palabra la tiene el TSJ de la Ciudad.
La familia judicial del macrismo volvió a cargar esta semana contra el asesor tutelar de Cámara porteño Gustavo Moreno, sobre quien busca poner un bozal judicial desde hace varios años. El fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques (ex representante de Nación en el Consejo de la Magistratura e hijo de Carlos Mahiques, ex ministro de justicia de María Eugenia Vidal en la Provincia), dictaminó a favor de restringirle sus funciones a Moreno, en el marco de una persecución que data desde 2018. La labor del asesor tutelar había sido respaldada hace dos años por un amplio conjunto de organizaciones sociales y de base, en su mayoría de las villas porteñas, dado que a través de sus resoluciones buscó garantizar los derechos de los pibes y las pibas de los barrios populares.
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El gobierno de Larreta se ha negado a contestar más de 50 pedidos de informes de Moreno.
Tal como informó en su momento El Grito del Sur, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario había declarado «inconstitucional» el año pasado la resolución 75/18 de la Asesoría General Tutelar (hoy a cargo de la ex ministra de Desarrollo Social de Macri, Carolina Stanley), a través de la cual se buscaba poner un bozal judicial a Moreno, es decir atarlo de pies y manos para que deje de firmar resoluciones e intervenir en expedientes donde se cuestiona el rol del Ejecutivo porteño en cuanto a garantizar o no los derechos de las infancias y las personas con padecimientos en salud mental.
A partir de entonces, Moreno había recuperado sus funciones y había dictaminado, entre otras cosas, que la Ciudad garantice el transporte escolar de cientos de pibes y pibas de los barrios populares e intervenido en distintos amparos contra la Ciudad por desprotección de grupos vulnerables en plena pandemia. La resolución de Mahiques busca silenciarlo, y la última palabra la tiene ahora la Corte porteña.
A través de sus resoluciones, el asesor tutelar siempre buscó garantizar los derechos de los pibes y las pibas de los barrios populares.
En los últimos tres años, además, el Poder Ejecutivo porteño se ha negado a contestar los pedidos de informes de Moreno, que sobrepasan los 50 casos. Los organismos que se niegan son la Procuración General de la Ciudad, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia y Seguridad, y el Ministerio de Educación.
En octubre de 2019, una solicitada firmada por la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ), y un sinnúmero de sindicatos, organizaciones sociales, de base y estudiantiles porteñas, y hasta la Junta Promotora del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, creada por el Papa Francisco, habían reclamado al Poder Judicial porteño que mantenga a Moreno en plenitud de sus atribuciones.
Ahora, será el Tribunal Superior de Justicia quien defina el futuro de la Asesoría Tutelar de Cámara, en cuanto a si podrá ser un recurso de acceso a la Justicia para los más vulnerables o se convertirá en una dependencia judicial vacía de funciones.
* Publicado en El grito en el Sur
