Cristina Fernández de Kirchner cumple su prisión domiciliaria bajo condiciones más restrictivas que las impuestas a condenados por delitos de lesa humanidad y narcotráfico, fue la contundente conclusión a la que arribaron los consejeros de la Magistratura Rodolfo Tailhade, César Grau, Vanesa Siley, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti, al presentar los resultados de un informe sobre la detención de personas condenadas por delitos federales.
Los expositores coincidieron en señalar que estas medidas no responden a criterios jurídicos objetivos, sino a una decisión política orientada a limitar la actividad pública de la expresidenta, condicionar a la dirigencia política y obstaculizar la reorganización del campo nacional y popular, según se desprende de la información obtenida mediante los pedidos de Acceso a la Información Pública Nros. 2/2026, 3/2026 y 4/2026 del Consejo de la Magistratura de la Nación.
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El informe, presentado en el Salón Azul de la Facultad de Derecho, da cuenta de que más de la mitad de las personas detenidas por delitos de lesa humanidad en nuestro país no utilizan tobillera electrónica y reciben visitas sin restricciones en sus domicilios.
En ese marco, el diputado nacional y consejero Rodolfo Tailhade sostuvo: “Cada vez estoy más convencido de que el verdadero negocio del poder era que la bala saliera. Porque no alcanza con una condena, no alcanza con la cárcel, con la proscripción, la tobillera o la restricción de visitas. Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la dirigenta más importante de nuestro país. Incluso las encuestas que publican los medios más hostiles la muestran con la mejor imagen”.
A su turno, la consejera Vanesa Siley presentó datos que demuestran el carácter arbitrario y discriminatorio de las condiciones de detención impuestas a Cristina Fernández de Kirchner. Siley señaló que en la Ciudad de Buenos Aires existen seis personas detenidas por asociación ilícita y ninguna de ellas tiene restricciones en materia de visitas. Asimismo, indicó que entre las personas privadas de libertad por delitos vinculados al ejercicio de la función pública, Cristina es la única sometida a limitaciones para recibir visitas.
“Incluso si excluimos delitos graves como narcotráfico, trata de personas o lesa humanidad, Cristina sigue siendo la única persona detenida sometida a restricciones excepcionales. Es la única que enfrenta limitaciones en las visitas, controles para desplazarse dentro de su propio domicilio y el uso de tobillera electrónica”, expresó.
La consejera también vinculó la situación de la expresidenta con una larga tradición de persecución contra líderes populares. “A los dirigentes que representan los intereses de las mayorías no se les gana por la vía democrática. Los formalismos institucionales permanecen, pero las garantías fundamentales son vulneradas. A Cristina la juzgaron dos veces por los mismos hechos, no se respetó el principio de inocencia ni el derecho a ser juzgada por magistrados imparciales”, concluyó.
Por su parte, el senador Mariano Recalde afirmó: “Cristina es una presa política. Sufre una persecución política con dos objetivos claros: disciplinar a la dirigencia política para que no se anime a transformar la realidad e impedir la reorganización del pueblo. El informe demuestra que esta decisión no tiene fundamentos jurídicos ni responde a criterios de justicia; es una decisión política destinada a impedir que Cristina reorganice al peronismo y continúe haciendo política”.
A su turno, César Grau trazó paralelismos históricos entre Hipólito Yrigoyen y Cristina Fernández de Kirchner, señalando cómo distintos procesos políticos y judiciales buscaron perseguir y condicionar a líderes populares en beneficio de grupos económicos concentrados, tanto nacionales como extranjeros.
Finalmente, la senadora Anabel Fernández Sagasti cuestionó el funcionamiento del Poder Judicial argentino, señaló a la actual Corte Suprema de Justicia como uno de los principales problemas institucionales y expresó: “La pregunta que tenemos que hacernos quienes abrazamos el derecho es si el derecho es una herramienta de liberación o un garrote corporativo. Tenemos que construir un diagnóstico para saber qué vamos a hacer. La administración de justicia en la Argentina no existe más. Estamos en presencia de bandas que se están disputando el Poder Judicial en la Argentina”.
