El proyecto de construcción de “torres de lujo” en Costa Salguero y Punta Carrasco tomó notoriedad y hasta los medios hegemónicos optaron por llevar el tema, ya sea por la férrea postura del arco político opositor a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, como por la excepcional participación de la comunidad rechazando el proyecto oficial. Ese repudio popular se verificó en las audiencias públicas de modo contundente (en un porcentaje del 98%), como también, en la movida para recolectar las 40 mil firmas que acompañan un proyecto para que se ponga en entredicho la habilitación oficial y que, en cambio, se cree en el lugar un gran espacio verde. “La venta de espacios públicos por parte del Gobierno de la CABA no es novedad, ya se vendieron 473 hectáreas. Sin embargo, querer vender la Costanera cruza un nuevo límite”, aseguró en más de una ocasión, con precisa lógica, el diputado nacional por la Ciudad, Itaí Hagman.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya vendió 473 hectáreas. Luego de perder las PASO, Macri le cedió a Larreta 100 terrenos e inmuebles, para seguir haciendo negocios inmobiliarios.
En ese sentido, se puede afirmar que la política inmobiliaria de la CABA, ligada a los negocios privados se replican en la mayoría de sus comunas, lo que además produjo la reacción de grupos de vecinos, aun cuando el gobierno porteño pretenda mantenerlo oculto. Se puede verificar en un puñado de ejemplos referidos a la construcción de gigantescas moles de cemento, o en las concesiones, en general oscuras de los espacios verdes, que justamente es uno de los déficits estructurales e históricos de muchos de los barrios.
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Mirá para arriba
“Buenos Aires se prepara para abordar los desafíos del futuro” anunció el gobierno porteño cuando dispuso implementar las modificaciones del Código de Urbanización en 2019. Diez ítems. El primero, clave, permite edificios de 6 alturas, según la zona: “Van desde planta baja y dos pisos (9m) hasta planta baja y 12 pisos (38m) como máximo”, que reemplazan a los 27 habilitados hasta entonces. Aunque habilita “excepciones”, claro…
Este permiso parcial para la concreción de nuevos edificios, cada vez más altos, se contrapone con una discusión instalada hace años, que continúa en un tironeo incesante: la problemática de edificación en torre, lo que para los entendidos significa construir una ciudad nueva sobre la ciudad existente. “Generan impacto sobre la estructura socio-económica y ambiental de la ciudad; afectan a los vecinos; presionan el entorno; generan conos de sombra; destruyen el paisaje; reducen los espacios verdes; incrementan la polución del aire y ruidos molestos; acentúan los problemas de tránsito y transporte; aumentan la densidad de población; saturan los servicios básicos esenciales (luz, gas, cloacas). Desde esta perspectiva, es indispensable promover un ordenamiento territorial que pondere la calidad de vida, los servicios y el medio ambiente”, reclama un reciente informe de la cátedra de urbanismo de la Universidad de General Sarmiento.
“El negocio inmobiliario tan agresivo tiene consecuencias no sólo en la contaminación visual sino que impacta claramente en el medio ambiente. Además, desestima un tema estrictamente social: la especulación inmobiliaria jamás contemplará las viviendas sociales”, analiza el comunero Pablo Ortiz Maldonado, perteneciente al Frente de Todos en la Comuna 12.
Es un tema de larga data pero que se acrecentó cuando luego de perder las PASO y a horas de caducar su mandato presidencial, Mauricio Macri cedió cerca de 100 terrenos e inmuebles a la Ciudad de Buenos Aires. Ahí se advierte una complicidad manifiesta: la mayoría de esos traspasos se firmaron entre el 19 de septiembre de 2019 y el 10 de diciembre del mismo año, cuando el ex presidente dejó la Rosada. La gestión de Alberto Fernández decidió investigar, mediante el DNU 145/2020 lo que consideran cesiones que “desnaturalizan la función asignada a la AABE e implica un desprendimiento de activos insustituibles que pertenecen al Estado nacional”. Habilita reveer puntualmente esas medidas.
Moles de cemento
Uno de los casos que generó gran repercusión es el de las torres previstas en la Avenida Asamblea, entre Curapaligüe y Pumacahua, a pocos pasos de la Iglesia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y del Parque Chacabuco, uno de los más bellos de la ciudad, que por un lado soporta haber sido atravesado por la Autopista 25 de Mayo pergeñada por el ex brigadier golpista Osvaldo Cacciatore, personero en la ciudad de la dictadura cívico militar de los ’70; por el otro resistió a brazo partido el enrejado que tanto seduce a Larreta y con el que hizo enjaular a varios parques porteños.
“No nos oponemos a la construcción de viviendas, pero que se hagan proporcionales al barrio, luego de estudios serios de impacto habitacional y que respeten los porcentajes de espacios verdes” (Leonardo Lucchese Di Leva).
Son cuatro torres en total, una de las cuales está planeada con 21 pisos de altura, la llamada Alto Grande Avellaneda, promocionada por la empresa constructora M&M. Sobre las otras, figuran otros responsables, pero genera suspicacias que los habilitaciones se hayan solicitado al mismo tiempo. “Sospechamos que hay alguna interrelación entre ellas. Además, ya se están vendiendo departamentos ‘en pozo’ aunque ni siquiera tienen cartel de obra. Tememos por una posible estafa comercial”, denuncia Julián Cappa, comunero de la C 7. “Reclamamos ante este tipo de infraestructuras porque degradan el ambiente desde todo punto de vista y porque en lugar de generar espacios verdes, la Ciudad fue perdiéndolos. No estamos en contra de la construcción porque genera trabajo y aporta vivienda. Pero no estas torres… Además, cuando llegan estos edificios, suelen llegar los hipermercados que se devoran a los comercios de barrio”, agrega. No sólo cambiará la fisonomía de una zona caracterizada por casas bajas, sino que indefectiblemente afectará la prestación de servicios. “No existe este tipo de construcción tan alta en 500 metros a la redonda”, asegura Dina, una vecina del barrio. Además, el código urbano en vigencia prohíbe este tipo de mole a metros de templos existentes: La Medalla Milagrosa estaría en la vereda de enfrente. Por lo cual, las constructoras requerirían una nueva excepcionalidad de la administración porteña, una más de las que firmó el gobierno de Larreta o que se produjeron desde la Legislatura.
Otro tema emblemático, de vieja data, cercano en cuadras, es el de los playones ferroviarios, detrás de Ferro Carril Oeste, un predio de 23 hectáreas, que corresponden a la comuna 6 y en el que la empresa IRSA planeaba realizar un monumental shopping. Ante las dificultades que le planteó la resistencia popular, anunció una sesión poco clara, por u$s 5,5 millones, a otra firma que, aún en medio de la pandemia, insistía con la edificación de torres de 12 pisos, mientras el movimiento Proyecto Participativo Parque Caballito impulsaba un espacio público. Se trata de uno de los predios cedidos por Macri a Larreta, en este caso a través de Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A, que en diciembre pasado, ya dirigida por otras manos, revocó la resolución macrista, lo que supone la devolución del lugar a la Nación aunque los recusaciones legales no se detengan.
Un caso también significativo es el del predio donde hasta 1991 se levantó el Albergue Warnes. Tres décadas después, en la Av. Chorroarín entre Zabala y Constituyentes, se puede leer una consigna: “Sí al parque, no a las torres!”. Se trata del Parque La Isla, en el corazón de La Paternal, encerrado entre parcelas privadas. Corresponde a la comuna 15 y, salvo las pequeñas plazas, es el único espacio verde relevante de la zona, usufructuado no sólo por los habitantes cercanos. En abril de 2019, la Legislatura, con el exclusivo voto del PRO habilitó a la empresa Sadia a que se levantasen once torres de 18 pisos cada una, lo que representa una altura de más de 75 metros. Los vecinos realizan guardias periódicas para monitorear la anunciada llegada de las maquinarias que le darían inicio a la obra. Tienen su página de Facebook: “No a las torres en La Isla”. Al tiempo que, desde su sitio, la empresa constructora asegura que los trabajos están “en ejecución”. “No nos oponemos a la construcción de viviendas, que es un tema que aflige a los porteños, pero que se hagan proporcionales al barrio y luego de estudios serios de impacto habitacional, al tiempo que respeten los porcentajes de espacios verdes”, asegura el comunero Leonardo Lucchese Di Leva.
En el barrio también hay dos parcelas cercanas a la estación Chacarita del FF. CC. San Martín: el gobierno porteño pretende cambiar la rezonificación y ponerlas a la venta para realizar 2 torres de 50 metros. “Ahora está parado, pero no sabemos cuándo podrían ponerlo en marcha. Además están a una cuadra del Movistar Arena, que en pandemia no funciona, pero que tantos trastornos trajo al barrio cuando se inauguró. Si esas parcelas funcionaran como espacios verdes podrían ser, inclusive, una descarga para el movimiento de personas cuando vuelva a funcionar el estadio y beneficiar de ese modo a los vecinos”, agrega Lucchese.
En algunos de los emprendimientos, ya se están vendiendo departamentos ‘en pozo’ aunque ni siquiera tienen cartel de obra. Los vecinos advierten sobre una posible estafa.
Otros de los casos se observa en el emblemático predio de la ex confitería La Ideal, sobre la calle Triunvirato, a metros del cruce ferroviario y la calle Roosevelt, en plena Villa Urquiza. Cerrado en la crisis del 2001, a partir de una persistente movilización, los vecinos pudieron recuperarlo el 18 de junio del año siguiente y lo convirtieron en un centro abierto a la comunidad. Pero la cuestión legal nunca quedó saldada. La Ciudad bajo la jefatura de Macri, desde 2007, denunció usurpación y la persecución, clausuras incluidas, no cesó durante tantos años. Ahora, es indisimulable el lobby para imponer la habilitación del plan: construir allí una mole de departamentos.
Entre tantos ejemplos, se advierte uno en Colegiales: en el espacio comprendido entre Federico Lacroze, Cramer, Elcano y Álvarez Thomas, que integra la Comuna 13, hay varios de los “regalitos” de Macri a su sucesor. Así, por ejemplo, en derredor de la estación de tren se extiende un pulmón de manzana de casi siete hectáreas. Pero la Ciudad acordó la venta de nueve parcelas, cinco de ellas a las empresas Sancor Seguros y Emfisa, que ya anunciaron la realización del Distrito Colegiales, “un entorno basado en las últimas tendencias para vivir en zonas urbanas”, como reza en la publicidad de la empresa. En realidad, un plan de obras de construcción de una serie de edificios de 9 pisos.
“Estamos en contra de la venta de tierras públicas en detrimento de nuestros derechos como ciudadanos y en beneficio de los abusadores emprendimientos inmobiliarios a cuya medida se realizaron las modificaciones”, dice una vecina, Alejandra, quien además advierte que “no hay infraestructura en el barrio para recibir a 5000 personas más”. Promueven, en cambio, que allí se realice un parque público y espacios de salud y atención a personas mayores.
Cemento en lugar de espacios verdes. Cemento que se convierta en millones.
Así es que no se analizó el proyecto de ley presentado por el legislador Juan Manuel Valdés (FdT) para crear el “Fondo Verde de la Ciudad de Buenos Aires” con el fin de que la administración porteña se encargue “del acceso y promoción de espacios verdes, con un mínimo de inversión del 2% del presupuesto anual de la CABA”. Justamente, en contrario de la promoción de las moles de cemento, plantea la regulación de los terrenos baldíos y de las más de 340 mil viviendas ociosas que hoy tiene la ciudad.
Pero, claro, eso no se condice con el negocio inmobiliario.
