Dos solicitadas expusieron la división ante lo que podría ser el Watergate local. En esta nota, una tercera posición para pensar.
Tan grave es lo que pasa que nadie se anima a enunciarlo. El tema sujeto a debate público está ocupado por un fantasma innominado.
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El 6 de julio, 300 periodistas firmaron una solicitada que se publicó en los diarios de mayor circulación nacional bajo el título “Ante los ataques e intimidaciones a periodistas”, en teoría, para defender a “periodistas profesionales” que serían blanco de “campañas de difamación públicas”, “presiones”, “escraches con acusaciones infundadas de espionaje ilegal”, “insultos y ataques personales”, “ataque públicos” y “otros abusos del poder político”.
Aunque el texto incumple con los requisitos fundamentales del periodismo de precisión, recostándose en lo tácito, implícito o imaginable sin decir qué pasó verdaderamente, quién o quiénes lo hicieron, dónde ocurrió, cuándo y cómo o de qué manera, se puede intuir que la acción declarativa de este grupo sería un acto en defensa de Luis Majul mencionado en el marco de investigaciones judiciales preliminares sobre el uso de recursos estatales para realizar desde supuesto espionaje ilegal a políticos, periodistas, empresarios y sacerdotes, hasta campañas de demolición mediáticas destinadas a sostener condenas públicas.
Unos días después, otro grupo de periodistas que cuadruplicó en número al anterior, se preguntó en una nueva solicitada, esta vez desde Página 12: “¿Creemos que las y los periodistas somos víctimas de campañas de difamación y presiones como sostiene un comunicado reciente de periodistas y empresarios?”. A pesar de no responder el interrogante de manera categórica, asumen estar “sometidos al escrutinio público y a la ley”, no tener “privilegios” y considerar que “no toda crítica por exagerada o injusta que sea puede ser considerada un ataque a la libertad de expresión”, para concluir que “en el necesario vínculo con el poder y las fuentes, tenemos reglas por cumplir. No vale todo”.
El periodismo tienen una grieta tan inquietante que convocó en una semana a más de 1300 periodistas y comunicadores a sentar posición.
A decir verdad, este segundo texto tampoco aclara mucho las cosas. Habla de la legalidad del oficio, del vínculo del periodista con las fuentes y del escrutinio público de la actividad, pero sin dar cuenta de hechos concretos, salvo la alusión al comunicado previo que, como ya se dijo, tenía una factura espectral.
Ambas solicitadas demuestran, ante todo, que el periodismo tiene su propia grieta, una tan inquietante que convocó en el plazo de una semana a más de 1300 periodistas y comunicadores -muchos de ellos y ellas, además, habitualmente renuentes a manifestaciones de este tipo- a sentar posición en una llamativa controversia que fue presentada más desde la omisión que desde la información.
¿Qué es lo que no pueden decir miles de periodistas? ¿Qué callan los profesionales de la palabra? ¿Por qué?
Según la primera solicitada, ¿cuáles serían concretamente las campañas de difamación pública y presiones contra periodistas profesionales? ¿Cuáles los escraches, insultos y ataques personales, públicos e intimidaciones recientes?
¿A qué sectores del poder político se refieren? ¿A quiénes con la más alta responsabilidad institucional? ¿Qué otros abusos del poder político denuncian?
Juan José Sebreli comparó el caso Watergate con el espionaje ilegal del macrismo y sus vínculos con periodistas.
Según la segunda solicitada, ¿por qué se podría suponer que alguien, periodista o no, puede no estar “sometido” a la ley? ¿Se trata de un problema jurídico?
¿Por qué es necesario el vínculo entre el poder y las fuentes? ¿Cuáles son las reglas por cumplir? ¿Es un problema ético?
La falta de definiciones torna complejo el abordaje y hace casi imposible la resolución.
Porque si se tratara de un manejo de las fuentes y las relaciones con el poder, deberíamos introducirnos en la deontología periodística, es decir en el campo de los manuales de estilo y códigos de ética, casi inexistentes en la Argentina (no hay un solo canal o señal de TV que los tenga).
Si fuera un problema jurídico, deberíamos consultar a especialistas en derecho a la información y recaer una vez más en las órdenes dictadas históricamente en formato judicial, por fiscales y jueces, ajenos al desempeño periodístico profesional.
Y si se tratara de lo que nadie dice, la existencia de un grupo de funcionarios del gobierno de turno, junto con servicios de inteligencia orgánicos e inorgánicos, un sector del poder judicial y medios de comunicación que persiguen y espían con recursos del Estado a propios y ajenos, al menos deberíamos profundizar sobre el lawfare y la mayor crisis del Estado de Derecho desde la recuperación de la democracia.
De seguir las argumentaciones del intelectual macrista Juan José Sebreli, que son repetidas como línea de defensa por Jaime Duran Barba, Clarin y La Nación, “se buscan pretextos para censurar a periodistas y medios; por ejemplo, se acusa a periodistas de tener como fuente de información a los servicios de la AFI, cuando es sabido que en Estados Unidos el famoso Watergate se hizo por la denuncia de periodistas sobre la base de informes de espías del FBI”.
En la lectura de Sebreli, el acaso aludido por omisión Majul debió ser Woodward o Bernstein y denunciar –como hicieron otros periodistas y hasta las propias víctimas- al presidente de turno (Mauricio Macri).
Quizá sea demasiado pedirle a un sociólogo que conozca los detalles del caso que marcó un antes y un después en el periodismo de investigación estadounidense. Vale la pena repasarlo, los servicios de Inteligencia que proveyeron de información a Bob Woodward y Carl Bernstein denunciaron que el propio presidente Richard Nixon y sus colaboradores espiaban ilegalmente a la oposición política, funcionarios y grupos de activistas que eran de su interés, usando recursos y organismos del Estado: el FBI, la CIA o el IRS (la DGI).
“Garganta profunda”, la fuente de los periodistas, tres décadas más tarde se identificó como William Mark Felt, subdirector del FBI de entonces, que contribuyó a revelar que su fuerza había cometido delitos que los medios de comunicación silenciaron. Hasta que Woodward y Berstein lo tomaron en serio, Felt había chocado con la indiferencia de la revista Time, el Washington Daily News y otras publicaciones.
En la lectura de Sebreli, el acaso aludido por omisión Majul debió ser Woodward o Bernstein y denunciar –como hicieron otros periodistas y hasta las propias víctimas- al presidente de turno (Mauricio Macri) por lo que recién ahora se investiga en expedientes judiciales: espiar ilegalmente a la oposición política, funcionarios y grupos de activistas usando recursos del Estado y organismos como la AFI, la UIF, la AFIP y la Policía de la Ciudad.
Si de comparar casos se trata, siguiendo la lógica sebreliana, la gran diferencia es que Nixon tuvo que renunciar, en cambio, Macri fue por la reelección con el apoyo del acaso aludido por omisión Majul y el aparato mediático concentrado y llegó a cosechar el 40 por ciento de los votos.
Ahora bien, de seguir las investigaciones judiciales, estaríamos ante el verdadero Watergate argentino, tal vez el controvertido tema silenciado en ambas solicitadas.
Siguiendo la lógica sebreliana, la gran diferencia es que Nixon tuvo que renunciar, en cambio, Macri fue por la reelección con el apoyo del acaso aludido por omisión Majul.
En el procesamiento del Director Operativo de la AFI macrista Alan Ruiz, el juez federal Juan Pablo Augé acreditó que el espía coordinó durante 2018 “un grupo conformado por agentes orgánicos e inorgánicos del área de Contrainteligencia de la AFI dedicada a realizar tareas de inteligencia y espionajes ilegales, los cuales consistían en llevar a cabo vigilancias, observaciones, obtener información, producir inteligencia, almacenar datos y generar informes sobre distintas personas, por el solo hecho de su pertenencia político partidario, social, sindical y/o cultural”.
Según Augé, Ruiz ordenó “a agentes orgánicos de la Agencia, la realización de tareas de observación frente a la sede del ‘Instituto Patria’” y “el domicilio de la entonces Senadora Nacional Cristina Fernández de Kirchner, actual Vicepresidenta de la Nación, y ex Presidenta de la Nación”. A su vez, el magistrado señaló que Ruiz habría recibido órdenes de Silvia Majdalani, segunda de la AFI, quien “tenía un conocimiento actualizado y periódico sobre los avances de esos espionajes ilegales nutridos de los resultados de vigilancias y observaciones”.
De prestar atención a la cobertura periodística de Raúl Kollman e Irina Hauser, “todo este entramado está siendo investigado en doce causas judiciales distintas y demuestra que no hubo maxiquioscos ni patrullas perdidas que hacían operaciones, sino una política instrumentada por el gobierno de Mauricio Macri”.
Para el catalán Carlos Zéller, las “estructuras de producción de la información están atravesadas por lógicas económicas y políticas que condicionan su trabajo”.
Esta red contaba con “cámaras y micrófonos colocados en el penal de Ezeiza para espiar ilegalmente a los detenidos, sus abogados y familiares, reunía material que recolectaba el Servicio Penitenciario Federal y lo mandaba a la AFI, que a su vez lo distribuía en programas de periodistas amigos”.
Y concluyen con un párrafo que dimensiona el problema real: “La estrategia consistió en tapar la feroz política económica, la fuga de divisas, el endeudamiento, el aumento de tarifas, la inflación. Y cubrir todo con el producto de operaciones de inteligencia, denuncias explosivas, armado de causas judiciales y show mediático”.
En definitiva, tal vez se trate de indagar sobre los conceptos del catedrático catalán Carlos Zéller, en torno de las “mutaciones” del trabajo periodístico, cuyas “estructuras de producción de la información están completamente atravesadas por lógicas económicas y políticas que condicionan su trabajo”.
Para escapar de esa trampa, se requiere “desarrollar la noción de cultura periodística o comunicativa, como un espacio constitutivo de la estructura ideológica y simbólica de la sociedad en donde existen valores socialmente compartidos junto a otros valores en formación que son objeto de pugna entre los distintos grupos sociales”.
Quizá lo fantasmal que hilvana las dos solicitadas sea un contrasentido social: miles de periodistas no pueden enunciar sobre qué debaten secretamente en público.
Se trata de llegar a acuerdos, a consensos, reconociendo los verdaderos problemas de fondo. Incluso, permitiendo que “a través de una crítica social rigurosa podamos discernir qué hay de bien y de mal público. Hemos de revisar críticamente las bases del funcionamiento del campo periodístico en la actual sociedad de capitalismo avanzado”.
Sobre todo, porque considera que “el campo periodístico se constituye en uno de los ejes centrales del proceso de reproducción social y al mismo tiempo que los efectos que provoca su forma de funcionar genera una de las mayores patologías sociales que afectan a la vida democrática”.
Quizá por eso, lo fantasmal que hilvana las dos solicitadas que se presumen antagónicas sea un verdadero contrasentido social: miles de periodistas no pueden enunciar sobre qué debaten secretamente en público. El problema mayor de la Argentina no sería entonces la grieta que suponen gobierno y oposición, sino que sus razones ni siquiera pueden ser pronunciadas abiertamente por profesionales de la palabra, nada más y nada menos que periodistas.
La emergencia comunicacional sigue vigente, pero no declarada.
