La necesidad de una nueva política que revierta la hiperconcentración que dejó el macrismo en el sector de telecomunicaciones. Internet, entre la tecnología 5G y su reconocimiento como servicio público esencial.
En los últimos años se popularizó el término ‘grieta’ como el rasgo medular del sistema de partidos. Ideas, prioridades, narrativas y valores contradictorios o en tensión caracterizan a una sociedad atravesada por la disputa en torno a modelos de país. Con la pandemia en pleno avance, la gran incógnita es cómo compatibilizar la representación de la búsqueda de mayor igualdad y bienestar colectivos –el mandato primordial del voto al Frente de Todos- con una convocatoria a la unidad y reconstrucción nacional que sea creíble y que vaya más allá de una mera retórica liviana. En paralelo a esta disyuntiva, la Argentina que emerge como consecuencia del hundimiento vertical de la economía producto del Covid-19 muestra cómo se profundizan desigualdades previas. Sobre todo tecnológicas.
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Una de las diferencias estructurales que se ahondan en estos tiempos, que se caracterizan por el trabajo remoto, la suspensión de clases y las actividades pedagógicas a distancia, es el acceso de las familias al servicio de internet wi-fi. La llamada ‘brecha digital’.
Cuatro de cada 10 niños, niñas o jóvenes en edad escolar no cuenta con facilidades para el uso de internet.
Según información del sector de las telecomunicaciones, en la Argentina crecen año a año los usuarios de servicios de internet. Sin embargo, ese crecimiento coexiste con la exclusión tecnológica de una franja importante de los hogares, que no tienen posibilidades económicas de pagar un abono o un paquete que incluya prestaciones wi-fi de banda ancha.
De acuerdo a datos correspondientes a 2018, sólo el 60,69% de las viviendas argentinas disponen del servicio de internet hogareño. Eso significa que cuatro de cada diez niños, niñas o jóvenes en edad escolar no cuenta con facilidades para el uso de internet en sus dispositivos móviles, tablets, laptops o PCs.
Como se sabe, el celular reconvertido en un smartphone puede ser un soporte para conectarse a través de múltiples plataformas, incluso aquellas que permiten conversar de manera remota y con varias personas en simultáneo a través de videoconferencias. Las computadoras, sean PC o portátiles, cumplen la misma función. Pero en ambos casos, si no se cuenta con servicio de wi-fi, la comunicación se complica mucho o se hace directamente imposible.
Las desigualdades estructurales constitutivas de la Argentina sobresalen aún más cuando el acceso a las redes se convierte en una necesidad imperiosa y cotidiana.
Niños, niñas y adolescentes en edad escolar y que viven en hogares con limitaciones económicas deben lidiar con las nuevas modalidades de actividad pedagógica –las clases a distancia producto de la pandemia- con los pocos datos que trae consigo el plan pre-pago del teléfono celular. Estas dificultades explican por qué muchos alumnos utilizan preferentemente los mensajes de audio de WhatsApp para cumplir con los trabajos prácticos solicitados por el docente.
Claro que no es lo mismo poder conversar en el marco de una relación pedagógica mientras se observa el rostro de la maestra o la profesora, un intercambio a distancia pero al menos cara a cara, que hacerlo a través de un mensaje grabado de voz que será escuchado de modo diferido. Esta descripción de una situación cotidiana de estos tiempos de coronavirus refleja apenas una de las consecuencias de la brecha digital.
Dicho de otro modo, las desigualdades estructurales constitutivas de la Argentina sobresalen aún más cuando el acceso a las redes se convierte en una necesidad imperiosa y cotidiana. Por efecto de la pandemia, el servicio de wi-fi –que suele adquirirse en paquetes hogareños junto a la telefonía fija- se ha convertido en un servicio público esencial. Sin embargo, la legislación vigente en el país no reconoce este fenómeno ni ampara el (podríamos llamarlo así) derecho a la conexión.
Cablevisión-Telecom reúne el 40% del mercado de las telecomunicaciones y 60% del servicio de banda ancha.
La herencia macrista
Mientras el mundo debate la inminencia de la tecnología 5G (que abre la posibilidad para las constelaciones y el servicio de internet de las cosas), el mercado de las telecomunicaciones que heredó la gestión del Frente de Todos se caracteriza por la híper-concentración. Tras la megafusión de Cablevisión-Telecom-Nextel (un proceso que se puede resumir en la asociación de dos colosos: Clarín-Telecom), el sector de la información y la comunicación en la Argentina está en buena medida controlado por un conglomerado fuertemente oligopólico.
Esa concentración se refleja en números. Cablevisión-Telecom reúne el 40% del mercado de las telecomunicaciones y 60% del servicio de banda ancha. Se trata de un gigante con el que resulta imposible competir en esos mismos términos, porque es el único actor económico que –al menos por ahora- brinda en un mismo paquete servicios digitales convergentes, lo que se define como cuádruple-play: telefonía celular (y fija en algunos casos), TV por suscripción e internet de banda ancha.
Los dos principales competidores de Cablevisión-Telecom son la compañía de celulares Claro (del grupo mexicano América Móvil, del megamillonario de ese origen Carlos Slim) y la empresa del mismo rubro Movistar (de la multinacional española Telefónica). Tanto Claro como Movistar pretenden competir en igualdad de oportunidades con Cablevisión-Telecom: para eso quisieran brindar servicios de TV satelital por suscripción pero el proyecto de ley que los autorizaba a hacerlo (conocido como ‘ley corta’), que tuvo media sanción en el Senado, fue retirado por el macrismo sin llegar a ser sancionado por Diputados. Otro protagonista del mercado de las telecomunicaciones es la empresa Direct TV, que brinda únicamente TV satelital por suscripción.
La arquitectura jurídica del macrismo apuntó a eliminar cualquier tope que pusiera límites a la concentración.
A nivel legislativo, el mapa actual de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) consagró su faceta actual de híper-concentración con una saga de decretos-a-la-carta emitidos durante el período 2015-2019 y firmados por el entonces presidente Mauricio Macri: se trata de los decretos 267/2015 (modificó y derogó artículos claves de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital); 1346/2016 (concedió frecuencias del espectro radioeléctrico ‘a demanda’, retroalimentando de ese modo la concentración); y 58/2019 (eliminó la reserva de espectro para la empresa satelital del Estado, ARSAT).
Las innovaciones implementadas por la gestión Cambiemos dejaron un escenario mucho más concentrado pero no redundaron en un incremento sustancial de la inversión, como habían prometido sus impulsores. Como se dijo, la arquitectura jurídica del macrismo para el sector apuntó a eliminar cualquier tope que pusiera límites a la concentración (se amplió el cupo de licencias y se las prorrogó en el tiempo, se eliminaron cuotas de mercado). También redujo la protección para las redes comunitarias y las cable-operadoras provinciales. Lo mismo con la Televisión Digital Abierta y ARSAT.
Otra medida pensada en beneficio de los grandes jugadores (sobre todo el Grupo Clarín) fue la disminución de las cuotas de pantalla para contenido local. Y para completar el combo, siempre en la misma línea, nunca se llevó al plano de lo concreto el contenido del artículo 46 de la ley 27078/14, bautizada como Argentina Digital: “Aquellos licenciatarios de servicios de TIC (tecnologías de la información y la comunicación) con poder significativo de mercado deberán cumplir con las obligaciones específicas que sean dispuestas por la Autoridad de Aplicación, las que garantizarán por medio de medidas regulatorias asimétricas el desarrollo de mercados regionales, la participación de los licenciatarios locales y la continuidad en la prestación de los servicios de TIC.”
Una de las propuestas es reactivar la Televisión Digital Abierta con una cobertura gratuita y de calidad.
Entonces, ¿qué hacer?
La descripción del panorama resultante tras las presuntas políticas ‘pro-mercado’ de Cambiemos no deja espacio para la duda: es evidente que la eliminación o reducción de la brecha digital no estuvo para nada entre las prioridades de la coalición UCR-PRO-Coalición Cívica. En este marco, el interrogante que surge es qué hacer ante este escenario. ¿Qué iniciativas se pueden llevar adelante desde un gobierno popular? ¿Qué proyectos de ley se pueden impulsar en el Congreso en el marco de un contexto atravesado por la emergencia sanitaria y el desplome económico?
Especialistas e investigadores del mundo de las TIC recomiendan una batería de acciones gubernamentales y proyectos legislativos factibles, que parten de la legislación vigente pero al mismo tiempo apuntan a reponer desde el Congreso varios artículos derogados por los DNU del macrismo.
Los objetivos a alcanzar, entre otros, van desde la protección de ARSAT frente al ingreso indiscriminado de satélites extranjeros que compiten con la empresa estatal sin establecer criterios de reciprocidad en sus países de origen, hasta la exigencia de que el conglomerado Cablevisión-Telecom-Nextel restituya de una vez los 80 megahertz (mhz) de espectro radioeléctrico que exceden el tope establecido (fijado en 140 mhz) para las prestadoras privadas.
Para las zonas altamente pobladas, una posibilidad podría ser la prestación de servicios gratuitos de wi-fi a través de ARSAT.
Además, en la lista de prioridades que aconsejan los expertos hay espacio para el diseño de un plan de adjudicación de frecuencias que atenúe o modere la híper-concentración actual. También se propone reactivar la Televisión Digital Abierta con una cobertura gratuita y de calidad a lo largo del territorio argentino.
El decálogo de medidas propuestas continúa con el restablecimiento del criterio del ‘must carry’ (la obligación de las TV por suscripción de incluir señales públicas y sin fines de lucro en un área de cobertura) y la declaración, nuevamente por ley (Cambiemos la había eliminado), de que las TIC son un servicio público esencial.
¿Cuáles serán las banderas que guiarán la acción del Frente de Todos en el mercado de las telecomunicaciones durante los próximos tres años y medio? Si la opción es por equilibrar el mapa híper-concentrado y la lucha contra la desigualdad en el acceso al servicio de wi-fi, habrá que poner el ojo sobre medidas de mediano plazo, como la habilitación a Movistar y Claro para ofrecer TV satelital por suscripción, o la prestación de servicios gratuitos y masivos de wi-fi de banda ancha a través de ARSAT en zonas altamente pobladas.
El desafío está lanzado, la carta está en el aire. Como siempre, es una cuestión de voluntad política.
