Micaela tiene 20 años y vive junto a su padre en un hotel familiar en el barrio de La Boca, que en parte pagan con un subsidio habitacional. Su trayectoria educativa tuvo sus traspiés mucho antes de que irrumpiera el Covid-19, pero la pandemia sumó un nuevo obstáculo que se volvió insalvable: la “brecha digital” la dejó afuera de una enseñanza que desde el 20 de marzo circula por redes, computadoras y celulares, un mundo que le está vedado. Como tantos otros alumnos y alumnas vulnerables de la ciudad de Buenos Aires, Micaela y su familia carecen de los recursos para acceder a las clases a distancia, y si bien acudieron al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, nunca obtuvieron respuesta. Una alternativa surgió a principios de junio, cuando el Poder Judicial intervino ante un amparo colectivo y ordenó brindarle a esos estudiantes los elementos que garantizaran su derecho a la educación, pero el Ejecutivo porteño apeló la medida, luego la incumplió y por último recusó y apartó al juez de la causa.
Micaela repitió en dos oportunidades 4° año del secundario y tuvo que pasarse a un colegio para mayores. A mediados de 2019, abandonó. Sentía que no lograba comprender los contenidos. Volvió a estudiar a comienzos de 2020, poco antes de que se dictara el aislamiento obligatorio. Esta vez, no fue ella quien dejó la escuela. “No cuenta con computadora ni posee conexión a red Wi-Fi. Utiliza su celular para leer el material y responder las consignas. Para ello, debe utilizar los datos incluidos en su plan mensual de telefonía, cuyo consumo es veloz y su situación económica no le permite efectuar las recargas necesarias”, describió el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, que asumió el patrocinio legal de esta joven y de otras personas en similares condiciones y adhirió a la acción colectiva contra el gobierno, en un expediente que, hasta su recusación, estaba en manos de Roberto Andrés Gallardo, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°2.
Larreta apeló la orden de la Justicia que le ordenaba garantizar el derecho a la educación.
Para las defensoras actuantes, Mariana Pucciarello y Lorena Lampolio, el caso de Micaela –cuyo nombre fue modificado para resguardar su privacidad– es uno entre los tanto que “revelan que las acciones desplegadas por el Gobierno de la Ciudad no se ajustan a lo previsto por las normas”, porque “no se ha dado efectivo cumplimiento a las premisas proyectadas desde los textos constitucionales, legales e internacionales ni se han satisfecho los objetivos de los propios planes de gobierno en materia educativa”. Además, señalan que el criterio para la entrega de equipos por parte del Ministerio de Educación local “introduce exigencias que excluyen a una gran cantidad de estudiantes y no respetan el derecho de acceso a la educación en condiciones de igualdad”.
Dos semanas después de cerradas las aulas, Micaela supo por WhatsApp que las clases serían virtuales. Por mail, le llegan las consignas de trabajos prácticos con sus respectivas fechas de entrega para las diez materias que debería cursar. También recibe audios y material bibliográfico en formato PDF. “Si bien la institución educativa propone el trabajo bajo dicha modalidad, lo cierto es que no le proporcionaron a sus estudiantes ningún tipo de recurso material para ello”, destacaron las defensoras.
La familia de Micaela solicitó una notebook al Ministerio de Educación porteño, pero no tuvo respuesta.
La familia tiene una computadora que funciona mal y se reinicia todo el tiempo, lo que vuelve imposible la lectura. El padre de Micaela se comunicó al 0800 habilitado por la cartera educativa que encabeza Soledad Acuña y solicitó, sin éxito, una notebook. El 16 de junio, la Defensoría Nº 1 –a cargo de Lampolio– solicitó una solución por medio de un oficio, pero tampoco obtuvo contestación de las autoridades.
Igual actitud –es decir, no dar respuesta ni soluciones– mostró el gobierno de Rodríguez Larreta con la medida judicial dictada por Gallardo el 9 de junio, cuando le ordenó brindar conectividad y equipos a las alumnas y alumnos vulnerables de toda la Ciudad que asistieran a escuelas públicas o a privadas con cuota cero y no pudieran acceder a la continuidad educativa por la vía virtual.
En su última decisión antes de ser apartado del expediente, Gallardo había dispuesto la creación de un “registro judicial de estudiantes con necesidades informáticas no satisfechas”, para recibir y tramitar “las solicitudes de equipamiento informático y de conexión a Internet de todas las personas que integran el colectivo afectado”.
En la casa de María son cinco hermanos, todos deben arreglarse con dos celulares.
En ese universo está la familia de María. Ella es empleada y su esposo, que se está recuperando de un accidente, aporta lo que recibe de la Anses. Junto a sus dos hijas y tres hijos, viven en Pompeya, pero ya fueron intimados a dejar el lugar por falta de pago. De los menores en edad escolar, una hija cursa 2° año en una escuela técnica; un varón, 3° grado; y otro, 4° año de una técnica. “No cuentan con los recursos materiales para llevar adelante las tareas”, resumen las defensoras Pucciarello y Lampolio. Como no tienen computadoras, usan el celular de María o el de su esposo para leer el material y conectarse a las clases. “Es decir, dos móviles para cinco chicos que, además de las clases virtuales escolares, deben ser utilizados para que dos de ellos puedan sostener sus tratamientos psicológicos, también vía virtual”, agregaron. Al igual que el padre de Micaela y con igual suerte, María pidió las notebooks por los mecanismos que dispuso la Ciudad.
Estos y los demás casos consignados por la presentación del Ministerio Público de la Defensa replican un patrón: situaciones de clara vulnerabilidad que tienen su reflejo en una precariedad de capital tecnológico que potenció la pandemia y que no encuentra soluciones por parte del macrismo porteño.
Los estudiantes de 1º a 4º de la Escuela Jose Martí no recibieron computadora del Plan Sarmiento desde el ingreso al primario.
Las defensoras también aportaron el relevamiento efectuado por un grupo de docentes sobre la situación de los estudiantes de la Escuela N° 19 “José Martí”, del distrito escolar 19, en el barrio Ramón Carrillo de Villa Soldati. El documento registró a todos los alumnos que efectuaron la solicitud de conectividad y, en palabras de los docentes, “da cuenta del incumplimiento de la demandada”. Sobre 306 familias, el 79% dijo recibir la tarea en el celular del adulto, y un 80% debe compartir el uso del aparato, la mayoría de las veces (40%), con dos o más personas. También señalaron que muchos de los equipos provistos años anteriores por el “Plan Sarmiento BA” no funcionan, por lo que pidieron habilitar las vías de comunicación al soporte técnico. “Un 33% de los reclamos se solucionan con la reposición del cargador, por ejemplo”, graficaron las maestras y maestros, y recordaron que “la totalidad de estudiantes de 1º a 4º no ha recibido computadora del Plan Sarmiento desde el ingreso al nivel primario”.
En su escrito, las defensoras remarcaron que en esta escuela “solamente el 11,8% ha recibido el dispositivo previsto por el plan instaurado por la demandada; mientras que la mayoría de los estudiantes debe utilizar el teléfono celular de alguna persona adulta”.
El Ministerio de Educación porteño “no respeta el derecho de acceso a la educación en condiciones de igualdad”, según la denuncia del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad.
En diálogo con Contraeditorial, Pucciarello destacó la relevancia que le dan al caso: “Es doblemente importante porque el Ministerio Público de la Defensa, por un lado, representa historias concretas, y por el otro, tiene un interés en participar por la representación colectiva de gente que está en la misma situación aunque no esté identificada”. De hecho, Pucciarello, quien es defensora ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, solicitó al defensor general, Horacio Corti, poder actuar en esta primera instancia junto a su colega Lampolio.
La funcionaria lamentó la inacción del tribunal N° 16, a cargo de Martín Furchi, donde la causa recaló hasta tanto la Sala III de la Cámara resuelva la recusación contra Gallardo. “No pasó nada en el expediente, por más que está denunciado el incumplimiento de la cautelar y eso debería ser urgente y seguir tramitando”, sostuvo. De todos modos, consideró que el caso debería volver al juez natural. “Suponemos que la Sala III va a rechazar la recusación y a devolver el expediente a Gallardo. Realmente, no hay ningún motivo para pensar que el juez no es imparcial”, planteó Pucciarello, y agregó: “A los litigantes les puede gustar más o menos un juzgado porque tiene mayor o menor afinidad con una forma de pensar, pero la falta de imparcialidad es una causal objetiva”.
Mientras tanto, los chicos y las chicas que se cayeron en la “brecha digital” del distrito más rico del país siguen esperando una solución para poder ejercer su derecho a educarse mientras dure la cuarentena obligatoria.