Ante la situación de profunda incertidumbre acerca del futuro de la democracia en nuestro país, de la libre participación política de los sectores populares y amenazas de proscripción a las personas que lideran espacios de participación popular nos sentimos llamados a expresar nuestra preocupación. Por eso afirmamos:
No se puede dejar la democracia en manos del menos democrático de los tres poderes del Estado.
No es tolerable que se niegue el derecho a la defensa a nadie, ni a los pobres que llenan nuestras cárceles, ni a Cristina Fernández de Kirchner, como tampoco se puede avalar la incorporación de pruebas en el alegato sin que ellas hayan sido incorporadas en etapas anteriores del debido proceso. Asimismo, no es ético ni procesalmente justo basar las acusaciones en un supuesto “sentido común” o supuestas medidas de peso de pruebas no especificadas.
No se puede permitir que un diputado, ni ningún otro funcionario o funcionaria, afirmen cosas como “lamentablemente no tenemos pena de muerte”.
No deben avalarse las acciones de medios de comunicación que recibiendo dinero del Estado por millonarias pautas, hacen lo posible por desinformar, generar odio o bronca y más grave aún, violencia.
Ningún país puede funcionar sin justicia, y sin ella la sociedad se desarticula. No esperamos ni pretendemos beneficios para nadie, pero sí justicia. Una sentencia debe ser dictada por certezas, no por sensaciones, por pruebas y no por tapas de diarios, por dinámicas transparentes y no guiadas por el odio que no parece tolerar que los pobres tengan los mismos derechos, sino que parecen guiadas por racismo y clasismo. Sin justicia será “poder” pero nunca “judicial”.
También afirmamos que:
La democracia está y siempre debe estar cuidada por el pueblo, pero también por los tres poderes de la Constitución.
Necesitamos transparentar y agilizar los procesos de justicia para que todos y todas puedan acceder a una defensa justa, donde lo que se pruebe es la culpabilidad y no la inocencia.
Exigimos a los funcionarios de cualquier poder del Estado evitar todo tipo de palabras que inviten a la violencia para con una o muchas personas.
Deseamos que los medios cumplan la función de comunicar lo más y mejor posible, y nos negamos a que nuestro país siga reduciendo ayudas a los pobres y siga sosteniendo a quienes más daño le hacen a nuestra democracia.
