Bajo el discurso de la eficiencia y la libertad, el proyecto de Ley de Milei y sus cómplices desmantela derechos históricos del trabajador rural y consolida un modelo pensado para los grandes propietarios y no para quienes trabajan la tierra.
El proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo —mal llamado de “modernización”— esconde en sus cientos de artículos un ataque directo a los derechos de los trabajadores rurales. No es casual. La nueva derecha argentina aplica con disciplina el manual de ajuste promovido por el Fondo Monetario Internacional, no solo por afinidad ideológica, sino porque su modelo económico depende estructuralmente del endeudamiento externo permanente.
En ese esquema, el costo siempre lo pagan los mismos: las y los trabajadores.
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La iniciativa ya fue aprobada en el Senado y modificada en Diputados, por lo que volverá a la Cámara alta esta semana. Entre otros puntos, altera artículos centrales de la Ley 27.627, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que regula el trabajo agrario. Dicha Ley, recuperaba el espíritu del Estatuto del Peón rural sancionado por Perón en el año 44 y, luego, convertido en Ley en el año 46. Posteriormente, derogada por la dictadura militar. Todo tiene que ver con todo.
Las actuales modificaciones no son técnicas ni menores: son regresivas.
En primer lugar, se elimina el régimen de solidaridad entre empleadores cuando un trabajador presta tareas para más de uno en simultáneo. A partir de ahora, solo responderá el empleador directo. Y si sos arrendatario, como la gran mayoría de quienes hoy administran la tierra, te desligás de responsabilidades básicas. Vacaciones, aguinaldo, contrato: todo puede diluirse en la fragmentación del vínculo laboral. El riesgo recae exclusivamente sobre el eslabón más débil.
En segundo término, se extiende el período de prueba a ocho meses. En un sector donde la rotación es estructural y las tareas son cíclicas, esto habilita contratar durante toda una cosecha y despedir sin indemnización. Legaliza la precariedad bajo la retórica de la flexibilidad.
El tercer punto es aún más grave: el vaciamiento de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). Este organismo tenía la función de fijar salarios mínimos por actividad. El proyecto traslada esa responsabilidad a la “libre negociación” entre partes. Pero hablar de libertad contractual en un sector históricamente vulnerable es desconocer la asimetría real de poder. Es el corrimiento deliberado del Estado de un ámbito donde su presencia era garantía mínima de equilibrio.
También se modifican las disposiciones vinculadas al “trabajador permanente discontinuo”, figura creada para reconocer la especificidad del trabajo rural y garantizar que la reiteración de contrataciones cíclicas generara antigüedad y derechos. Con esta reforma, ese reconocimiento se diluye. Otra vez, retroceso.
Finalmente, el llamado Fondo de Asistencia Laboral (FAL) constituye un mecanismo que reemplaza la indemnización tradicional por un fondo financiado con aportes sobre los salarios. Antes, esos recursos ingresaban a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Ahora se redireccionan para abaratar despidos. Es, en los hechos, desfinanciar el sistema previsional para facilitar la desvinculación laboral. Y con un período de prueba de ocho meses, difícilmente la mayoría de los trabajadores rurales llegue a estar cubierto.
No hay aquí modernización alguna. Hay transferencia de riesgos hacia el trabajador y concentración de beneficios en los grandes propietarios.
Tampoco es cierto que esto fortalecerá la industria nacional. Mientras se impulsa esta contrarreforma, el país atraviesa un proceso de desindustrialización acelerado por la caída del consumo y la apertura indiscriminada de importaciones. La reciente aprobación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea profundiza esa asimetría, colocando a la producción local en condiciones de competencia desventajosas.
El resultado es coherente con el modelo: primarización de la economía, debilitamiento del mercado interno y disciplinamiento del trabajo.
Por último, y no menos importante, La Libertad Avanza logra avanzar con esta iniciativa a pedido del FMI por la clara complicidad del radicalismo, el PRO y de un puñado de peronistas traidores que llegaron al Congreso por el voto de su Pueblo pero que terminan siendo fundamentales para consolidar una transformación estructural que afecta a quienes viven de su trabajo.
El trabajo rural en la Argentina no fue reconocido por la benevolencia del mercado, sino por decisión política. Desde el histórico Estatuto del Peón impulsado por Juan Domingo Perón hasta las actualizaciones legislativas producidas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, cada derecho conquistado respondió a una premisa clara: donde hay desigualdad estructural, el Estado debe equilibrar.
Esta reforma invierte esa lógica. No es modernización. Es restauración. Y solo se puede hacer por dos situaciones irregulares: el voto de los traidores y la prisión injusta de Cristina, quien es la única dirigente capaz de generar las condiciones para que la balanza se incline en favor de los más humildes.
*Diputadada Nacional, Unión por la Patria, provincia de Buenos Aires.
