El expresidente no solo ordenó el ocultamiento del hallazgo del submarino durante casi un año, sino que también dispuso que fueran espiados los familiares de las 44 víctimas. De la brutalidad de Aguad a los 7 millones y medio de dólares que se pagaron por una búsqueda ficticia. Los procesamientos e indagatorias que se vienen.
Recién en las últimas semanas, y de manera algo azarosa, pudo salir a flote la verdadera trama de la tragedia del submarino ARA San Juan, desaparecido el 15 de noviembre de 2017 cerca del golfo San Jorge, mientras navegaba desde Ushuaia en hacía Mar del Plata. Lo cierto es que nadie supuso que esa tragedia daría pie a una historia oscilante entre el espionaje ilegal y el ocultamiento.
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En realidad los restos de la nave habían sido ubicados unos 20 días después de la catástrofe.
Pero por un lado, ya al filo de la primavera del año en curso, la revisión de un disco rígido de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) –pedida por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, para su pesquisa sobre el agente polimorfo Marcelo Sebastián D’Alessio– dejó a la intemperie algunos papers que acreditaban el fisgoneo sistemático del régimen macrista a familiares de los 44 tripulantes malogrados en aquella ocasión.
Aquel hallazgo estuvo atado a otro. Porque la declaración de un oficial procesado por el hundimiento, el ex director de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, contraalmirante Enrique López Mazzeo, ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, puso a su vez al descubierto que el Poder Ejecutivo de entonces mantuvo por casi un año la ficción de la búsqueda al ocultar a los familiares y a la opinión pública que en realidad los restos de la nave habían sido ubicados unos 20 días después de la catástrofe.
Ahora, el ex presidente Mauricio Macri y su ministro de Defensa, Oscar Aguad, están a centímetros de ser procesados por encubrimiento agravado.
He aquí la autopsia de una impostura.
Efecto retardado
Durante la noche del 4 de diciembre de 2017, el rostro adusto de Aguad abrió el programa Desde el llano, por TN. Entonces se refirió al tema del ARA San Juan con una honestidad brutal:
– Las condiciones del ambiente extremo donde se desarrolló este suceso y el tiempo transcurrido son incompatibles con la vida humana.
Luego de tragar saliva, el periodista Joaquín Morales Solá quiso saber:
– ¿Eso quiere decir que los tripulantes están muertos?
– Exactamente.
Macri, quien veía el programa desde la Quinta de Olivos, quedó de una sola pieza. No era la primera vez que el ministro metía la pata.
Macri y su ministro de Defensa, Oscar Aguad, están a centímetros de ser procesados por encubrimiento agravado.
Quizás en aquel instante haya evocado otra infidencia involuntaria de esta joya del radicalismo cordobés. Fue a mediados 2016, cuando, estando al frente de la cartera de Comunicaciones (con la misión cardinal de pulverizar la Ley de Servicios Audiovisuales), supo demostrarle su lealtad al rubricar la condonación del 98 por ciento de los 300 millones de dólares que el Grupo Macri adeudaba desde 2001 al Estado por el Correo Argentino. Pero su buena voluntad se hizo añicos al encabezar aquella resolución con la siguiente frase: “Siguiendo expresas instrucciones del señor Presidente de la Nación”. En fin, cosas que pasan en medio del vértigo administrativo.
Ahora, en el estudio de TN, Aguad insistía:
– Los 44 tripulantes están muertos.
Esas cinco palabras produjeron la ruptura definitiva entre los familiares y el gobierno. “Nos enteramos por TV, y eso da una inmensa bronca”, señaló la esposa del cabo Germán Suarez, uno de los tripulantes.
Para mitigar el impacto de los dichos del “Milico” –como sus allegados solían llamar al ministro– el vocero de la Armada, Enrique Balbi, se apuró a instalar en la mañana siguiente un dato esperanzador: “Se investiga un indicio detectado por dos buques a 950 metros de profundidad”. En cierto modo no faltaba a la verdad. Cabe destacar que una de las embarcaciones mencionadas por él era el buque oceanográfico Cabo de Hornos, de bandera chilena.
En su reciente testimonio, el contraalmirante López Mazzeo afirmó que aquel día el gobierno ya conocía la posición exacta de los restos del ARA San Juan. Y que dicho dato fue obtenido justamente por el buque Cabo de Hornos. “Por esa razón –dijo el oficial– habíamos ya coordinado con Gran Bretaña el pedido de un vehículo robot para así ingresar al cañadón del lecho marítimo”. Corría el 5 de diciembre de 2017.
“Seguiremos haciendo todos los esfuerzos por encontrarlo y traer a todos sus tripulantes de vuelta”, dijo Aguad a seis meses de la tragedia. En TN ya había asegurado que estaban todos muertos.
Desde entonces, el tiempo comenzó a transcurrir sin novedades fácticas a la vista.
Como si su visita al programa de Morales Solá nunca hubiera ocurrido, Aguad no dudó en conmemorar los seis meses de la catástrofe con un tweet por el cual sin duda será recordado por las futuras generaciones: “Seguiremos haciendo todos los esfuerzos por encontrarlo y traer a todos sus tripulantes de vuelta”. Un genio.
Al submarino recién se lo dio por encontrado el 16 de noviembre de 2018. Macri entonces grabó un mensaje televisivo de cinco minutos desde la Quinta de Olivos para darse dique con el falso descubrimiento, al que calificó como “una noticia que nos produce un enorme dolor”, además de decirles a los familiares que podían contar con él “como el primer día”. Aunque también dijo que los tripulantes “eligieron una profesión de riesgo”. Otro genio.
Las reuniones de los familiares fueron debidamente infiltradas, además de que sus teléfonos –como ellos ya sospechaban– se encontraban pinchados.
No está de más recordar que dicho “hallazgo” fue atribuido a la empresa norteamericana Ocean Infinity, que habría cobrado siete millones y medio de dólares por su participación en la puesta en escena. Negocios son los negocios.
Los familiares –patrocinados por los abogados Valeria Carreras, Lorena Arias y Fernando Burlando– acaban de denunciar a Macri y Aguad por haber escamoteado información clave sobre el hundimiento del submarino. Aquella presentación fue efectuada en el Juzgado Federal 12 que actualmente subroga –en reemplazo de Sergio Torres– el juez Sebastián Casanello.
Pero esta historia también posee otro mar de fondo.
La gran oreja de Mauricio
En medio de la comedia que tuvo por eje esa búsqueda ficticia, el presidente recibió en la Casa Rosada a los familiares de los submarinistas, llegados desde Mar del Plata. La prensa anticipaba el clima tenso del encuentro debido a los cuestionamientos que los visitantes le harían al gobierno en aquella ocasión. Era la mañana del 6 de febrero de 2018. Y Macri, a pesar de la hostilidad que irradiaban los visitantes, exhibía un aplomo inaudito.
Claro que su excelente ánimo estaba apuntalado por una razón de peso: tres días antes, la delegación marplatense de la AFI le había enviado un minucioso informe para especificar cuáles serían los reclamos y quienes los verbalizarían. Tamaño truco le permitió atajar los penales con solvencia, como sabiendo de antemano a qué ángulo iría la pelota.
No está de más analizar su letra y su estilo burocrático, empezando por el título: “Pedidos y reclamos al señor Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri por familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan”. Y por caso, le informa que “la señora XXX, esposa del tripulante XXX expresará que siga la búsqueda y que se contrate lo que haya que contratar”. También consigna que “entre todos los familiares intentarán ‘reprochar’ un desamparo por parte del Sr. Presidente ante los reclamos de que se presente personalmente en la base con más continuidad para la contención de los mismos”. Aquellas son solo dos de sus variadas consideraciones.
El “hallazgo” fue atribuido a la empresa norteamericana Ocean Infinity, que habría cobrado siete millones y medio de dólares por su participación en la puesta en escena.
En manos de Macri estaban todos los reclamos y quién haría cada uno. Tamaño nivel de minuciosidad da a entender que, por un lado, las reuniones de los familiares fueron debidamente infiltradas, además de que sus teléfonos –como ellos ya sospechaban– se encontraban pinchados.
El 15 de febrero, el gobierno en pleno, con Macri a la cabeza, se recluyó en la residencia presidencial de Chapadmalal para encarar un típico “retiro espiritual” del PRO con el propósito de establecer sus metas políticas para los próximos meses. La comitiva disfrutaba de las charlas motivacionales a cargo del jefe de Gabinete, Marcos Peña. Un clima de camaradería flotaba entre los presentes. Tal escapada se prolongó por cuatro días sin ningún incordio.
Claro que aquella armonía también estuvo apuntalada por esa ya clásica razón de peso: Macri y los suyos pudieron eludir el posible acoso de los familiares del personal fallecido del ARA San Juan gracias a los informes elaborados por los muchachos de la AFI en la Ciudad Feliz.
Se baraja la hipótesis de que el monitoreo delictivo sobre familiares de los submarinistas haya perdurado hasta después del 16 de noviembre de 2018, cuando se produjo la impostura del hallazgo de la nave.
Idéntico soporte de inteligencia lo preservó de ser perturbado durante la Semana Santa de aquel año, cuando volvió a la residencia de Chapadmalal, en esta oportunidad junto a su esposa, Juliana Awada y la pequeña Antonia, sin otra preocupación que entregarse al deporte de los hoyos en el exclusivo Mar del Plata Golf Club. Los muchachos de la AFI eran sus ángeles guardianes, porque el 2 de abril, cuando tenía previsto encabezar un homenaje a los caídos en la guerra de Malvinas –la única actividad oficial de su estadía– los fisgones volvieron a enviarle un paper sobre las demandas expresadas por familiares de los fallecidos en el ARA San Juan, quienes aguardaban su llegada. Al final el asunto no pasó a mayores.
De los papers que había al respecto en los discos rígidos revisados por las actuales autoridades de la AFI, se desprende que aquellas operaciones de inteligencia habían sido ordenadas personalmente por el mismísimo director del organismo, Gustavo Arribas. Y que sus hacedores eran agentes que el abogado Pablo Pinamonti –quien en 2017 condujo el denominado “Proyecto AMBA”– dejó en Mar del Plata. En este caso no hay ninguna duda de que la terminal del fisgoneo era, sin escalas ni intermediarios, el propio Mauricio. Y se baraja la hipótesis de que el monitoreo delictivo sobre familiares de los submarinistas haya perdurado hasta después del 16 de noviembre de 2018, cuando se produjo la impostura del hallazgo de la nave.
Tras el descubrimiento de la documentación respectiva, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño hizo una denuncia, la cual quedó en manos del fiscal de Mar del Plata, Daniel Adler y del juez federal Santiago Inchausti. La presentación incluye el pedido de indagatoria a Macri, a su amigo Arribas, a la ex vicedirectora de la AFI, Silvia Majdalani, al doctor Pinamonti y al jefe de la delegación del organismo en esa ciudad. No obstante, tal vez el expediente gire hacia Dolores por pedido ic Inchausti, ya que allí el juez Ramos Padilla instruya una causa conexa.
Más allá de su destino procesal, esta historia dibuja una metáfora sobre la crueldad de un régimen incompetente, idiota y brutal.
