Una vez más, representantes del macrismo dieron muestras de su desacuerdo con la política de Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina. Ocurrió en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, que por amplia mayoría le dio media sanción a un proyecto de ley que establece la reparación de los legajos laborales de aquellos trabajadores y trabajadoras del sector privado desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. La propuesta tuvo 207 votos a favor, 7 abstenciones y hubo 15 legisladores que rechazaron esta herramienta para honrar la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado. Todos los votos en contra fueron del PRO, que también aportó cinco de las siete abstenciones.
El proyecto al que se opuso una parte de la bancada macrista impulsa que para aquellas víctimas de la dictadura que fueron empleados y empleadas de empresas, en sus legajos figure la condición de detenido-desaparecido. La iniciativa, presentada en 2019 por la exdiputada peronista Carla Pitiot, viene a completar al decreto 1199/12, que dispuso la inscripción de la condición de detenido-desaparecido en los legajos de quienes trabajaban en la Administración Pública Nacional y cayeron en las garras del terrorismo de Estado.
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Los diputados y las diputadas del PRO que votaron en contra fueron los bonaerenses Juan Aicega, Hernán Berisso, Martín Nicolás Medina y María Carla Piccolomini, los porteños José Luis Patiño y Victoria Morales Gorleri, los santafesinos Federico Angelini y Gisela Scaglia, los neuquinos Francisco Sánchez y Pablo David Schlereth, Eduardo Augusto Cáceres (San Juan), Martín Grande (Salta), Gustavo René Hein (Entre Río), Julio Enrique Sahad (La Rioja) y Alfredo Oscar Schiavoni (Misiones).
En cuanto a las abstenciones, como se dijo, cinco fueron del PRO: Alberto Asseff, Federico Frigerio, Sebastián García De Luca, Osmar Monaldi, Adriana Noemí Ruarte. En igual sentido votaron Huberto Orrego (Producción y Trabajo) y Jorge Alberto Vara (UCR).
El proyecto, que ahora deberá ser tratado por el Senado, había conseguido un dictamen unánime de las comisiones de Derechos Humanos y de Legislación del Trabajo, luego de una tarea de dos meses, con varios expositores incluidos. En concreto, establece que los empleadores deben inscribir la condición “detenido-desaparecido” en los legajos, aun cuando los trabajadores en cuestión figurasen como desvinculados por otras causas. En la tarea de identificación, pueden colaborar los sindicatos y los organismos de Derechos Humanos.
