¿Acaso –como decía Marx– las tragedias de la historia se repiten en forma de farsa? Pues bien, esta vez parece ser así.
El 1º de mayo de 1976 clareó cinco semanas y media después del golpe de Estado. La Junta Militar no era muy proclive a la celebración del Día de los Trabajadores, y hasta contempló la opción de abolir aquel feriado. El general Jorge Rafael Videla supo inclinarse por dicha opción; en cambio, el almirante Emilio Massera discrepó, y el brigadier Orlando Agosti se mostró neutral.
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Para destrabar el empate fue convocado el ministro de Trabajo, general Horacio Liendo, quien propuso una solución salomónica: mantener en pie el cese de actividades, pero vaciándolo de contenido. “Como si fuera –según sus palabras– el Día del Arquero”.
Aún así aprovechó la efeméride para poner en funciones al interventor castrense de la CGT, coronel Carlos Alberto Pita.
En la ocasión, fiel a su objetivo de someter a la clase obrera y perseguir al sindicalismo, Liendo habló para la posteridad:
–Hemos venido, señores, a restaurar la libertad y la seguridad familiar e individual de empresarios y trabajadores.
Ya se sabe que tal anhelo se tradujo en un río de sangre.
A 41 años de ello, exactamente el 12 de junio de 2017, nuestro Himmler de entrecasa, el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, expresó su deseo de “tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios”. Lo dijo ante reputados funcionarios provinciales, desarrolladores inmobiliarios y empresarios de la construcción. También había tres cabecillas de la AFI: su jefe de Asuntos Jurídicos. Sebastián De Stéfano (a) “El Enano”, su jefe de Gabinete, Darío Biorsi (no es un nombre de cobertura) y su jefe de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra. Allí –una sala de la filial porteña del Banco Provincia–, seguidamente se estableció el criterio para “empapelar” a líderes sindicales de variado pelaje.
Ya se sabe que tal anhelo se tradujo en una cacería de brujas.
El asunto saltó a la luz durante la última semana de 2021, al difundirse un video de aquel cónclave, grabado por la propia AFI macrista.
De modo que se lo oye a Villegas con nitidez al explicar la metodología para satisfacer tal meta: “Con las presentaciones que ustedes (los empresarios) nos hagan, se le da volumen a una instancia judicial; a partir de ella, un fiscal, con todo el soporte de la Procuración General, deberá instar medidas para así generar más volumen y un juez aprobará esas medidas”.
El tipo insistió varias veces con el apoyo de la Procuración General de la provincia. Su titular era (y aún lo es) el doctor Julio Conte Grand.
Es hora de reparar en semejante personaje.
El poder y la gloria
Cabe destacar que los días finales de 2021 fueron para este sujeto una fuente inagotable de situaciones embarazosas.
Tanto es así que, el 9 de diciembre, fue fotografiado por el periodista
Pablo Duggan al compartir un almuerzo en el restaurante Kansas, de Vicente López, con Mauricio Macri. Una mancha venenosa para ambos.
Su siguiente sobresalto –el hallazgo en la AFI del video que registra el sincericidio de Villegas– ya está en boca de todos.
Ahora tiene otro motivo de zozobra: la aparición de dos audios que lo colocan –junto a María Eugenia Vidal, al ex ministro Cristián Ritondo y al ex jefe de Gabinete, Federico Salvai– en la cúspide de la ya denominada Gestapo provincial. Esos registros fueron grabados, con tono de arrepentimiento, por el subcomisario de La Bonaerense, Hernán Casassa, quien fuera el brazo policial de aquella gavilla persecutoria. Tales audios acaban de ser aportados por una de sus víctimas, el ex jefe de Gabinete sciolista, Alberto Pérez, a la causa que al respecto ya tramita en La Plata el juez federal Ernesto Kreplak.
¡Pobre Conte Grand! Si le obsequiaran un pato, se ahogaría. Claro que hubo un tiempo en el cual el destino le era venturoso.
Su gran salto a la luz pública data del otoño de 2012, cuando Macri –por entonces al frente del gobierno porteño– le tomó juramento como Procurador de la Ciudad por pedido del aliado peronista Emilio Monzó. Previamente, este abogado “católico y desarrollista” –así como le agrada resumir su visión del mundo– fue asesor del intendente Carlos Grosso y, después, pasó con idéntico cargo al Ministerio de Educación del menemismo. En la profesión, compartió un estudio con su tío, el ya olvidado ex dirigente de la Coalición Cívica (CC), Gerardo Conte Grand. Y también es autor de textos jurídicos contrarios a la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario. Al patrón del PRO le gustaba –según dijo– su “perfil técnico”. Esa virtud también atrajo a Vidal.
De manera que, en diciembre de 2015, se lo llevó a La Plata en carácter de secretario Legal y Técnico de la Gobernación. Desde su despacho, el doctor aguardó con indisimulada ansiedad que ella se deshiciera de la procuradora María del Carmen Falbo –un propósito favorecido por el inicio de su trámite jubilatorio– para así ocupar el sillón vacante. Finalmente, aquello se cristalizó en diciembre del año siguiente. La gloria estaba ya al alcance de sus manos.
Abuelito dime tú
No es una exageración decir que el vínculo del Procurador con la señora Vidal tuvo ribetes conmovedores. Evidencia de ello es que –tal como lo consigna el semanario Noticias en un simpático artículo publicado el 6 de noviembre de 2018– él le obsequió para su cumpleaños dos pequeños muñecos de Heidi y su Abuelito, adquiridos en China por Internet. Vale transcribir un breve diálogo al respecto entre la cronista y Conte Grand.
“– ¿Se considera su Abuelito?
–Me encantaría. Pero la figura de Abuelito no la defino yo, la tiene que definir ella.
– ¿Vidal sigue siendo Heidi?
– Hay que ver bien la serie, con visión adulta. Porque Heidi tenía mucho carácter. Yo creo que le cuadra muy bien. Por eso quiero ser su Abuelito.”
Más allá de aquella delicia, Conte Grand le aportó al Poder Ejecutivo un sistema de trabajo que a los fiscales les exigía mano dura, acusar por las dudas y condenas sin pruebas. De esa manera se convirtió en el cateto menos visible de un triángulo completado por otros dos inquisidores de fuste: Ritondo y el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari. El desplome del Estado de derecho y el autogobierno policial fueron sus logros más notorios.
Su cosecha: 13 mil presos, casi todos por narcomenudeo y otros delitos menores, aumentando así la población penal de 37 mil a 50 mil internos, sin que se edificara infraestructura alguna para absorber tamaño aluvión.
Obvio que esa campaña punitiva lo calificó como cruzado del lawfare.
En la asociación ilícita que encabezaba junto a Vidal, Ritondo y Salvai, su rol –tal como lo explicara el Reichsführer Villegas durante aquel cónclave en el Banco Provincia– consistía en articular la ingeniería legal del armado de causas contra los enemigos del régimen. Para dicha finalidad disponía de tres obedientes esbirros: los fiscales Sebastián Scalera, Álvaro Garganta y María Cecilia Corfield, junto con otros que acataban sus designios bajo presión.
Fue una novela en sí misma el intento de “empapelar” a los camioneros Hugo y Pablo Moyano. Para este último hasta tenían una celda –ya “cableada” con cámaras y micrófonos– en el penal de Melchor Romero. Sin embargo, el asunto se frustró por la negativa del juez Luis Carzoglio de firmar las órdenes de arresto para ellos, tras ser apretado por el De Stefano y el jefe de Finanzas de la AFI, Fernando Di Pasquale. Desde luego que pagó cara su osadía, puesto que Conte Grand le fabricó un jury. Y todavía sigue suspendido.
Al Procurador tampoco le resultó satisfactorio el cerco tendido en torno al dirigente de los docentes, Roberto Baradel. Y a pesar de que tal dispositivo incluía desde el espionaje económico (con informes de los Nosis, de la AFIP y de la UIF), hasta pinchaduras telefónicas, pasando por “capachas” (así como se le dice al fisgoneo de un domicilio por agentes encubiertos) y seguimientos que se extendían a sus hijos y nietos. Todo sin orden judicial.
En cambio, pudo llevar a la cárcel por delitos imaginarios a Juan “Pata” Medina (UOCRA), a Marcelo Balcedo (SOEME); a Omar “Caballo” Suárez y Herme Juárez (ambos del SUPE), entre otros.
Los cuatro, tras años de encierro, recuperaron la libertad.
Otra mácula en el historial de Conte Grand es la protección que brindó al (aún) fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, un antiguo agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba), el brazo político de esa fuerza durante la última dictadura. Ya procesado por delitos de lesa humanidad, el Procurador ordenó a fines de 2018 suspender y archivar el trámite disciplinario en su contra. Ambos acostumbran a mantener encuentros amigables cuando Conte Grand visita la Ciudad Feliz o durante las breves estadías del represor en la capital provincial.
El tiempista
Fue notable ver a Conte Grand el 12 de diciembre de 1019 al aplaudir a rabiar el vibrante discurso de Axel Kicillof, ya con los atributos de gobernador. Y a continuación, sin un ápice de rubor, hizo una breve declaración por TV:
– Comparto la opinión de las nuevas autoridades sobre la Justicia.
Y tras un carraspeo, agregó:
– Yo también soy muy crítico.
La flamante ex gobernadora lo miraba entonces con las cejas enarcadas, aun a sabiendas del deseo de “Abuelito” por conservar el cargo a toda costa.
Hay una frase del ilustre Groucho Marx que podría ser apropiada para él: “Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros”.
De hecho, no tardó en exhibir otra vez esa línea bifronte de conducta.
Porque el 16 de marzo de 2020, en un súbito arranque garantista ya con la pandemia en plena expansión, firmó la resolución 158/20 que instruía a los fiscales y defensores la puesta en marcha de medidas alternativas al encierro carcelario con miras a descomprimir la sobrepoblación en los penales, la cual incrementaba el riesgo de contagio masivo entre presos y guardias.
Pero exactamente a la semana rubricó con la misma lapicera un pedido urgente a la Suprema Corte provincial para echar por tierra el hábeas corpus colectivo con el que la Cámara de Casación había habilitado alrededor de 400 prisiones domiciliarias y otras morigeraciones, en el marco de la cuarentena, dado que los penales eran un foco explosivo de circulación del Covid.
No hay dudas de que en aquel giro haya incidido, entre otros factores, la campaña basada en noticias falsas que supo instalar la versión de una suelta masiva de violadores y asesinos. Una maniobra impulsada por el PRO, el club de sus amores. Desde entonces, obviamente, continuó siendo una piedra en el zapato de la democracia.
Ni al viejo Dashiell Hammett se le hubiera ocurrido concebir un villano de semejante calaña.
Pero ahora quedó a la intemperie. Que su querido Dios se apiade de él.
