En un contexto de ajuste feroz, Dana Borzese, directora ejecutiva de Doncel, explica por qué es urgente transformar el sistema de cuidados alternativos en Argentina y plantea qué cambios son necesarios para garantizar que niñas, niños y adolescentes crezcan en entornos familiares y comunitarios.
“En un hogar nadie te pregunta cómo te sentís antes de dormir”, cuentan muchos chicos que crecen institucionalizados. Ese vacío afectivo resume el impacto de vivir sin una familia que acompañe la infancia.
En Argentina hay más de 10.000 chicas y chicos sin cuidados parentales que forman parte del sistema de cuidados alternativos del Estado, separados de su familia de origen tras haber sufrido malos tratos. La mayoría crece en dispositivos residenciales —lo que comúnmente se conoce como “hogares”—, aunque la propia normativa y las recomendaciones internacionales priorizan el derecho a crecer en familia y comunidad. Del total de casos, 2.200 tienen la adoptabilidad declarada; los otros esperan una resolución judicial.
Desde hace casi veinte años, la asociación civil Doncel trabaja para transformar este sistema de cuidados alternativos y visibilizar que hay otro modo de cuidar. Su objetivo es que el Estado apoye y fortalezca a las familias ampliadas y comunitarias, que implemente estándares de calidad en todos los dispositivos y que impulse un plan integral de desinstitucionalización. “Si generamos apoyos podemos garantizar trayectorias más cuidadas y afectuosas, y que los chicos crezcan en entornos familiares y no ingresen innecesariamente en instituciones”, afirma su directora ejecutiva, Dana Borzese, quien plantea que hay que dar esta discusión a pesar de que sea “un momento crítico en todo sentido para las infancias, porque prácticamente todas las políticas nacionales están siendo desmanteladas”.
La campaña #OtroModoDeCuidar busca instalar esta discusión en la agenda pública y en la sociedad en su conjunto. El reciente pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos —que reconoció al cuidado como un derecho humano autónomo— refuerza esta urgencia y obliga a los Estados a asumir su responsabilidad indelegable. En esta entrevista, Borzese explica por qué es necesario cambiar el sistema y cómo hacerlo posible.
-¿Cuántos chicos y chicas viven hoy en la Argentina sin cuidados parentales y separados de su familia de origen en dispositivos de cuidados alternativos?
-La información disponible es de hace más de cuatro años. El último relevamiento se hizo en 2022, como una iniciativa conjunta entre UNICEF y la entonces autoridad nacional de niñez. Es una desactualización grave y además una pérdida, porque antes existía un informe con cierta periodicidad. Allí se registraban 16.400 niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales, separados de su familia de origen. De ellos, alrededor de 10.000 estaban en dispositivos de cuidado formal alternativo —instituciones o programas de acogimiento— y 6.400 con su familia extensa, al cuidado de abuelos, tíos u otros referentes. Esas cifras se mantienen similares, pero hoy tenemos una ausencia total de información, porque el organismo nacional se corrió de esa responsabilidad. Y es muy preocupante: son datos fundamentales para saber cuántas medidas de protección excepcional toman las provincias y cómo se está cuidando a las infancias que fueron víctimas de violencia, abuso o negligencia.
-¿Qué significa para un chico vivir institucionalizado?, ¿qué implica en su vida cotidiana y en su desarrollo?
-Vivir institucionalizado tiene muchos efectos nocivos en el desarrollo de la subjetividad, de la identidad y de la autonomía progresiva de los chicos y las chicas. Cuando creamos Doncel, lo hicimos pensando en las enormes dificultades que atravesaban al egresar: no estaban preparados para una vida independiente porque habían crecido en dispositivos donde, por ejemplo, no podían salir solos, tomar un colectivo, usar una cocina o tener un espacio de intimidad. Muchos no tenían sus propias pertenencias. Y, sobre todo, no tenían un trato afectivo sostenido. En los hogares suele haber rotación de operadores que cumplen su trabajo, pero no reemplazan a un vínculo afectivo estable. Lo dicen los mismos chicos: pueden tener techo, comida, escuela, pero nadie les pregunta cómo se sienten antes de dormir. Si tenés una pesadilla, se la contás a la almohada. Además, los jueces o los servicios administrativos muchas veces no encuentran vacantes ni hogares en los territorios, entonces derivan a chicos muy lejos de su centro de vida. Cambian de escuela, de amigos, se alejan de todos sus referentes.
“Vivir institucionalizado tiene muchos efectos nocivos en el desarrollo de la subjetividad, de la identidad y de la autonomía progresiva de los chicos y las chicas”.
-La ley establece un plazo de 180 días para estas medidas de cuidado, pero en la práctica no se respetan los tiempos legales y muchos chicos permanecen años institucionalizados. ¿Por qué se producen estas demoras estructurales?
– Ese es uno de los problemas más graves. Una vez que los chicos ingresan al sistema, es muy difícil que egresen en los plazos establecidos. Terminan quedando cinco o seis años, a veces más. Se genera una inercia institucional: las instituciones se convierten en una palabra que no me gusta, pero en una especie de depósito. No por maldad, sino porque los equipos están colapsados, surgen nuevos casos y se pierde de vista la causa por la que el niño ingresó. Entonces, se deja de trabajar en la revinculación y la estadía se prolonga. Por eso insistimos en que hay que reforzar la “puerta de entrada”: que ingresen menos chicos al sistema y se generen los apoyos necesarios para que sea la familia extensa o la comunidad quienes puedan cuidar, evitando así la separación de su entorno familiar. La pobreza no debiera ser una causa de separación, el Estado tiene que apoyar a quienes viven situaciones de vulnerabilidad y desigualdad. En este momento muchas familias están atravesando contextos de crisis. Los servicios locales de protección están en un momento muy crítico, llevando adelante una tarea titánica y sin recursos.
-Hoy apenas el 12% accede a una familia de acogida. ¿Qué barreras impiden que esta modalidad crezca y se convierta en una verdadera opción en Argentina?
– Los programas de acogimiento dependen de cada jurisdicción. En algunas provincias hay algún tipo de asignación, en otras, como se conciben como “solidarias”, no hay apoyo económico. Eso hace que la modalidad no crezca. También pesa cierta desconfianza cultural por experiencias fallidas en el pasado. El resultado es que, de los 10.000 chicos en cuidados formales, el 90% sigue en instituciones y muy pocos en familias de acogida. Si existiera un verdadero apoyo, muchas más familias podrían cuidar transitoriamente hasta que los chicos regresen con su familia de origen o se defina su situación (N. del R.: es decir, podría salir en adopción).
– ¿Qué lugar ocupa la familia extensa en este esquema?
-Según esas últimas cifras, unos 6.400 chicos están al cuidado de abuelos, tíos o referentes comunitarios. El número podría ser mucho mayor si existiera una política pública que reconozca y apoye a esas familias. Hoy no reciben acompañamiento ni recursos, y muchas veces no pueden sostener la tarea. Sin apoyos, los chicos terminan ingresando en instituciones. Creemos que si el Estado jerarquizara los cuidados familiares y comunitarios a la par de los residenciales, con recursos concretos, crecería el porcentaje de niños cuidados en su entorno y disminuiría la institucionalización.
“La pobreza no debiera ser una causa de separación, el Estado tiene que apoyar a quienes viven situaciones de vulnerabilidad y desigualdad”.
-Hace unos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el cuidado es un derecho humano autónomo. ¿Qué cambia con este fallo y qué compromisos debería asumir el Estado argentino?
-Es un fallo histórico. Obliga a los Estados a reconocer el cuidado como un derecho, no como un favor ni como una responsabilidad exclusiva de las familias. Implica que el Estado debe apoyar a las familias para que puedan cuidar, y también revisar las modalidades que no cumplen con estándares de calidad suficientes. La Corte dijo claramente: el derecho al cuidado incluye ser cuidado, cuidar y autocuidarse. Y el cuidado institucional tiene muchas incompatibilidades con ese derecho. Esto abre la puerta a reclamar transformaciones profundas: generar cuidados de base familiar y comunitaria con apoyo estatal.
-En ese contexto, la diputada nacional Mónica Macha presentó un proyecto de ley para crear la figura del cuidado familiar permanente, para favorecer la vida familiar de chicas y chicos que, por diferentes razones, no pueden ser adoptados pero tampoco volver con su familia.
-Siempre celebramos iniciativas parlamentarias que busquen dar respuesta a la situación de chicos y chicas que están en sistema de protección especial, porque abren la posibilidad de visibilizar y debatir propuestas sobre las transformaciones que debemos impulsar. En particular, respecto del reciente proyecto presentado sobre cuidados permanentes para chicos y chicas sin cuidados parentales, nos parece acertado porque busca brindar respuestas y soluciones a la situación de aquellos chicos que no “encajan” con los caminos disponibles que se ofrecen: ser adoptado o seguir viviendo en instituciones hasta los 18 años. La figura ofrece la posibilidad de contar con redes y apoyos afectivos para preadolescentes o adolescentes que no desean ser adoptados o están en una franja de edad con muy pocas posibilidades de serlo. Necesitamos seguir reuniendo voluntades para transformar el sistema de cuidados.
“El reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es histórico. Obliga a los Estados a reconocer el cuidado como un derecho, no como un favor ni como una responsabilidad exclusiva de las familias”.
– Ustedes plantean la necesidad de estándares de calidad en el cuidado. ¿Cuáles serían esos mínimos que deberían garantizarse?
-Junto con UNICEF trabajamos en una guía que enumera derechos básicos del cuidado: el derecho al buen trato, a un vínculo afectuoso, a la autonomía progresiva, a la intimidad, a la privacidad, a tomar decisiones sobre la propia vida, aunque sean mínimas. Muchos chicos en instituciones no deciden ni qué comer, qué ponerse, qué hacer un fin de semana. No todos los dispositivos cuentan con equipos capacitados en perspectiva de derechos ni con recursos suficientes. El cuidado digno implica garantizar esas cosas básicas y también la posibilidad de relacionarse con referentes estables.
-En la campaña mencionan a España y otros países que lograron transformaciones en el sistema de cuidados. ¿Qué experiencias internacionales pueden servir de inspiración para Argentina?
-España es un buen ejemplo. Allí, la mayoría de los niños en cuidados alternativos está con su familia extensa, que recibe apoyos económicos, emocionales y de acompañamiento. No se las deja solas con la responsabilidad. También existen espacios de intercambio entre familias que cuidan, lo que ayuda mucho. Porque muchas veces quien cuida es una abuela con otras responsabilidades y necesita apoyo. Esas experiencias muestran que se puede priorizar lo familiar y lo comunitario.
“No todos los dispositivos cuentan con equipos capacitados en perspectiva de derechos ni con recursos suficiente”.
-Doncel fue clave en la creación del Programa de Acompañamiento para el Egreso (PAE). ¿Cómo está funcionando hoy y qué balance hacen?
– Es un momento crítico en todo sentido para las infancias porque prácticamente todas las políticas nacionales están siendo desmanteladas. El PAE es un derecho conquistado por ley y sigue vigente, pero está endeble. Los chicos siguen recibiendo la asignación económica, pero el componente más importante, el referente afectivo, está tambaleando. Las provincias no pueden sumar nuevos referentes porque Nación dejó de hacer las capacitaciones que se requieren para ser parte de la nómina. Entonces, muchos jóvenes entran al programa sin ese acompañamiento, lo que rompe con su esencia, y lo pone en peligro porque sin referente no pueden darse las altas. A los 18 años los chicos necesitan un sostén, un lugar donde vivir, alguien que los oriente en decisiones sobre estudio, trabajo, proyectos de vida. Eso hoy está funcionando. Hay unos 3.000 jóvenes en el programa, pero con fallas graves que atentan contra la igualdad de derechos.
-¿Qué rol puede jugar el acompañamiento de la sociedad en este cambio de paradigma?
– Muchísimo. Como sociedad tenemos que movilizarnos y visibilizar estas situaciones. No podemos esperar que la transformación ocurra sola. Es necesario exigir colectivamente que se apoye a las familias, que se fortalezcan las redes comunitarias y que se reduzca la institucionalización. Se trata de garantizar que los chicos crezcan en familia y comunidad, como dicen nuestras propias leyes.
