En menos de 72 horas y mientras la pandemia recrudece, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta presentó una batería de escritos para obstaculizar fallos judiciales que le ordenan garantizar derechos a los sectores más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires, ahí donde el coronavirus pega más duro.
El 9 de junio, el gobierno porteño pidió apartar al juez Darío Reynoso, quien había dispuesto asegurar el suministro de agua potable en las villas, asentamientos y barrios populares, junto a otras medidas para prevenir y contener el avance del Covid-19 entre los vecinos de estas zonas, que muchas veces ni siquiera tienen cómo lavarse las manos.
Dos días más tarde, el PRO apeló una resolución del juez Guillermo Scheibler que lo obligó a informar sobre protocolos y testeos para las personas en sus paradores nocturnos y hogares. El objetivo de Scheibler fue dar protección a quienes estuvieran en situación de calle y en riesgo de estarlo, es decir, sin un techo bajo el cual transitar el confinamiento obligatorio.
Ese mismo 11 de junio, pero por la tarde, el larretismo también apeló una medida cautelar del juez Roberto Andrés Gallardo, que le exigió a la Ciudad entregar computadoras y acceso a Internet a las alumnas y los alumnos de escuelas públicas de los barrios más postergados, para permitir una continuidad educativa que se había visto truncada con el aislamiento.
En los tres casos, las maniobras del Ejecutivo porteño no apuntaron a resolver el problema de fondo, sino a entorpecer el trámite judicial. Se trata de la continuidad en plena pandemia de una práctica sistemática por parte del PRO, nacida en tiempos de Mauricio Macri y sostenida por Rodríguez Larreta, al margen del discurso público que mantiene el alcalde, quien por estos días parece enfocado en organizar el esparcimiento de los runners en los bosques de Palermo.
Desde que arrancó la pandemia, llega a casi una decena la lista de bloqueos de este tipo a fallos de la justicia.
En el régimen procesal de la Ciudad, las apelaciones no tienen carácter suspensivo sobre la medida adoptada, pero el mensaje es claro y suele encontrar su eco en la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, donde se tramitan las causas contra el Estado porteño.
Los fallos resistidos por el Ejecutivo local, así como los magistrados a los que recusó, conforman una larga lista desde que arrancó la pandemia. En cuanto al agua en las villas, ya se había opuesto a una resolución que le exigía garantizar el suministro, dictada a principios de mayo por Osvaldo Otheguy, titular del Juzgado N°8. La apelación gubernamental se mantuvo firme, sin importar que en el medio muriera por Covid-19 Ramona Medina, referente de la villa 31, que venía denunciando esta situación de abandono. Ayer, la Cámara de Apelaciones aportó su grano de arena a la causa del oficialismo: la Sala II dijo que la discusión debe migrar a la justicia federal.
Una secuencia similar se dio con un fallo de la jueza Romina Tesone, que el 13 de abril había ampliado una cautelar para exigirle al Ministerio de Educación porteño que también le brinde asistencia alimentaria a las chicas y chicos que no hayan conseguido vacante en colegios públicos para el ciclo 2020, en vistas del impacto que tiene la pandemia en la mesa familiar. Pero el PRO apeló y la Sala II le dio la razón, revocando la ampliación de la cautelar.
La Ciudad también se opuso a lo resuelto por la jueza Alejandra Petrella para proteger a los pacientes de sus cuatro hospitales psiquiátricos monovalentes: Borda, Moyano, Alvear y Tobar García. Entre otras acciones y a pedido del Cels, Petrella había dispuesto “realizar testeos masivos” a internos y profesionales, a los fines de prevenir o mitigar la transmisión.
En el caso de Gallardo, el magistrado ya suma dos apelaciones: la mencionada de la conectividad en las villas y una previa en un expediente donde acompañó el reclamo de tres personas trans en situación de calle que pedían un subsidio habitacional.
En un distrito que gobierna hace 13 años, el macrismo nunca toleró que la justicia condicionara el trato que le dispensa a los sectores vulnerables y postergados, y no parece dispuesto a que eso cambie, ni siquiera con una pandemia que se expande geométricamente, sumando contagios y muertes.
