A pesar del castigo de la pandemia sobre los sectores vulnerables de la ciudad de Buenos Aires y del discurso que Horacio Rodríguez Larreta tiene en público, su gobierno sigue bloqueando de forma sistemática los fallos judiciales que buscan atender el reclamo de las personas, instituciones y barrios más afectados por el Covid-19. Desde que comenzó la cuarentena, cada vez que un tribunal le ordenó a la Ciudad garantizar derechos esenciales y urgentes, la respuesta del macrismo fue casi siempre la misma: apelar y hasta recusar al juez actuante, sin argumentos de fondo y valiéndose de tecnicismo.
La lista de los fallos rechazados por el PRO es extensa y cruda: pedidos de insumos médicos y de higiene, agua potable para las villas, viandas para niñas y niños o un techo para personas que están en la calle. En medio de una emergencia sanitaria sin precedentes, la gestión de Rodríguez Larreta mantiene una tradición que se remonta a los tiempos de Mauricio Macri: oponerse a las medidas cautelares del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, donde se tramitan las causas contra el Estado porteño.
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El larretismo apeló la resolución de la justicia de incrementar la entrega de agua en villas y asentamientos. La muerte de Ramona Medina pareció no importar.
El 5 de mayo pasado, el Juzgado N°8 hizo lugar a un amparo colectivo y le ordenó a la Ciudad garantizar el acceso al servicio de agua potable y de saneamiento cloacal para las familias de las villas y asentamientos. La pandemia había vuelto aún más peligrosa la histórica falta de suministro en estos barrios, donde los vecinos ni siquiera tienen cómo lavarse las manos y se ven forzados a acumular agua en recipientes, favoreciendo la proliferación de larvas de mosquitos en lugares donde el dengue ya es una epidemia superior a la de 2016 en casos autóctonos.
Entre otras medidas y con un plazo de cinco días, el juez Osvaldo Otheguy dispuso que el gobierno “incremente la entrega de agua a granel para todos los usos”, con un criterio de entre 150 y 250 litros al día por habitante. Pero el larretismo apeló esa resolución y se mantuvo firme, sin importar que en el medio muriera por coronavirus Ramona Medina, referente de la villa 31, quien venía denunciando esta situación de abandono. Desde entonces, el virus se instaló y expandió entre los vecinos de las villas.
El 14 de mayo, por impulso del CELS, la jueza Alejandra Beatriz Petrella le exigió a la Ciudad tomar acciones para proteger los derechos de los pacientes de sus cuatro hospitales psiquiátricos monovalentes: Borda, Moyano, Alvear y Tobar García. En una segunda resolución, Petrella pidió informar en un plazo de dos días la cantidad de pacientes y profesionales presuntamente contagiados con Covid-19, junto a las acciones dispuestas para prevenir o mitigar la transmisión, y además solicitó “realizar testeos masivos”.
El PRO apeló ambos fallos, a pesar de que ya el 9 de mayo se había confirmado el primer caso en el Borda y de que la OMS recomienda la detección temprana de la enfermedad, más aún en hospitales donde los pacientes, por su perfil, tienen dificultades en cumplir medidas preventivas de higiene y mantienen una vinculación estrecha.
También se apeló la orden judicial de proteger los derechos de los pacientes de los hospitales psiquiátricos Borda, Moyano, Alvear y Tobar García.
El 13 de abril, la jueza Romina Lilian Tesone decidió ampliar la medida cautelar que había dispuesto días antes para que el Ministerio de Educación porteño asegure la entrega y la calidad de la Canasta Escolar Nutritiva en todos los establecimientos educativos públicos de nivel inicial, primario y secundario. En esa nueva resolución, Tesone ordenó que aquellos inscriptos que no hayan conseguido vacante para el ciclo escolar 2020, igual puedan acceder a la asistencia alimentaria, teniendo en cuenta el impacto de la pandemia en la mesa de los hogares. También pidió que, junto a las viandas, se entregue a las familias un jabón o elementos de higiene.
La apelación del macrismo llegó de forma puntual, y el 30 de abril la Sala II de la Cámara le dio la razón, al revocar la ampliación de la cautelar. Así, a la crónica falta de lugar en las aulas de la Ciudad, se sumó el no acceso a la ayuda alimentaria que habilita la vacante, mientras la pandemia deteriora el ingreso de las familias y la cantidad y calidad de lo que comen los niños.
A fines de abril, el juez Roberto Andrés Gallardo había acompañado el reclamo de tres personas trans en situación de calle que pedían un subsidio habitacional. En su cautelar, el magistrado recordó “la discriminación que sufren día a día quienes integran este colectivo al tratar de acceder al mercado formal laboral y a algún lugar de habitación”. En este caso, el Ejecutivo no sólo apeló la medida, sino que recusó al juez, apartándolo del expediente. Por eso, para Gallardo, el coronavirus no alteró la postura del PRO respecto de estas demandas. “El único cambio es que antes apelaban y recusaban en papel y ahora lo hacen en forma virtual”, resumió.
La Ciudad rechazó la demanda de ATE de elementos de protección a los trabajadores del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, así como a los menores alojados por la institución.
Ante un amparo de la Junta Comunal N° 4, a mediados de mayo el juez Darío Reynoso le indicó al gobierno que elabore un protocolo de análisis, acción y prevención en materia de Covid-19 para las villas, asentamientos y barrios vulnerables. Mientras tanto, debía asegurar la provisión de elementos sanitarios, de higiene y para la medición de temperatura entre los vecinos, además de garantizar el agua potable y dar precisiones sobre lugares disponibles para aislar enfermos y qué abordaje estaba haciendo en materia de violencia de género. Todo eso y mucho más fue apelado por los abogados de la Ciudad.
En medio de la crisis del sistema sanitario, el 23 de mayo ATE reclamó ante la justicia que la gestión de Rodríguez Larreta entregue elementos de protección personal y kits de desinfección e higiene a los trabajadores del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, así como a los propios menores alojados por esa institución. Además, pidió exámenes para detectar la posible presencia de Covid-19, y que Provincia ART cumpla con la normativa de higiene, seguridad, control y supervisión del empleador.
La jueza Cecilia Lourido hizo lugar a esta demanda de ATE, que de inmediato fue rechazada por la Ciudad. Lo mismo había pasado un mes antes con otro amparo del gremio de los estatales, donde el magistrado Víctor Trionfetti ordenó la provisión de elementos de protección para los trabajadores de salud, debido al riesgo de contagio al que se exponen. Idéntica apelación gubernamental recibió la cautelar firmada por el titular del Juzgado N° 14, Lisandro Fastman, cuando empleados del Hospital Ramos Mejía reclamaron materiales con los que evitar la transmisión del virus.
En el régimen procesal porteño, las apelaciones no tienen carácter suspensivo, es decir que técnicamente los jueces pueden decidir ejecutar sus fallos mientras se resuelve el incidente, pero son pocos los que lo hacen. El rechazo del gobierno les deja un mensaje claro, más aún teniendo en cuenta la sintonía fina que existe entre el Poder Ejecutivo y las resoluciones de la Cámara de Apelaciones del fuero, en un distrito donde el macrismo se encargó históricamente de hacerles sentir el rigor a los magistrados díscolos. Con o sin pandemia.
