El plazo de la Justicia vence hoy y el Ejecutivo debe demostrar hechos concretos, no expedientes en trámite. A horas del vencimiento, el sistema sigue en crisis y las consecuencias recaen sobre familias y prestadores. Tres puntos claves para entender el conflicto.
Hoy vence el plazo que la Justicia federal le puso al Estado nacional para cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad. El 4 de febrero debe estar plenamente operativa con aranceles actualizados, pagos regularizados y decreto reglamentario vigente. No más informes “en evaluación”, no más trámites “en curso”. Hechos concretos o llegaran las sanciones.
Pero mientras los plazos judiciales corren, la vida cotidiana de las personas con discapacidad sigue marcada por otra cuenta regresiva: centros que cierran, tratamientos que se interrumpen, transportes que dejan de circular y familias que se endeudan.
“Es insoportable el avance de crueldad con el que este gobierno nos trata. Y digo nos trata porque cuando atacan a mi hijo quitándole sus derechos, también me atacan a mí“, asegura la actriz Lola Berthet, madre de un niño neurodivergente y una de las voces de la lucha. “Estamos hablando de personas, no de números”, advierte.
En el mismo sentido, Fernando Paz, prestador de servicios e integrante de la Asamblea Discas en Lucha, explica que la falta de respuestas “para las familias significa angustia, desgaste, incertidumbre, y para las personas con discapacidad, la pérdida de apoyos fundamentales para su autonomía, su desarrollo y su bienestar”. Por eso, enfatiza: “Una ley sin aplicación real no transforma la vida de nadie”.
1. ¿Qué garantiza la ley y por qué llegó a la Justicia?
La Ley 27.793, de Emergencia en Discapacidad, fue sancionada para frenar el deterioro de un sistema que ya venía en crisis: aranceles congelados frente a la inflación, pagos con meses de demora, talleres protegidos con ingresos por debajo de la línea de indigencia y prestaciones básicas que empezaban a interrumpirse. La norma estableció medidas urgentes, como la actualización de valores, cambios en las pensiones, compensaciones por el atraso acumulado y la garantía de continuidad de servicios esenciales.
Aunque el Gobierno de Javier Milei intentó frenarla –veto incluido–, gracias a la lucha colectiva se logró su sanción, pero la aplicación nunca llegó. En el decreto de promulgación el Ejecutivo argumentó que hasta que el Congreso no indique cuáles son las partidas presupuestarias, la ejecución de la ley queda suspendida. Estas estrategias de dilación obligaron a familias, prestadores y organizaciones a judicializar el conflicto mediante un amparo colectivo.
En ese contexto, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró inconstitucional el decreto que suspendía prestaciones y ordenó al Estado poner la norma en funcionamiento y luego puso un plazo. La apelación del Gobierno fue concedida con efecto devolutivo: no suspende la obligación de cumplir.
“Lo importante es que haya un poder del Estado que le está exigiendo al otro que cumpla”, señala el padre Pablo Molero, presidente del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El referente social recuerda que el fallo prevé multas personales para los funcionarios si no cumplen el plazo y celebra el hecho de que hay un juez que los obliga a tener que responder y que la ley esté vigente.
Frente a la intimación judicial, el Poder Ejecutivo, a través de la Procuración del Tesoro, presentó el 27 de enero un escrito de casi cuarenta páginas ante el juzgado. Allí no informó pagos ni actualizaciones efectivas. Enumeró expedientes administrativos, cruces que están realizando con ANSES, ARCA y RENAPER, estudios técnicos y cálculos de impacto fiscal. Sostuvo que la ley requiere reglamentación previa, que no hay partidas presupuestarias específicas y que su ejecución inmediata podría afectar el equilibrio fiscal.
“Lo único que hacen es dar excusas, excusas y excusas, el panorama al 4 de febrero es difícil. Es una política de dilación y destrucción de un sistema de atención a personas con discapacidad”, describe Eduardo Maidana, secretario de Aiepesa y también miembro del Foro Permanente. Y agrega: “No sé de dónde sacan los números, otra vez un montón de carillas escritas sin una consistencia y sin cumplir en lo real lo que pide la Ley 27.793. Nada de lo que dicen en ese escrito tiene asidero. Mienten, por eso confiamos en que la justicia avance”.
Para Molero, hay medidas que “se podrían haber hecho” sin mayor complejidad porque “no necesitaba ninguna cosa extraña”, como actualizar aranceles, el nomenclador, o liquidar compensaciones, “y no lo hicieron”. Ahora, advierte, con el cambio de ANDIS a Secretaría, seguramente eso trae otras dificultades.
Laura Alcaide, persona con discapacidad, activista y miembro de la Asamblea Discas en Lucha, también advierte que no se aplicaron cosas que no tienen que ver con el presupuesto. “No se sinceró el cambio de nombre que está en el capítulo sobre pensiones. Tampoco se está cumpliendo que se pague lo que corresponde a los trabajadores de talleres protegidos que siguen cobrando 28.000 pesos por mes”, detalla.
2. ¿Qué implica el vaciamiento y cierre de la ANDIS?
En paralelo y tras los escándalos por presuntos hechos de corrupción y coimas, que involucran a funcionarios nacionales, entre ellos, Karina Milei, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó de funcionar como organismo descentralizado y por decreto fue absorbida por el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, pasando a ser una Secretaría.
Para las organizaciones, no fue un simple reordenamiento administrativo y es un retroceso de paradigma. Molero advierte lo regresivo del cambio de enfoque: “Se vuelve a mirar a la discapacidad como una enfermedad. Se vuelve a poner el tema sobre la persona y no tanto sobre la sociedad”, y plantea que se pierde transversalidad en políticas de educación, trabajo y accesibilidad.
“El cierre de la ANDIS es un decreto que le da el marco normativo a lo que ya venía sucediendo. Hay un vaciamiento que viene desde hace dos años”, señala Alcaide. Habla de programas desarmados y de “700 despidos”.
Para la activista de la Asamblea Discas en Lucha, la idea es que esa secretaría sea una mera expendedora de pensiones, de sistema de prestaciones básicas y certificados de discapacidad. Es decir, que “no se cumpla” con todo lo que tiene que ver con el ámbito social, con la promoción de derechos en torno a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Maidana agrega que la disolución de este organismo es un paso más “a crear confusión”. Explica que en el decreto de las funciones de la Secretaría, ni siquiera está cómo va a funcionar el directorio del sistema único, no está nombrada la Ley 24.901 de prestaciones básicas y todo indicaría que es otra estrategia más para dilatar cosas. Y plantea: “Algunos nos preguntamos si no es una estrategia la disolución de la ANDIS para encubrir todo lo que se denuncia en función de la malversación de fondos de las personas con discapacidad”. Además, señala que “con este pasaje el Estado Nacional tampoco está pagando los servicios, no está comprando y enviando las medicaciones correspondientes”. También hay una dilación en los pagos de los servicios prestados en octubre y noviembre, no están liquidando los servicios que se otorgaron en diciembre, y el doctor Lugones brilla por su ausencia”.
A esta idea se suma el padre Molero. “Creo yo –es una opinión mía–, es claramente que deje de existir el término ANDIS, que para el Gobierno implica un mal recuerdo por las denuncias que ha habido”.
Es por esto, que Alcaide aclara que van a estar en la calle exigiendo que se caiga el Decreto y se ponga en funcionamiento nuevamente la Agencia, con su jerarquía, autarquía, con sus trabajadores y con la Ley de Emergencia en Discapacidad en funcionamiento.
3. ¿Cuál es el impacto en las personas con discapacidad y sus familias?
“Estamos hablando de personas con discapacidad y familiares absolutamente endeudados. Ni siquiera las obras sociales y las prepagas les reintegran lo que ya han pagado por sus servicios de prestaciones básicas. Estamos hablando de prestaciones básicas para vivir. ¿Cuál es el impacto? La muerte de personas con discapacidad que no reciben medicación, que no reciben terapias, que no reciben prestaciones, que no reciben transporte. Todo muy grave, pero terriblemente grave”, describe con crudeza Alcaide, lo que atraviesan muchas familias cuando intentan sostener tratamientos y apoyos que el sistema ya no cubre.
Berthet lo explica desde la experiencia cotidiana de los cientos de mensajes que recibe. “Es desesperante en la parte económica. Al no estar cumpliéndose la ley, muchos niños han perdido el apoyo del transporte y sin transporte no pueden ir a sus escuelas ni a las terapias. Perder una terapia para un niño con discapacidad, eso no se vuelve a recuperar. Impacta en un futuro inmediato en el desarrollo de los niños y de las niñas, en el derecho que tienen de ser protegidos y de ser felices”.
La actriz recuerda además que el sector ya venía al límite antes de la emergencia: “Hay una ley de base de discapacidad y hay una ley de emergencia que la tuvimos que pedir por el colapso. Colapsaron las instituciones, colapsaron las terapias”. Por eso, considera que “cualquier legislador que no se pronuncie sobre este tema, es cómplice, porque es muy grave la situación”.
Alcaide suma otro efecto menos visible: la salida de trabajadores del sistema. “Actualmente muchos trabajadores están dedicándose a otras tareas o están reduciendo la calidad de los servicios que prestan. Terapistas ocupacionales, por ejemplo, poniéndose una casa de estética. Porque hacer uñas rinde mejor que dedicarse a lo que estudiaste”, cuenta.
Desde el lado de los prestadores, Eduardo Maidana pone números a esa crisis. Explica que los aranceles llegan con meses de atraso: “Los pagos de las prestaciones se hacen entre 60 y 90 días luego de brindada la prestación. Lo que se brindó en octubre se factura en noviembre y se empieza a cobrar en enero. Recién en abril se termina de cobrar el aumento que se otorgó en diciembre”. Con ese desfasaje, agrega, los servicios no se sostienen: “La mayoría están en crisis, se funden instituciones y los transportes no quieren trasladar a las personas. El arancel está desfasado cerca del 40%. La ley marca la obligación de hacer un estudio de costos cada diciembre y no lo hicieron”.
Para Paz, el problema ya no es administrativo sino de derechos. “Si el Estado no cumple, lo que queda en evidencia es una grave vulneración de derechos, incluso frente a una orden judicial clara. La Justicia ya fue contundente: la ley debe cumplirse, los fondos deben ejecutarse, los aranceles actualizarse y los pagos regularizarse”.
Aunque saben que la principal fuerza está en las calles, Berthet también mantiene la expectativa en la vía judicial: “Confío en que logre realmente ponerle el freno al gobierno, que hasta ahora lo único que hace es ganar tiempo”.
