Colectivos de personas con discapacidad y prestadores de servicios se movilizan para reclamar por la actualización de los aranceles y a la espera del tratamiento en Diputados del proyecto de Emergencia en Discapacidad.
Severos retrasos en la actualización de los aranceles, negativas a dar de alta acompañantes terapéuticos, personas que no reciben su medicación, hogares que no pueden sostener los servicios y cierran. La lista de recortes es larga y afecta a miles de personas con discapacidad que desde hace semanas se movilizan para dar cuenta de que hay una emergencia concreta, visible y urgente. “Están desfinanciando el sistema para que se caiga solo”, sintetizó Eduardo Maidana, secretario de Aiepesa, que agrupa a diversas instituciones abocadas a la atención de personas con discapacidad, y es miembro del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, organización que convocó para el martes 13 de mayo a reclamar frente al Ministerio de Salud de la Nación, del cual depende la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Maidana advirtió que el atraso acumulado a diciembre 2024 es superior al 60%, mientras que en un servicio esencial como el transporte “solo el valor del combustible pasó en un año de $300 a $1.300; es decir, una suba del 350%”. Agregó que el último aumento de aranceles, otorgado entre octubre y diciembre pasado, fue de apenas 2,31%.
En el mismo sentido, explicó que el último aumento de los aranceles, que se otorgó entre octubre y diciembre del año pasado, fue del 2.31%, mientras que el aumento para los trabajadores de sanidad en el mismo trimestre fue de 11.6%. Para Maidana, “el arancel fijado está fuera de toda lógica, si tenemos en cuenta que la composición en lo que refiere al componente costos es un 70% para sueldos y honorarios, y el 30 % restante al resto de los gastos operativos”.
El sistema de prestaciones básicas para la atención integral de las personas con discapacidad se estable en la ley 24.901, y es administrado por la Andis a través del Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas compuesto por entidades gubernamentales, entes financiadores previstos en la norma y representantes de la sociedad civil. “Tiene entre otras facultades el derecho de ampliar prestaciones, de corregir, auditar, y lo que lo que es fundamental, de fijar los aranceles”, explicó Maidana. La preside el director de la Andis, Diego Spagnuolo.
“El gobierno no nos escucha. La última reunión del Directorio se hizo en noviembre de 2024, cuando debería hacerse mensualmente”, detalló el secretario de Aiepesa.
Existen aproximadamente 2.500 servicios en todo el país, en su casi totalidad brindado por Pymes, que atienden aproximadamente 250.000 personas con discapacidad y que corren riesgo de quedarse sin atención. Por las características de las prestaciones requieren alto nivel de mano de obra calificada y dan empleo a unas 150.000 personas, más los servicios conexos.
“La situación es crítica, las instituciones no pueden afrontar los costos”, aseguró Beatriz Pérez, coordinadora técnica de la Obra Don Orione y representante de las ONG en el Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas, el organismo a cargo de administrar la atención integral de las personas con discapacidad.
Como respuesta, desde el gobierno aseguran que no hay inflación. “Eso no quiere decir que las cosas no aumenten”, se quejó Pérez. “No hemos logrado nunca –remarcó– que las autoridades se sienten a hacer un estudio de costo y sincerar la situación. Hace años que lo venimos pidiendo, pero no se acceden”.
“Incluir salud te paga la prestación a los valores que fija el nomenclador, pero los valores no surgen de un estudio de costos donde se contemplen, entre otras cosas, los aumentos salariales que son fijados en paritarias”, detalló Pérez.
Don Orione tiene 13 cottolengos y hogares en diferentes puntos de la Argentina, en los que atienden y acompañan a unas 1500 personas con discapacidad –la mayoría de ellas en situación socioeconómica de necesidad extrema–, el más grande es el cottolengo de la localidad bonaerense de Claypole, que requieren atención de personal 24×7 todos los días de la semana. “Hemos tenido la suerte de que, en momentos muy difíciles, hemos recibido donaciones solidarias, sobre todo de alimentos”, recordó Pérez, quien también se preguntó si alguien que piensa que un organismo se ocupa de “idiotas” o “imbéciles” puede estar a cargo de las políticas nacionales en materia de discapacidad.
Declarar la emergencia
En un plenario de las comisiones de Discapacidad, de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda de Diputados se logró el 30 de abril un dictamen de mayoría para declarar la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, un proyecto de ley que busca “asegurar los derechos al nivel adecuado de vida, salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con discapacidad”. El objetivo es habilitar el tratamiento en el recinto en la segunda quincena de mayo. Además de diversas medidas de protección y promoción de derechos, la emergencia contempla el financiamiento adecuado de las pensiones no contributivas, el fortalecimiento de los prestadores básicos y que se garantice el presupuesto de la Andis y se sostenga el cupo laboral para personas con discapacidad.
Ese mismo día, autoridades de la Andis expresaron públicamente su rechazo al proyecto y, en su comunicado, sostuvieron que dicha emergencia sería “supuesta” y no real.
“Negar la existencia de una emergencia es ignorar que muchas personas con discapacidad, que no presentan una incapacidad laboral certificada pero tampoco acceden a un empleo, hoy ven peligrar el ingreso que reciben a través de una pensión no contributiva. Es minimizar el hecho de que niñas y niños con distintas discapacidades —muchas de ellas con alto grado de dependencia— enfrentan serias dificultades para acceder a rehabilitación, educación, apoyos, transporte, medicación y demás servicios esenciales”, advirtieron en desde el Foro en un comunicado luego de conocerse la postura de la Andis. Y es otro de los motivos por los cuales convocan a la población a movilizarse.
