Con 63 votos afirmativos y apenas siete negativos, el Senado rechazó este jueves el veto presidencial de Javier Milei y convirtió en ley la Emergencia en Discapacidad. Fue la primera vez que el Congreso revirtió un veto del mandatario libertario y le puso un freno contundente a sus políticas de exclusión, en medio del escándalo por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Afuera del Congreso, miles de personas con discapacidad, sus familias y organizaciones siguieron minuto a minuto la sesión. Cuando se confirmó el resultado, la plaza estalló en abrazos, lágrimas y cantos. Hubo alegría por un triunfo que reconocen como fruto de semanas de vigilia, movilizaciones y lucha colectiva. “Una de las palabras es alivio, estoy yendo a abrazar a mi hijo”, sintetizó la actriz Lola Berthet, madre de un niño de 11 años con autismo, que viene acompañando los reclamos. También dijo sentir “mucha emoción” luego de “muchos meses de agobio y de crueldad por parte de este gobierno”. Y afirmó que “hoy se festeja un poco, pero mañana sigue la lucha porque siguen las auditorías”.
El padre Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aseguró que “la aprobación por parte del Senado de la emergencia en discapacidad es muy importante porque va dirigido directamente hacia las personas con discapacidad”. Y enumeró algunas de las medidas concretas: garantizar las pensiones, el aumento de los aranceles para sostener las prestaciones, mejores condiciones para los trabajadores de talleres protegidos. Sin embargo, enfatizó en que “esto hay que lograrlo ahora en la práctica”.
“Una de las palabras es alivio, estoy yendo a abrazar a mi hijo”, Lola Berthet.
La previa incluyó el himno nacional y una canción que saltó de las redes a la calle y a los subtes: “Alta coimera, Karina es alta coimera”, en alusión a la hermana del Presidente y al escándalo por supuestas coimas en la compra de medicamentos en la ANDIS. La senadora fueguina Cristina López (UxP) incluso la entonó en su discurso dentro del recinto.
En el Senado, los argumentos para el #NoAlVeto fueron contundentes desde los diferentes arcos políticos. “Millones de argentinos y argentinas nos están diciendo que hagamos las cosas como las tenemos que hacer. Hay que financiar todo el sistema de personas con discapacidad para que puedan tener un poquito, un poquito de felicidad”, sostuvo el senador Wado de Pedro (UxP).
La senadora radical por Chubut Edith Terenzi advirtió: “Debemos estar absolutamente atentos a la reglamentación de esta ley. Es muy probable, y también es de usos y costumbres, que cuando las leyes no le gustan al Poder Ejecutivo, no las reglamente y las deje paralizadas”. En el mismo sentido, José María Carambia (Alianza por Santa Cruz) pidió que el Ejecutivo aplique la ley “como corresponde” y sugirió que los recursos se busquen “donde sí los hay: el Presidente le sacó las retenciones a la industria minera, una de las más rentables del país”.
El resultado fue categórico: más de dos tercios de la Cámara Alta puso un límite a la motosierra. El Presidente, sin embargo, ya adelantó que judicializará la medida. En su decreto de veto, además de hacer hincapié en el impacto fiscal, había señalado supuestos “vicios reglamentarios” en el trámite de Diputados, y ahora podría recurrir a la Justicia para intentar frenar la aplicación de la ley.
En ese punto, la abogada Elizabeth Aimar, presidenta de la Red de Asistencia Legal y Social (RALS), había advertido que el fallo del Juzgado Federal de Campana que declaró inconstitucional el veto presidencial podría marcar un camino: “Es un criterio ajustado a derecho. Argentina debe cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y será muy difícil que un juez falle contra eso”.
Aún con el logro del Senado, las organizaciones advierten que la pelea sigue. “Incluso aprobándose la ley, nos encontraremos en una situación de mucho riesgo porque todavía falta su promulgación. Y si siguen vaciando la ANDIS como lo están haciendo, no va a haber dónde aplicarse”, señaló Rocío Librandi, de Prestadorxs Precarizadxs, horas antes de la votación.
La definición de este jueves fue histórica, pero no definitiva. En la plaza, mientras la gente se abrazaba, la certeza era compartida: los derechos de las personas con discapacidad se van a seguir defendiendo en la calle. Y en ese sentido, el padre Molero destacó algo que dejó en evidencia este reclamo colectivo organizado: “Es una manera de decirle a este gobierno que los argentinos pensamos la sociedad y el Estado de una manera muy distinta a como ellos la piensan”.
