El aumento de la morosidad de las familias argentinas se consolidó durante 2025 como uno de los indicadores más alarmantes del impacto del ajuste impulsado por Javier Milei sobre los ingresos populares y de clase media. En un contexto marcado por la caída sostenida del salario real, el encarecimiento del crédito y una creciente precarización laboral, el endeudamiento dejó de cumplir un rol de expansión del consumo para transformarse en una estrategia defensiva frente a la insuficiencia de ingresos, con consecuencias cada vez más visibles sobre la capacidad de pago de los hogares.
Los datos del Banco Central de la República Argentina muestran que en noviembre de 2025 la morosidad del crédito al sector privado no financiero alcanzó el 4,5 por ciento, el nivel más alto de los últimos años. El deterioro se concentró especialmente en los créditos personales y en el financiamiento con tarjetas, es decir, en los instrumentos más utilizados para cubrir gastos cotidianos como alimentos, servicios y transporte. Al mismo tiempo, el financiamiento otorgado por entidades no bancarias creció a un ritmo cuatro veces superior al del sistema financiero tradicional, una dinámica que expuso a millones de hogares a tasas de interés más elevadas y a condiciones de refinanciación considerablemente más frágiles.
Según datos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, durante 2025 la morosidad en créditos personales y de consumo dentro de su cartera minorista creció a tasas superiores al 30 por ciento interanual, con una fuerte concentración en los sectores de menores ingresos y en los tramos etarios más jóvenes. La información del banco público bonaerense revela así una creciente vulnerabilidad financiera en segmentos clave del mercado laboral, especialmente entre quienes enfrentan mayores niveles de informalidad y menores ingresos estables.
En ese marco, los jóvenes de hasta 30 años representaron cerca del 38 por ciento de los nuevos casos de mora registrados en la provincia. En este grupo, el endeudamiento se concentra principalmente en tarjetas de crédito, préstamos de corto plazo y financiamiento a través de billeteras digitales, instrumentos caracterizados por tasas significativamente más altas y vencimientos inmediatos. El BAPRO advierte además que una proporción creciente de estos deudores presenta atrasos superiores a los 60 días, una situación que compromete de manera severa su acceso futuro al crédito formal y profundiza los mecanismos de exclusión financiera.
Otro dato que permite dimensionar la gravedad del proceso es la relación entre deuda e ingresos. De acuerdo con estimaciones del banco provincial, más del 30 por ciento de los hogares endeudados destina actualmente entre el 30 y el 40 por ciento de sus ingresos mensuales al pago de compromisos financieros, un umbral considerado crítico desde el punto de vista de la sostenibilidad del endeudamiento. Este porcentaje se incrementó de forma acelerada durante 2024 y 2025 como resultado combinado de la inflación acumulada, la caída del salario real y el aumento de las tasas de interés reales, un cóctel que terminó de erosionar la capacidad de pago de amplios sectores sociales.
La articulación entre los datos del Banco Central y del Banco Provincia permite concluir que el aumento de la morosidad no responde a un episodio aislado ni a un problema coyuntural, sino que expresa un proceso estructural de ajuste vía endeudamiento. Mientras los indicadores nacionales exhiben un deterioro generalizado del crédito familiar, la información que aportan los bancos muestra cómo ese proceso se profundiza en los sectores más vulnerables, especialmente entre jóvenes y hogares de ingresos medios y bajos, en un escenario donde el ajuste fiscal y monetario se trasladó de manera directa a la vida cotidiana de las familias.
