El contexto de pandemia no sólo posibilitó que afloren autocríticas en torno a la relación violenta que el ser humano tiene con los ecosistemas, sino también que algunas leyes en defensa del ambiente tomen impulso en el Congreso de la Nación y en las legislaturas provinciales. En simultáneo, distritos como Chubut dan paso a proyectos mineros con la ilusión de que se conviertan en una salida a la crisis económica, mientras otros como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires avanzan con iniciativas para construir torres de lujo (en la Costanera) cuando los espacios verdes brillan por su ausencia.
Así como a nivel nacional se sancionaron las leyes de Manejo del Fuego y la denominada Yolanda (de capacitación ambiental para los trabajadores del Estado), la provincia de Santa Fe sancionó recientemente una ley de Acción Climática que apunta a planificar un modelo de desarrollo sostenible, bajo en emisiones de carbono, que permitirá definir políticas de adaptación y mitigación al cambio climático y sus consecuencias.
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“La Argentina no es el país que más contribuye a la crisis ambiental global, debemos tener nuestra agenda”.
La iniciativa del gobierno de Omar Perotti – que coloca a Santa Fe en la vanguardia ambiental a nivel país – contempla acciones concretas en torno a la forestación, el fomento y uso de energías renovables y la gestión responsable de residuos.
En diálogo con Contraeditorial, la especialista en políticas públicas y en política ambiental de la Universidad de San Martín (UNSAM), Elisabeth Möhle, celebró la sanción de la ley y analizó la importancia de ampliar la normativa.
“Que haya legislación que ponga plazos concretos, establece compromisos específicos que determinan obligaciones legales, como por ejemplo a nivel nacional la Ley de Energías Renovables. Tener esta legislación es un compromiso al que deben hacer frente los partidos políticos, y determina que no se den tantos cambios entre una administración y otra”, especificó Möhle.
“Muchas personas están siendo afectadas por la producción insustentable. Eso es algo que hay que resolver inmediatamente”
La especialista vinculó el avance de estas leyes no sólo al contexto de la pandemia sino – principalmente – a una acumulación histórica de demandas ambientales por parte de la sociedad. “Hay que reconocer un trabajo constante de todas las personas que se dedican a temas ambientales. Van construyendo conciencia pasito a pasito”, subrayó.
Lejos de que estas nuevas leyes sean suficientes para abordar los problemas ambientales que atraviesa la Argentina, abren el camino para discutir con más fuerza los modelos de desarrollo que se llevan adelante. Sin embargo, no se puede perder de vista la situación económica en la que la gestión macrista y la pandemia, han dejado al país.
“Se puede pensar en una reactivación económica sustentable y este es el momento. Hay que planificarlo. Si bien Argentina no es el país que más contribuye a la crisis ambiental global, debemos tener nuestra agenda y no tomar la responsabilidad de la crisis ambiental global exageradamente”, sostuvo la especialista.
En este sentido, resaltó que “Argentina tiene un problema grave que es la pobreza, entonces debemos tener cuidado al hacer la transición. No se pueden destruir empleos. No se pueden cerrar industrias de un día para el otro, para ir a un modelo más sustentable”, alertó.
A su vez, Möhle señaló que hay ciertos problemas ambientales que son urgentes y que sí hay que resolverlos en el menor tiempo posible. “Muchas personas están siendo afectadas por la producción insustentable. Por ejemplo, todas las personas que viven al lado del Riachuelo, o las familias que viven cerca de campos donde se utilizan agroquímicos y se ven afectados de forma directa. Eso es algo que hay que resolver inmediatamente”, puntualizó.
Muchos países van perdiendo soberanía política, económica y ambiental por el extremo endeudamiento que padecen.
“La prohibición de bolsas de plástico y de sorbetes para las bebidas es otra de las problemáticas que Argentina debe resolver rápidamente”, manifestó la especialista en ambiente de la UNSAM. Actualmente, en la Cámara de Diputados está en tratamiento un proyecto de ley de presupuestos mínimos de reducción progresiva de la utilización de productos plásticos de un sólo uso para la protección ambiental, que ya fue aprobado en la Comisión de Ambiente.
Deuda financiera y devastación ecológica
La deuda externa de los países también condiciona el tipo de política ambiental que se lleva adelante. Como una forma de colonialismo actualizado, las potencias del mundo aprovechan las debilidades de los deudores y se alimentan de los recursos naturales de las naciones, que van perdiendo soberanía política, económica y ambiental por el extremo endeudamiento.
“Hay una cuestión histórica, América Latina y África proveemos los recursos naturales y después nos devuelven los bienes industriales. Eso es así y la idea es desarmar ese esquema, pero lo que nos sucede es que la deuda con el FMI nos obliga a pensar formas rápidas de exportar más para pagar esa deuda. Eso te reduce la posibilidad de negociar. Estás siempre condicionado por tu deuda. Y que los países de la región también estén en crisis, también condiciona la integración regional. Por ejemplo, esto sucede con el litio; Argentina, Chile y Bolivia no están articulando bien para una explotación latinoamericana, sino que las asociaciones las están haciendo con Alemania (es el caso de Bolivia). En definitiva, el Litio se lo lleva Alemania, que después nos va a vender los autos eléctricos”, explicó.
De acuerdo con la CEPAL (Comisión Cconómica para América Latina y el Caribe), la región posee el 33% del agua dulce, el 20% de los bosques, el 12% del suelo cultivable, más del 40% de la biodiversidad, el 49% de las reservas de plata, el 33% de estaño, el 22% de hierro y casi el 70% del litio, un recurso estratégico para la transición energética. Esto convierte a América Latina en tierra codiciada.
El litio es considerado la llave maestra para la transición energética hacia una sociedad postfósil. En Sudamérica se encuentra el llamado “triángulo del litio”, localizado en el salar de Atacama (Chile), el salar de Uyuni (Bolivia), y los salares Salina Grandes, Olaroz-Cauchari y Hombre Muerto (Argentina), zona que concentra más de la mitad de las reservas probadas del planeta.
“Todo lo que hacemos tiene impacto ambiental. Lo que hay que analizar es el grado de impacto y cuál es el beneficio social que nos va a traer”.
La minería del litio es diferente a la megaminería metálica no implica remover tierra y dinamitar montañas, pero su principal problema es la cantidad de agua dulce que utiliza, lo que genera un impacto gigantesco en las cuencas hídricas y acuíferos de zonas de por sí áridas. Y la gran contrariedad, como señala Möhle, es el modelo de primarización del que no puede salir la Argentina. Es decir, se ven afectados los ecosistemas locales por la extracción, pero la industrialización del litio queda en manos extranjeras.
Megamineria
Otro tema preocupante y que abre un debate complejo es la megaminería. Actualmente el gobierno de Chubut, en medio de la profunda crisis financiera que transita la provincia desde 2016, presentó un proyecto de ley para habilitar la actividad en el territorio, por más que la minería está prohibida desde el año 2003 por la ley provincial 5001.
Las asambleas del “No a la Mina” organizaron movilizaciones multitudinarias y el mismo día que el gobernador Mariano Arcioni presentó la iniciativa de zonificación, ingresaron a la legislatura un proyecto de iniciativa popular que tiene el objetivo de completar las imprecisiones de la ley 5001, para frenar el avance de las mineras.
¿Se podrá encontrar un equilibrio entre el cuidado de los bienes comunes y la obtención de recursos económicos?
Al respecto, Möhle sostuvo que analizar los costos y los beneficios de la megaminería “son difíciles” porque ocurre que “el beneficio que trae no tiene que ver tanto con el empleo sino con la posibilidad de exportar, y que eso te resuelva la restricción externa, y que de ahí obtengas ganancias para por ejemplo pagar las jubilaciones”.
En este sentido, señaló que la provincia se encuentra ante el desafío de expandir ciertas actividades para salir de la crisis. “En la medida que vamos cerrando actividades económicas porque son insustentables, nos quedamos con pocas opciones productivas. Por eso la discusión sobre las mineras es realmente compleja”, sintetizó.
“Todo lo que hacemos tiene impacto ambiental, no existe actividad humana que no tenga impacto. Lo que hay que analizar es el grado de impacto y cuál es el beneficio social que nos va a traer. Hay que analizar el costo-beneficio”, agregó.
Costa Salguero
Sobre la iniciativa que el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta pretende llevar adelante en la costanera de la Ciudad de Buenos Aires, Elizabeth Möhle sostuvo que “es un proyecto que está mal por donde se lo mire” y que “el beneficio social es casi nulo”.
“En la Ciudad de Buenos Aires sobran las viviendas, no faltan. Hay muchas viviendas vacías. Lo que faltan son espacios verdes”, marcó sobre la propuesta de Cambiemos que planea construir viviendas de lujo en la actual Costa Salguero.
“Lo único que podemos pensar es en el empleo que podría generar la construcción de esas torres, pero fuera de eso no hay más utilidad. Es un proyecto pensado desde un negocio que no es para todos”.
“En la Ciudad de Buenos Aires sobran las viviendas. Lo que faltan son espacios verdes”.
Möhle resaltó la necesidad de la Ciudad de tener espacios verdes que absorban las inundaciones producidas debido al cambio climático e insistió en marcar que “es un proyecto que está mal desde cualquier punto de vista porque no piensa la ciudad en relación con los bienes comunes y de comunidad, ni planifica generar espacios para compartir”.
Ciudades sostenibles
La ONU especifica que el mundo está cada vez más urbanizado: desde 2007, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, y se espera que dicha cantidad aumente hasta el 60 % para 2030.
Las ciudades y las áreas metropolitanas son centros neurálgicos del crecimiento económico, ya que contribuyen al 60 % aproximadamente del PIB mundial. Sin embargo, también representan alrededor del 70 % de las emisiones de carbono mundiales y más del 60 % del uso de recursos.
La rápida urbanización está dando como resultado un aumento en la cantidad de habitantes en los barrios pobres, con infraestructuras y servicios inadecuados y sobrecargados. Por esta razón desde la ONU se planteó la urgente necesidad de impulsar ciudades más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
“Son ciudades pensadas para que las personas vivan bien, y no para los negociados inmobiliarios. Que la gente tenga acceso a los espacios verdes y a escuelas cercanas, que los servicios de agua y energía funcionen para todos. Cuando hablamos de ciudades sostenibles hablamos de ciudades que sean más caminables, donde se desarrolle la economía circular y que se recicle la basura. La ciudad de Buenos Aires produce diariamente 1 kilo de basura por persona. Otro punto es la eficiencia energética, debemos ir hacia la utilización de energías renovables”, explicó.
Son tiempos en donde se abren ciertos interrogantes: ¿Será la conciencia ambiental una cuestión pasajera -fruto de la pandemia- o verdaderamente vino para quedarse? ¿Se podrá encontrar un equilibrio entre el cuidado de los bienes comunes y la obtención de recursos económicos? ¿El endeudamiento encontrará otra salida alejada de la devastación ecológica?. La política, la sociedad y el tiempo lo dirán.
