Después de décadas de impunidad, el represor Gonzalo “Chispa” Sánchez tendrá que responder ante la justicia Argentina por los crímenes de lesa humanidad que cometió durante la última dictadura cívico-militar, entre ellos, el secuestro y desaparición de Rodolfo Walsh. Sánchez, que estaba prófugo y que el lunes pasado había sido capturado en Brasil, fue extraditado esta tarde a la Argentina, donde deberá comparecer ante el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien tiene a su cargo la megacausa Esma
Exprefecto y miembro de los grupos de tareas que funcionaron en la Escuela de Mecánica de la Armada, fue llevado por las autoridades brasileñas a Foz de Iguazú y trasladado a Puerto Iguazú por agentes de la División de Fugitivos y Extradiciones de Interpol, para luego viajar a Buenos Aires.
Sánchez –de 69 años– está acusado de más de 900 delitos, entre secuestros, homicidios, desapariciones y torturas, incluidos los “vuelos de la muerte”. Según el testimonio de sobrevivientes, una de sus actuaciones como brazo ejecutor de la Esma fue en el asesinato de Rodolfo Walsh, el 25 de marzo de 1977, mientras el periodista y escritor distribuía su carta abierta a la Junta Militar, un documento lapidario sobre el terror sistemático y la “miseria planificada” que habían instaurado los genocidas y sus socios civiles. Por entonces, Sánchez integraba el sector “Operaciones 3.3.2” de la Esma y actuaba con el alias de “Omar”.
Es la primera extradición desde Brasil a la Argentina por violaciones a los derechos humanos desde que el país vecino tiene de presidente a Jair Bolsonaro, un mandatario de aceitados vínculos con los sectores militares más reaccionarios. Paraty, la localidad costera de Río de Janeiro donde el lunes por la tarde la Policía Federal brasileña detuvo al represor, es una de las zonas en que Bolsonaro cosecha mayor adhesión política.
En 2013, cerca de allí, en Angra Dos Reis, Sánchez había sido capturado por primera vez. Radicado en Brasil en 2001 y reciclado como técnico en el sector naval, la justicia argentina lo consideraba prófugo desde 2005.
En 2017, mientras cumplía prisión domiciliaria, comenzó su juicio de extradición, pero en medio del proceso el genocida se dio a la fuga. Logró evadir a la justicia por otros tres años, pero finalmente le llegó el momento de responder por sus crímenes imprescriptibles.
