“El pueblo y la historia juzgarán como imperdonable
la indiferencia y hasta el goce sádico por el sufrimiento ajeno
que estamos presenciando”
Axel Kicillof
Introducción
Desde hace más de 20 años comenzó a desarrollarse un sector social que ejerce la representación de un cada vez más creciente número de personas que son desplazados y desplazadas de la formalidad económica y laboral. Vale efectuar una muy breve referencia histórica del origen de estos movimientos sociales que resultan hoy blanco de ataques, estigmatizaciones, persecuciones y diversos actos de violencia que han sido formulados y puestos en funcionamiento como modo de disciplinar a la sociedad.
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Los núcleos poblacionales, que han sido desplazados producto de las distintas políticas neoliberales aplicadas desde 1976 a la fecha, tienen en las cuatro etapas de procesos saqueadores un denominador común en la segregación de personas del trabajo formal. Liquidación de Pymes, despidos masivos, privatizaciones, destrucción de la actividad productiva, importación indiscriminada y un proceso de endeudamiento feroz produjeron una dramática conclusión, echando a los márgenes de la subsistencia a cada vez más amplias franjas de nuestro pueblo.
Cabe recordar algunos momentos de nuestra historia: uno de los primeros sucesos que comienzan a manifestarse en un contexto económico y social cada vez más desolador para los sectores del trabajo, se produce en 1995 con la protesta de los trabajadores metalúrgicos de Tierra del Fuego que enfrentaban los cierres y despidos en las fábricas radicadas en el lugar. El 12 de abril muere asesinado el obrero Víctor Choque.
Los núcleos poblacionales, que han sido desplazados producto de las distintas políticas neoliberales aplicadas desde 1976 a la fecha, tienen en las cuatro etapas de procesos saqueadores un denominador común en la segregación de personas del trabajo formal.
Hacia 1997 comienzan los cortes de ruta de los denominados “fogoneros” de Cutral Có, como consecuencia de los efectos que deja la privatización de YPF en localidades petroleras como Cutral Có y Plaza Huincul. Adhieren a la protesta las trabajadoras y trabajadores de la educación. El 12 de abril fallece la joven trabajadora doméstica Teresa Rodríguez.
Corrientes aparece en el foco de los movimientos de trabajadores reclamando por el pago de salarios atrasados. Para fines de 1999, el 13 de diciembre se anunció el desembarco de tropas de Gendarmería con la orden de desalojar el puente a la fuerza. La represión llevada a cabo el 17 de diciembre cobró la vida de Mauro Ojeda de 25 años y Francisco Escobar de 29 años.
Hacia comienzos del 2000 se profundizan los cortes en la ruta 34 en la localidad de San Martín, provincia de Salta, en lo que se conoce como las puebladas de Mosconi y Tartagal a raíz de la privatización de YPF. El 9 de Mayo del 2000 aparecen asesinados los trabajadores Alejandro Gómez y Orlando Justiniano. Hacia el mes de noviembre se intensifica el movimiento. En la madrugada del día 10, la infantería de la policía de la provincia produce el asesinato del trabajador Aníbal Verón. En Junio del 2001 la Gendarmería asesina a Carlos Santillán y el adolescente José Barrios.
Hacia finales del gobierno menemista y con mayor intensidad sobre los años 2000, en la Provincia de Buenos Aires tienen mayor fuerza los cortes de ruta en el Km 21 de la Ruta 3 en San Justo, partido de La Matanza, con la aparición de líderes sociales en las pantallas televisivas conmovidas por el reclamo (Luis D’elia, de la Federación de Tierra y Vivienda y Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista Combativa) y se mantienen los piquetes en Jujuy con el referente de trabajadores estatales de la CCC, Carlos “El Perro” Santillán.
Durante la resistencia al menemismo, surge la CTA y el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), que dentro de la Confederación General del Trabajo, produce un claro y contundente rechazo a las políticas sociales y económicas implementadas por Menem-Cavallo. Las organizaciones de nucleamiento sindicales de tercer grado, tal como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA – antes Congreso de Trabajadores Argentinos), comenzaron a asumir la representación de estas organizaciones sociales. Sobre finales de 2001, más precisamente entre el 7 y 14 de diciembre, la Central, junto con otras organizaciones sociales, lanza la Consulta Popular sobre la creación de una Asignación Universal por Hijo a través del FRENAPO (Frente Nacional contra la Pobreza). Participan de dicha acción social y política más de 2 millones de personas. Las políticas económicas fueron actuando como reacción a las cada vez mayores restricciones al acceso a dólares. Los planes del gobierno con los programas consensuados con el FMI a través del denominado “Megacanje” y “Blindaje”, fueron absolutamente infructuosos. La caída cada vez más importante del retiro de plazos fijos en dólares del sistema financiero implicaba una caída de reservas a niveles récord, lo que determinaba un condicionante para la respuesta neoliberal.
Las ocurrencias políticas de reducción del gasto en Educación, Salud y otras inversiones del Estado son rechazadas socialmente y determinan las salidas intempestivas del ministro López Murphy. Sí pudieron fijar la reducción del 13 % en los haberes previsionales y en los salarios de los trabajadores y trabajadoras estatales, a cargo de la ministra de Trabajo, Patricia Bulrrich.
El 1 de diciembre de 2001 se restringen las operaciones de movimientos bancarios, lo que provoca una alianza inédita entre sectores medios atrapados por sus ahorros y los sectores de la población excluidos. “Piquete y cacerola, la lucha es una sola” fue el cántico que cosechó una marcha que realizaron las organizaciones de desocupados y ahorristas despojados de sus pertenencias bancarias.
El final se produce entre el 19 y 20 de diciembre de 2001. Sin reacción política, sin financiamiento externo, cerrados los mercados, con la represión como única salida; se acentúan los reclamos sociales. Los días previos se encuentran marcados por saqueos en el conurbano bonaerense y en los sectores empobrecidos del Gran Rosario, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero.
“Piquete y cacerola, la lucha es una sola” fue el cántico que cosechó una marcha que realizaron desocupados y ahorristas.
El 19 a la noche los reclamos se masifican en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Ni la renuncia de Cavallo ni el dictado de un Estado de Sitio (que agudiza el factor represivo) contienen la protesta, que culmina en la tarde del 20 de diciembre con el doloroso saldo de más 35 muertos en toda la República Argentina y la renuncia del Presidente.
En la tarde del 26 de junio de 2002, caen asesinados por la “maldita” policía bonaerense comandada por Eduardo Duhalde los referentes sociales Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, ambos pertenecientes al Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón. La paradoja de los tiempos, una organización social que toma el nombre del compañero asesinado en Mosconi en el 2000.
Es producto de los procesos del deterioro social, económico y laboral (tanto desde los aspectos individuales como colectivos) que desembocan en procesos organizativos sociales que no encontraban contención en el movimiento obrero organizado.
El objetivo: la organización social
Fueron esas condiciones las que determinaron el crecimiento de organizaciones sociales que atendieron las necesidades básicas de cientos de miles de personas desplazadas. Los sectores excluidos son los que hacen emerger una representación legitimada en las luchas callejeras y en políticas públicas arrancadas al poder real. Su inicio, crecimiento y fortalecimiento tiene como principal causal el desplazamiento y exclusión masiva de sectores del trabajo. La nueva representación de sectores populares desplazados tiene a las Organizaciones Libres del Pueblo como generadoras de un proceso de contención con la capacidad de gestionar las necesidades de esos trabajadores y trabajadoras excluidas.
Se trata de una organización que funciona de modo complementario a las organizaciones sindicales. La potencia adquirida por estas organizaciones se sitúa en los niveles de desempleo y subempleo crecientes, trabajo no registrado, monotributistas ficticios, monotributistas sociales cuya cantidad equivale o supera en porcentaje total de población económicamente activa y al número de trabajadores formalizados asalariados.
La organización social es un actor social que merece colocarse en la mesa de discusión de las políticas públicas, lo que se desarrolla de modo explícito con el arribo de Néstor Kirchner al gobierno nacional.
En este sentido, desde 2003 se desarrollaron diferentes medidas desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con la paulatina disminución del Programa Jefes y Jefas de Hogar implementado en 2002. Estas fueron: la creación del Programa de Agua más Trabajo, Cloacas más Trabajo, Casa más Trabajo; realizados por Cooperativas de Trabajo y gestionadas por organizaciones sociales, municipios y el Estado Nacional. Entre los programas lanzados por el Ministerio también se encuentran el Programa de Trabajo Autogestionado, Programa de Inclusión Laboral, Programa de Empleo Comunitario, Programa de Empleo Independiente, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Seguro de Capacitación y Empleo y Argentina Trabaja; este último en directa vinculación con el Ministerio de Desarrollo Social y el Sindicato UOCRA, que aportaba a la capacitación de trabajadores y trabajadoras desempleados para la conformación de Cooperativas de Trabajo que realizaban trabajos de construcción local.
La organización social es un actor social que merece colocarse en la mesa de discusión de las políticas públicas, lo que se desarrolla de modo explícito con el arribo de Néstor Kirchner al gobierno nacional.
Es indudable que las organizaciones sociales se convierten en protagonistas luego del quiebre del desarrollo industrialista a partir de 1976 y que solo tuvo un resurgimiento a partir de 2003, pero que no logró revertir de modo definitivo los efectos de la destrucción industrial, producto de la política económica aplicada por la dictadura cívico militar.
Si la dictadura tuvo en su objetivo criminal romper la organización sindical en todos los niveles para quebrar la resistencia a la política de miseria planificada, son las organizaciones sociales vertebradas por los sectores sociales desplazados y excluidos los nuevos objetivos a destruir y aniquilar y ese es parte del objetivo de la tercera ola neoliberal en el gobierno iniciado en 2015.
En la actualidad, son los sectores de trabajo formalizados, el movimiento obrero organizado y las organizaciones sociales quienes se convirtieron en el enemigo a excluir de la escena nacional, porque son los actores colectivos con potencia organizativa para combatir el plan económico que se desarrolla a partir del 10 de diciembre de 2023.
Este nuevo plan de destrucción de la organización social tiene un trasfondo que consiste en la desaparición de la vida pública de esos sectores desplazados. La deshumanización de las políticas desplegadas desde el 10 de diciembre tiene en los sectores populares más vulnerados a sus víctimas civiles, los desaparecidos necesarios de este tiempo para que el plan funcione. Se requiere la eliminación completa de este sector de nuestro pueblo, se trata sin más de un acto genocida y un delito de lesa humanidad por ser cometido por las autoridades que se encuentran al frente de un Estado al que detestan.
Si la resistencia del movimiento obrero desde 1955 hasta el retorno del General Perón, con sus luchas de defensas de derechos individuales y colectivos, que a pesar de encarcelamientos y persecución se mantuvo vigente y fortalecido, y llevó al poder real a poner el foco de sus atrocidades represivas en ese sector organizado de los trabajadores y trabajadoras a partir de 1976; al ser las organizaciones sociales un punto elevado de resistencia a las políticas neoliberales impuestas desde los 90’, es evidente que este núcleo de organización debe ser el nuevo objetivo a diezmar.
En ese sentido, así como la dictadura cívico militar, para producir una trasformación económica de la magnitud que aún hoy tiene sus consecuencias, utilizó los criminales métodos de desaparición, tortura y muerte de cientos de delegados de base, dirigentes y trabajadores y trabajadoras en todos los niveles productivos; en el presente, para que este nuevo proceso social y económico tenga resultados, se requiere de la persecución de los dirigentes sociales, mediante las modernas formas que establecen las democracias debilitadas de este nuevo tiempo.
Al ser las organizaciones sociales un punto elevado de resistencia a las políticas neoliberales impuestas desde los 90’, es evidente que este núcleo de organización debe ser el nuevo objetivo a diezmar.
En la arbitraria detención de Milagro Sala tendremos el primer ejemplo disciplinador. Quebrar los lazos identitarios es lo que se pretenderá romper, ya que de este modo se debilita a la población vulnerada para que el sometimiento sea posible. La liquidación de la defensa colectiva y de las identidades comunes para hacer frente a estos escenarios se habrá quebrado casi irremediablemente. En este sentido, Zygmunt Bauman, en Modernidad Líquida, sostiene que, “en cuanto al sueño comunitarista, de dar ‘nuevo arraigo a lo desarraigado’, nada puede cambiar el hecho de que únicamente hay transitorias camas de hotel, bolsas de dormir y divanes de análisis, y que de ahora en más las comunidades -más postuladas que imaginadas- ya no serán las fuerzas que determinen y definan las identidades sino tan solo artefactos efímeros del continuo juego de la individualidad”. Serán las organizaciones y sus dirigentes los nuevos objetivos de escraches mediáticos, estigmatizaciones, persecuciones penales y encarcelamiento.
Las claves del genocidio
El genocidio social comienza a cristalizarse con el despliegue de las siguientes políticas:
- Eliminación de los fondos destinados al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Mediante el Decreto N° 193/2024, se redireccionó el 30 % de los fondos correspondientes al Impuesto País que tenía por finalidad en su mayor parte la realización de obras en los barrios populares, quedando un 94 % destinado al indescifrable rubro de Infraestructura Económica, mientras que sólo el 1 % se destina al FISU.
- Eliminación del Programa Potenciar Trabajo. Mediante el Decreto 198/2024, este se divide en dos programas: uno administrado por la Secretaria de Trabajo y otro a cargo del Ministerio de Capital Humano. Si bien hasta la fecha no se conocen Resoluciones que reglamenten la norma, lo que surge de la página web del Ministerio es que se desprende, con un criterio absolutamente discriminatorio, que el Programa Volver al Trabajo estará destinado a personas de 18 a 49 años, mientras que el Programa de Acompañamiento Social estará destinado a personas mayores de 50 años. La diferencia según se señala está dada por la posibilidad del primer grupo de reinsertarse laboralmente, mientras que en el segundo caso las posibilidades son menores. Hasta que se dicten las resoluciones pertinentes, quienes se encuentren percibiendo el Potenciar seguirán haciéndolo, ahora de modo arbitrario, sin encontrarse referidos al Salario Mínimo Vital y Móvil, lo que implica un brutal ajuste de esta asignación. Hoy, con el nuevo capítulo que constituye la falta de pago de dicho Programa.
- Eliminación de los programas desarrollados por Aysa de obras de cloacas y acceso al derecho básico de agua potable para las familias en los barrios.
- Eliminación de toda obra para los barrios populares, villas, asentamientos y barriadas, como parte del ajuste de cuentas públicas para una presunta reducción del déficit fiscal.
- La falta de suministro de alimentos a los comedores populares y escolares, con el mismo criminal propósito de reducción del gasto público.
- Aumento desmesurado de alimentos, mediante una devaluación del 120 % y un proceso inflacionario superior al 100 % real en tres meses.
- Aumento de medicamentos superiores al 120 % en tres meses, como consecuencia de la desregulación económica anunciada el 13 de diciembre de 2023 por Luis Caputo e implementada a través del DNU 70/2023.
- Aumento de los servicios públicos y transporte superior al 300 %, el que resultó impuesto por el DNU 70/2023.
El impacto en los sectores populares marca el objetivo del ajuste y la necesidad de su eliminación. Esta se desarrollará con la persecución de los dirigentes sociales, la fragmentación de las bases sociales y la aplicación de las políticas sin barreras que los detengan. Un factor que se comienza a mencionar como eventual “reemplazante” de los lazos solidarios e identitarios que promueven las organizaciones sociales (más allá de sus diferencias, puntos de vista de su formulación, estructura y modelo organizativo) son las organizaciones criminales vinculadas a delitos graves y narcotráfico, que comenzarán a dominar la escena en los barrios populares. Otro modo de agudizar el exterminio.
El impacto en los sectores populares marca el objetivo del ajuste y la necesidad de su eliminación. Esta se desarrollará con la persecución de los dirigentes sociales, la fragmentación de las bases sociales y la aplicación de las políticas sin barreras que los detengan.
Actuar como modo de autoprotección
Es imprescindible generar una reacción desde los sectores de las organizaciones sociales: profundizar el cuestionamiento, denunciar públicamente estas acciones del poder real, enfrentar en todos los ámbitos la política desarrollada por el actual gobierno, impulsar acciones colectivas de cohesión y de acompañamiento del movimiento obrero organizado planteando la propia agenda de nuestro sector.
Es necesario fortalecer lazos de articulación, exposición y contención con organizaciones sociales regionales que permitan brindar asistencia humanitaria con carácter de urgente.
Es indispensable también el desarrollo de acciones políticas institucionales a nivel legislativo y judicial, en todos los terrenos y en todas las medidas, incluidas las denuncias que eviten el genocidio y asimismo acompañar los procesos de destitución del Presidente y Vicepresidenta mediante pedido de Juicio Político, fundado en estas acciones que de modo deliberado implementa el gobierno nacional.
Un Programa Común para defensa de nuestro pueblo es urgente y necesario. El tiempo es ahora, antes de que sea demasiado tarde.
Además, es fundamental iniciar un programa de acciones que incluya la realización de políticas públicas que contengan a los sectores populares para promover su visibilización y protección. Por otro lado, se deben evitar los enfrentamientos con las fuerzas represivas que promueve el Gobierno Nacional para contrarrestar la protesta social.
Un Programa Común para defensa de nuestro pueblo es urgente y necesario.
El tiempo es ahora, antes de que sea demasiado tarde.
