El Gobierno nacional denunciará ante la Justicia el envío de municiones a Bolivia, mientras continúan las repercusiones tras la revelación de que durante su gestión, el expresidente Mauricio Macri colaboró con armamento para reprimir protestas sociales luego del golpe de Estado en ese país.
“Estamos trabajando sobre una denuncia con distintos organismos del Estado porque también han violado tratados y convenciones”, aseguró a C5N el ministro de Justicia, Martín Soria, quien explicó que “seguramente en las próximas horas va a haber novedades porque el hecho es gravísimo”.
El viernes pasado, el Gobierno boliviano difundió una carta en la cual daba detalles del envío desde Argentina hacia Bolivia de material bélico y de armamento para reprimir protestas sociales luego del golpe de Estado de noviembre de 2019, en el cual Jeanine Áñez derrocó del poder al presidente Evo Morales.
Al hablar esta mañana con Radio 10, Soria indicó que a Macri “el Código Penal le queda chico” y dijo que el exmandatario “cargó las armas de la dictadura boliviana”.
“El Código Penal argentino les queda chico a Mauricio Macri y compañía. No solamente se los investiga por las fechorías que hicieron en nuestro territorio y las penurias en las que sumergieron a todos los argentinos, sino también en otros países, por delitos graves”, completó.
El ministro resaltó que el mismo día que la exministra de Seguridad Patricia Bullrich (actual presidenta del PRO) y otros funcionarios “pedían autorización para sacar el armamento y las municiones supuestamente para defender la embajada argentina en Bolivia”, estaba asumiendo Áñez.
En el mismo sentido, el embajador de Bolivia en la Argentina, Jorge Ramiro Tapia, aseguró hoy que “se ha corroborado” el ingreso de una nota junto a los materiales bélicos que el gobierno de Mauricio Macri envió en 2019 a Bolivia.
“La mentira tiene patas cortas, los que hicieron cosas que no debían, tienen que estar presos”, completó el diplomático a Radio 10, y sostuvo que el pueblo boliviano no quiere “ni olvido ni perdón, sino justicia”.
La cuestión fue abordada anoche entre los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y de Bolivia, Luis Arce, en una videoconferencia que fue emitida por la TV Pública, en la que Fernández volvió a plantear que “la Argentina de aquellos días no se portó bien con los bolivianos”.
“Estoy muy avergonzado porque la Argentina no se haya portado bien. Que el gobierno argentino de entonces (por la gestión de Mauricio Macri) no se haya portado bien. Pero tengo la íntima tranquilidad, Lucho, que sabés que siempre estuve al lado de ustedes y trabajé por la vida de Evo y de tantos compañeros perseguidos en Bolivia”, subrayó el jefe de Estado.
“La mentira tiene patas cortas, los que hicieron cosas que no debían, tienen que estar presos”, afirmó el ministro de Justicia de la Nación.
Desde La Paz, Arce remarcó que tanto el propio Fernández como el resto de la administración del Frente de Todos “no tenían por qué sentirse avergonzados” ya que, reconoció, “el Gobierno del pueblo argentino se ha portado siempre bien con nosotros, los bolivianos”.
En el mismo sentido le agradeció al Presidente por “todo lo que han hecho por Evo” y por “todas las gestiones que han hecho para poder darles lo mejor que tenían”.
Por su parte, la titular del PRO y ministra de Seguridad durante la gestión de Cambiemos, Patricia Bullrich, se defendió hoy de las acusaciones a través de una carta publicada en redes sociales y dirigida al presidente Alberto Fernández.
Allí asegura que “dolor y vergüenza causa la imprudencia, la impudicia y la velocidad con las que usted compromete al Estado Argentino al reconocer semejante acusación sin la mínima indagación ni prueba, por el solo hecho de que en ese momento gobernaba el país un presidente de un partido diferente al suyo”.
“El gobierno del presidente Mauricio Macri cumplió con su deber de resguardar la Embajada Argentina en Bolivia, protección que alcanzó no sólo al señor embajador y personal diplomático, sino también a dos ministros renunciantes del gobierno del señor Evo Morales: el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la ministra de Planificación, Mariana Prado Noya”, remarca Bullrich en otro tramo de la carta.
Hasta el momento, por lo menos dos organismos del Estado anunciaron el inicio de investigaciones formales por el envío de este armamento a Bolivia.
La Unidad Fiscal Especializada en la investigación de ilícitos relacionados con armas de fuego, explosivos y demás materiales controlados (Ufiarm) anunció el pasado 9 de julio el inicio de una investigación a cargo del fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación, Gabriel González Da Silva.
Indicaron que en el marco de esta pesquisa se dispusieron “una serie de medidas probatorias, entre ellas, el requerimiento de información a la Presidencia de la Nación, a distintos ministerios de la Nación y a la Gendarmería Nacional, con el propósito de comenzar a colectar elementos que permitan avanzar a dilucidar tales episodios a la mayor brevedad posible y determinar, en su caso, sus posibles autores o partícipes”.
Por su parte, la Dirección General de Aduanas (DGA) inició una investigación para determinar “la eventual existencia de delito en la exportación de armas de fuego y otros materiales controlados al Estado Plurinacional de Bolivia en noviembre de 2019”.
“El organismo que depende de la AFIP también inició una segunda investigación para controlar la regularidad de los procedimientos llevados adelante por la DGA” durante el Gobierno de Mauricio Macri, informaron fuentes oficiales.
