“Mi hija no la regaló, mi hija no la dio”, insistía Élida. Todavía no se había podido abrazar con su nieta Maia Yael Beloso, quien faltaba de su “hogar”, debajo de un toldo colgado entre dos árboles, a metros de la autopista Dellepiane, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país. Tres días antes había sido llevada desde allí por un hombre al que su madre, Stella, y ella conocieron hace un tiempo. La nena de 7 años había sido encontrada minutos antes, a la madrugada, tapada por una caja de cartón de televisión, en un rincón de Luján.
Dicen que lo primer que le dijo a la agente policial que la abrigó con su campera era que tenía frío y hambre. Y que lo que quería era ir a comer una hamburguesa a uno de esos locales donde habitualmente no llegan los chicos como ella, los chicos en situación de calle.
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La Ciudad de Buenos Aires aún hoy se ufana de un servicio de subsidios habitacionales que no alcanza para nada.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernada por Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta durante los últimos 13 años, la cifra de niños, niñas y adolescentes, en esa situación ascendía ya hace casi dos años a 871, sobre un total de 7251 personas sin techo. Es una cifra oficial. La arrojó el último relevamiento anual realizado por la Auditoría General, la Defensoría de la Ciudad y otras organizaciones civiles que participaron del 2° Censo Popular de Personas en Situación de Calle, realizado en abril del 2019. Esa cantidad multiplica varias veces los registros que el actual Jefe de Gobierno de la Ciudad decía tener en sus matrículas: 1146. Un despropósito.
Según ese trabajo, el 80% son varones; el 19%, mujeres y un 1% pertenece a grupos transexuales o travestis. Ya había 5412 personas que vivía decididamente en la calle, sin lugar en paradores o acceso a un subsidio.
Claro que luego de eso hubo una devastadora pandemia que arrojó miles a la calle. Al punto que en octubre pasado, trascurrido ya varios meses de cuarentena, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que depende del propio gobierno porteño, lo instó a que fijara su atención en la actualización urgente del subsidio habitacional para “garantizar los derechos de las infancias en situación de calle”. La advertencia fue puntualmente a la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, y al ministro de Hacienda, Martín Mura. “En numerosas oportunidades, los grupos familiares que atraviesan una situación de emergencia habitacional -por desalojo reciente u otras causales- se encuentran compuestos por un elevado número de personas, de las cuales la mayoría suelen ser niños”, detalló la recomendación. La Ciudad aún hoy se ufana de un servicio de subsidios habitacionales, pero no aclara de cuántos se disponen y lo que sí se conoce bien es que no alcanzan para pagar un alquiler: son de hasta 8 mil pesos mensuales, que es mucho menos de lo gasta una familia en un inquilinato. Y, por otra parte, los centros de integración o refugios, no alcanzan ni para la mitad de los que viven a la intemperie.
“Hay criaturas, como el caso de Maia, que están con su mamá en alguna ranchada. Y otras que están solas en la calle” (Horacio Ávila, Proyecto 7).
Hace pocas horas, cuando todavía se mantenía la incertidumbre sobre el paradero de Maia, Horacio Ávila aseguraba: “Debe haber más de 2000 mil pibes en las calles. Calculamos un aumento del 30% de la población que vive en la calle, es un número terrible”. Conoce a fondo el tema: es coordinador de Proyecto 7, una organización que hace más de 25 años reúne a personas que atraviesan esa situación. Aunque es más dura su advertencia posterior: “Hay criaturas, como el caso de Maia, que están con su mamá en alguna ranchada. Y otras que están solas en la calle”.
En aquel informe también se destacaba que había, al menos, 40 mujeres embarazadas. Si esas gestaciones se hubieran desarrollado y los chicos podido nacer en algún hospital público, o tal vez en la misma calle, otros 40 chicos habrían pasado a engrosar esos registros que no computa la Ciudad. Otros datos, extraídos del Indec, especifican que en los 31 aglomerados urbanos, “la pobreza alcanza actualmente a 6 de cada 10 niños y la indigencia a 2 de cada 10″.
Justamente la legisladora Lorena Pokoik (Frente de Todos, CABA) advirtió que no hay un relevamiento exclusivo de menores y que el gobierno porteño “ha obstaculizado todos los datos y pedidos de informes”.
Por su parte, Claudia Enrich, coordinadora de la organización Ciudad sin Techo, reclamó con vehemencia que haya políticas públicas urgentes y un censo que cuantifique la problemática. “Cada vez hay más, se ha incrementado esa problemática. Las personas en situación de calle son desaparecidos sociales”. Y puntualizó: “Estos chicos tienen todos los derechos vulnerados”.
En el Censo, entre los motivos que revelaron varias de las mujeres para haber dejado sus casas, figura “haber sufrido violencia, ellas o sus hijos”, así como la realidad de no encontrar ninguna “respuesta estatal de acompañamiento para las sobrevivientes de violencia por motivos de género”. Por lo demás, 802 argumentaron que vivían en la calle por la pérdida de empleo y la incapacidad de costear una vivienda. Entre las razones también se destaca el consumo de sustancias.
“Las personas en situación de calle son desaparecidos sociales. Estos chicos tienen todos los derechos vulnerados” (Claudia Enrich, Ciudad sin Techo).
El caso de Maia “pone de manifiesto de la forma más cruel un fuerte déficit en materia de políticas públicas para abordar el desamparo que viven las niñas, niños y adolescentes que están en situación de calle”. El concepto es de Marisa Graham, defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación. Puntualizó que la CABA se caracteriza por “bajos subsidios y pocas plazas disponibles en paradores”. Y sentenció que no se contemplan las adecuadas “políticas, dispositivos, acciones concretas y articuladas entre jurisdicciones, tendientes a paliar esta situación y atendiendo el interés superior del niño”.
Este drama fue considerado en varios proyectos que en los últimos años circularon sin éxito por las cámaras del Congreso de la Nación. Aunque parecería que, por estos días, el presentado por Federico Fagioli (FdT-Patria Grande) en Diputados podría tratarse. Advierten que “busca garantizar integralmente y reconocer los derechos humanos de las personas en situación de calle y familias sin techo en toda la Argentina”.
Sería la primera ley de esta índole en la región. Sería una extraordinaria novedad que se legislara esta situación que, generalmente, sólo en casos como el de Maia se torna visible por algunos días para luego difuminarse. Las sociedades como la porteña suelen mirar de costado a un niño en situación de calle y si se preocupa por la pobreza es porque “afea” la Ciudad. Tal vez para los votantes del actual alcalde, Maia y su familia, “no hicieron los méritos suficientes” para salir de debajo de un puente.
Allá en el Sur
Maia vivía bajo un puente con su madre frente a autopista Dellepiane y Escalada, a pocas cuadras del Parque Indoamericano y al sur del Parque Avellaneda. Su abuela Élida, sus tías y sus primos también son del barrio Villa Cildáñez. Se trata de la ex Villa 6: ocho manzanas que cubren una superficie de algo más de 10 hectáreas, con una abigarrada población de unas 14,5 mil personas. El último censo registró 2462 familias. En 2015, Macri se puso una camiseta amarilla y, para la foto, tomó un rodillo con pintura seca, para apoyarlo contra la pared ya pintada. Prometía la urbanización del barrio. Los vecinos aún se quejan que consistió en poco más que la pintura de nueve calles de esa barriada, aun cuando en 2016 se anunciaba un proyecto que incluía la construcción y provisión de cloacas, agua, iluminación, mejora de la red eléctrica y el ordenamiento del espacio público.
En algunos medios, en relación a la cobertura por la desaparición de Maia, lo “anexaron” a Villa Lugano, e incluso una conductora televisiva adicta a recomendar dióxido de cloro para curar el Covid, llegó a preguntar quién era su alcalde, creyendo (o fingiendo) que es parte del Conurbano Bonaerense. Alguien sugirió que se trataba de “pasarle la pelota” a dirigentes del FdT buscando blindar a Rodríguez Larreta. En las redes sociales se aseguró que Maia y su mamá tuvieron refugio en el Centro de Salud del barrio. Pero que debieron irse de allí cuando se incendió, en agosto de 2018. Desde entonces viven en la calle. En la ciudad más rica del país.
“El caso de Maia pone de manifiesto un fuerte déficit en materia de políticas públicas para abordar el desamparo que viven las niñas, niños y adolescentes que están en situación de calle” (Marisa Graham).
Maia fue llevada por un tipo que, dicen, tiene un retraso madurativo y algunas condenas. Maia tiene una madre que juró que dejaría de ser su adicción. Maia, mientras estaba secuestrada, ingresó a una panadería para pedir comida y luego la panadera salió ante las cámaras de la tv, para dar vergüenza ajena.
Maia nunca fue al colegio y para ella el presentismo o la virtualidad son una quimera, una entelequia, un sinsentido.
Despuntaba el sol de este jueves otoñal y una vecina de Parque Ameghino, en Luján, llamó al 911, cuando advirtió dónde estaban la nena y quien la secuestró. En la calle Las Heras y Gamboa, cerca de la Universidad. Allí la hallaron, la cobijaba un cartón. Tenía esa bicicleta que apareció en todos los medios, a un lado.
Al rato, el abogado de la familia, Rodolfo Bacqué, aprovechó las cámaras de tv para relatar que le preguntó si tenía miedo y que ella le respondió que “no”. Al rato, con sus siete años, la chiquilina fue mostrada con los dos deditos pulgares elevados, en el primer abrazo tras el reencuentro con su mamá. Su abuela Élida volvía a decir que temían que le hubieran hecho daño. Tal vez no advertía que el daño que se le hace es gigante, desde hace mucho antes de que se la llevara ese hombre.
Son iguales. Maia, su mamá, su abuela. Sólo las separa la edad, y no es un dato menor. Pero tienen las mismas facciones, la misma mirada, la misma sonrisa. La misma vida de sufrimiento.
¿Final feliz? ¿Cómo será su vida, ahora, en el distrito más opulento del país?
