Diputados nacionales del bloque Unión por la Patria presentaron una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien acusan de haber interferido en el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos con el objetivo de postergar la actualización del Índice de Precios al Consumidor y de haber vulnerado el secreto estadístico al adelantar datos oficiales antes de su publicación.
La presentación fue realizada por Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca ante los tribunales federales de Comodoro Py y apunta a presuntas irregularidades vinculadas con la decisión de mantener la fórmula de cálculo del IPC basada en componentes desactualizados, pese a que el organismo había resuelto en octubre de 2025 implementar una nueva metodología a partir de enero de 2026, con pautas de consumo actualizadas.
Según sostienen los legisladores en el escrito, el ministro ordenó frenar la aplicación del nuevo esquema hasta que finalizara la recomposición tarifaria, lo que, a su entender, implicaría postergar el impacto estadístico de los aumentos en los precios al consumidor. En ese marco, imputan a Caputo por los delitos de violación de los deberes de funcionario público previstos en el artículo 248 del Código Penal, violación de secretos y deberes de confidencialidad del artículo 157, falsificación de documentos públicos del artículo 293 y por el quebrantamiento del secreto estadístico contemplado en la Ley 17.622.
El eje central de la denuncia radica en la supuesta injerencia política en la definición técnica de la metodología de cálculo del índice, un indicador que incide de manera directa en la actualización de jubilaciones, pensiones y asignaciones, así como en la negociación paritaria de trabajadores del sector público y privado, la determinación de contratos y el diseño de políticas económicas. Desde el bloque señalaron que la alteración de ese instrumento podría tener consecuencias sociales, económicas y políticas de magnitud, en especial para los sectores de ingresos fijos.
Los diputados recordaron además que la cuestión ya había sido planteada en un pedido de interpelación presentado en el Congreso bajo el expediente 7203-D-2023, en el que se solicitó la comparecencia del ministro en virtud del artículo 71 de la Constitución Nacional, con el fin de que brindara explicaciones sobre la situación del organismo estadístico.
Un segundo aspecto incluido en la denuncia se vincula con publicaciones realizadas por Caputo en su cuenta de la red social X, donde habría reconocido diferencias en los resultados del IPC según la metodología aplicada y adelantado el dato correspondiente a enero de 2026 antes de su difusión oficial. Para los denunciantes, esa conducta configura una violación de los artículos 13 y 17 de la Ley 17.622, que establecen el deber de resguardar el secreto estadístico y prohíben la divulgación anticipada de información sensible.
En el escrito presentado ante la Justicia bajo el patrocinio de las doctoras Paula Ballesty y Griselda Bustamante Sanabria, se sostiene que el ordenamiento jurídico argentino prevé un sistema orientado a garantizar la independencia técnica del organismo estadístico y a evitar interferencias políticas en la producción, validación y difusión de datos oficiales, con el fin de preservar la credibilidad del sistema y la confianza pública en las estadísticas.
La denuncia solicita que se investigue si desde el Poder Ejecutivo se incurrió en conductas que puedan encuadrar en los tipos penales mencionados y si se utilizó información estadística de carácter oficial de manera indebida, en un contexto en el que el IPC constituye uno de los indicadores centrales para el funcionamiento de la economía argentina y para la definición de múltiples variables contractuales y sociales.
