El Senado de la Nación avanzó con el dictamen del proyecto de ley sobre la reforma del Consejo de la Magistratura, que presentó el Poder Ejecutivo con el objetivo de que se trate en el recinto la semana próxima.
El proyecto del Ejecutivo, que es copia fiel del texto presentado por el ex ministro de Justicia, German Garavano en 2017, busca lograr los consensos necesarios para que el Poder Judicial no quede paralizado después del 15 de abril, plazo que puso la Corte Suprema de Justicia para que el Congreso Nacional sancione una nueva ley.
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Los objetivos del Consejo son la emisión de ternas para el nombramiento de los magistrados, la administración de los recursos y la ejecución del presupuesto; además del ejercicio de facultades disciplinarias sobre los jueces y la definición de la apertura de procedimientos de remoción de magistrados, entre otras funciones.
El aumento de la cantidad de miembros, de 13 a 17, es uno de los cambios que propone el nuevo proyecto.
El proyecto que avanza en el Senado de la Nación no conlleva cambios radicales en el Consejo de la Magistratura, pero aumenta la cantidad de miembros que lo componen. Lleva el número de 13 a 17. Y mantiene, al igual que la composición actual, la ausencia de un representante de la Corte Suprema de Justicia. Algo que pretenden cambiar los “supremos”.
El fallo de la Corte de mediados de diciembre declaró inconstitucional la ley sancionada en 2006 que regula el funcionamiento del Consejo, y otorgó 120 días corridos para realizar cambios en la composición del organismo a través de una nueva normativa. Además, exhortó al Congreso a sancionar una nueva ley por considerar que hasta ahora no se respetó el equilibrio entre los estamentos de la política, los jueces y los abogados que dan forma al organismo.
De no cumplir con este plazo perentorio, que vence el 15 de abril, el cuerpo quedará inhabilitado para firmar resoluciones tras esa fecha y estaría obligado a retomar la integración que tenía antes de la ley de 2006, cuando eran 20 miembros y el presidente de la Corte era, a su vez, presidente del Consejo.
La fragilidad en la que se encuentra el organismo es inusitada. Actualmente, se encuentra en un estado de parálisis total.
La fragilidad en la que se encuentra el organismo es inusitada. La lentitud con la que trabaja hace más de 10 años se ve agravada y, actualmente, se encuentra en un estado de parálisis total.
Por propuesta del consejero cercano a Horacio Rodríguez Larreta, Diego Marías, la semana pasada se postergaron todas las votaciones de los concursos. De esta manera, se imposibilitaron que las ternas para designar a jueces en lugares vacantes del sistema de justicia se pudieran girar al Ejecutivo. “Tenemos que esperar a la nueva conformación”, expresó el hombre integrante de los abogados PRO. Otros consejeros aliados a Juntos por el Cambio acompañaron el pedido y lograron frenar 15 concursos para designar jueces, entre ellos, algunos claves para cubrir vacancias en Comodoro Py. Ni siquiera se avanzó en los concursos en los que hay consenso, como los de competencia exclusiva en asuntos de familia que atienden cuestiones cotidianas sobre adopciones, divorcios o cuotas alimentarias.
Desde el Frente de Todos explican que “lo que está pasando es un bloqueo de la oposición que no vota las ternas propuestas por el resto de los consejeros”. “Hay una mayoría de siete miembros oficialistas – agregan las fuentes consultadas – entre los que podemos contar a una aliada, Graciela Camaño, y seis opositores. Con esos números no se puede sacar ninguna terna, se necesitan sí o sí nueve votos. Hay una parálisis de hecho y el 15 abril la parálisis seguramente sea de derecho. Es decir, va a ser todo un gran quilombo, porque está en riesgo el pago de salarios del Poder Judicial, porque el Consejo de la Magistratura es el que liquida salarios y paga”.
“Lo que está pasando es un bloqueo de la oposición que no vota las ternas propuestas por el resto de los consejeros”.
El actual presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, advirtió ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia la gravedad de la situación, y culpó de la parálisis a “la mano negra de afuera que pidió que no se vote ningún concurso”, en clara alusión al ex presidente Mauricio Macri, que no le pierde pisada al tema.
Así las cosas, el oficialismo se ve obligado a intentar sancionar una nueva ley del Consejo de la Magistratura en los tiempos que lo pide la Corte Suprema de Justicia. Los “supremos” le exigen a los legisladores que en 120 días corridos avancen en una nueva normativa, pero a los magistrados les tomó 5 años expedirse sobre una ley que funciona desde el 2006. Es por esta razón que Martín Soria llamó “extorsión” al accionar de la Corte.
“Este fallo es una extorsión sin precedentes en la historia democrática de nuestro país y pone en jaque la división de poderes”, disparó en su intervención en el plenario de comisiones. Además, detalló que “el 16 de abril puede ocurrir una tragedia institucional para el país como es la parálisis del Consejo de la Magistratura, la parálisis del órgano llamado a administrar el poder judicial”. Finalmente, el ministro de Justicia lamentó que el Congreso esté obligado a “legislar bajo presión”.
“Una mano negra de afuera pidió que no se vote ningún concurso”, afirmó Lugones en alusión a Mauricio Macri.
Entre sus primeras quejas, la oposición planteó que el debate debió darse durante el período de sesiones extraordinarias. Lo cierto es que la correlación de fuerzas atentó contra el tratamiento de cualquier ley, hasta de aquellas que tenían consenso entre la oposición y el oficialismo. Fue esta la razón por la cual no se incorporó un proyecto de ley polémico al temario de febrero. Durante todo el segundo mes del año el oficialismo no hizo más que intentar conformar comisiones. Las negociaciones con la oposición demoraron todo el período de sesiones extraordinarias y, actualmente, en la Cámara Baja la disputa continúa. Solo hay dos comisiones conformadas. Por lo tanto, el planteo perdió de vista el real escenario del cual son en parte responsables.
En la voz de la senadora de Juntos por el Cambio Guadalupe Tagliaferri se escuchó lo que será el principal argumento para pedir que un miembro de la Corte integre el Consejo de la Magistratura: “El artículo 114 de la Constitución Nacional habla de que el organismo debe estar conformado por ´jueces de todas las instancias´”.
El principal planteo del oficialismo tiene que ver con el carácter “antidemocrático” que tendría incorporar al presidente de la Corte como titular del Consejo de la Magistratura. El ministro de Justicia, en su exposición ante los senadores, explicó que si un cortesano se pone al frente del Consejo de la Magistratura “no solamente es inconstitucional e ineficiente, sino que además es totalmente antidemocrático”.
Para el oficialismo es “antidemocrático” incorporar al presidente de la Corte como titular del Consejo de la Magistratura.
La semana próxima el oficialismo llevará al recinto del Senado un proyecto poco ambicioso y que, gracias a los aliados del Frente de Todos, seguramente logre ser sancionado. Pero las cosas se pondrán más difíciles en la Cámara de Diputados, donde el escenario será más complejo. Para que el proyecto llegue al recinto, primero debe debatirse en las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, y ninguna de las dos está conformada aún. Si bien se prevé que el oficialismo las presida, la integración de esas comisiones todavía está en negociación.
Si logra obtener dictamen, será después de algunas modificaciones. Lo que estará en discusión es si un miembro de la Corte se incorpora como consejero. Si el oficialismo accede a que sea incorporado pero no presida el organismo, tampoco tendrá garantizado los votos. ¿Por qué la oposición votaría una ley que de no salir le garantiza a la Corte un Consejo de 20 miembros como especifica el fallo? Si el FdT consiguiera los votos en el recinto después de arduas negociaciones, la Corte podría de todas formas jugar el ancho de espada que tiene guardado: volver a declarar la norma inconstitucional, como ha hecho con toda ley que plantea una reforma de parte del sistema judicial y no le ha gustado.
Lo que está claro, es que en cualquiera de los escenarios la Corte gana la jugada.
