El estallido social de 2019 en Chile sacudió la modorra de una sociedad que parecía dormida desde el fin de la dictadura. Daba la impresión de que todo el mundo se había acostumbrado a que hubiera una alternancia pacífica y ordenada entre dos grandes bloques y que ésta cosechara elogios en el ámbito internacional. Por un lado había (y aún hay) partidos de derecha y extrema derecha que contenían los resabios del pinochetismo; y por el otro, los restos de gran parte de la izquierda diezmada durante la dictadura y algunos partidos de centro y centroizquierda. Chile era presentado como un modelo de estabilidad económica y política donde parecía existir un acuerdo que no se debía tocar lo estructural, aunque gran parte fuera una herencia de la dictadura. Hubo dos toques de atención. En 2006, al poco tiempo de asumir Michelle Bachelet, una prolongada protesta de estudiantes secundarios y en 2011, ya bajo la presidencia de Sebastián Piñera, una gran protesta universitaria. En ambos casos, tanto Bachelet como Piñera, lograron que las protestas se disiparan con el correr de las semanas.
Hasta que el diablo metió la cola en octubre de 2019 y lo que comenzó como una protesta casi banal por el aumento de 30 pesos del boleto de metro desembocó en un estallido social. “No son treinta pesos, son treinta años” fue la consigna que incendió el país. El gobierno respondió con la violencia habitual pensando que la protesta se disiparía como había sucedido tantas otras veces. Pero algo se había quebrado en ese dique que contenía tanta agua.
Durante años se alzaron voces que pedían una Asamblea Constituyente para eliminar definitivamente la constitución elaborada durante la dictadura.
Los partidos de los dos grandes bloques tardaron en comprender que no era una protesta más y que esas masivas manifestaciones, calificadas incluso como las más grandes de la historia chilena, pedían cambios estructurales. El estallido social puso a los dos grandes bloques políticos contra la pared y obligó -sí, obligó- al presidente Piñera a comenzar un proceso constituyente al que se oponía explícitamente. Hay que señalar que durante años se alzaron voces que pedían una Asamblea Constituyente para eliminar definitivamente la constitución elaborada durante la dictadura, pero fueron tildadas de “irrealistas” porque la misma se venía modificando paulatinamente, aunque sin tocar su esencia.
El 15 y 16 de mayo en Chile se eligen 155 constituyentes que deberán redactar una nueva constitución. Si bien las 1300 candidaturas son a título personal de la llamada “sociedad civil”, obviamente hay representantes de todos los partidos políticos. También hay que señalar que el poderoso movimiento feminista con sus movilizaciones logró que la Convención Constitucional fuera paritaria y que la nueva Constitución -en un hecho inédito en el mundo- deba ser redactada por la misma cantidad de hombres y mujeres. En el camino a la nueva Constitución, Chile tendrá una elección presidencial en noviembre y se elegirá un nuevo Congreso, lo que agrega confusión e incertidumbre a este ciclo que comenzó en octubre 2019.
En Colombia también se quebró un dique el 28 de abril. Y aunque las comparaciones “son odiosas”, sirven para pensar. La gran pregunta es quién y cómo se canalizará el estallido social colombiano. Pero eso, es otra historia.
*Publicado en Nodal
