Por María Suárez y Virginia Guardia
Fue en la ciudad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, donde un adolescente ingresó a su establecimiento educativo portando un arma de grueso calibre.
La muerte de un alumno de 13 años, y otrxs adolescentes heridxs de bala han impactado fuertemente en la ciudadanía.
Lo siniestro irrumpe abruptamente.
Tal como explican Passeron y Stura[1], un disparo en una escuela no es solo un hecho, es el quiebre del sentido ya que algo del orden de lo pensable se rompe y nos enfrenta a una escena que exige ser complejizada.
La escuela, no es solo el escenario del hecho; es una institución productora de lazo social, la inscripción simbólica y cuidado.
La escuela solía constituirse en un ámbito donde las adolescencias encontraban palabras, escucha y referencias adultas capaces de alojar el conflicto en un contexto de aprendizaje y no solo en un espacio de permanencia.
Como advierte Graciela Frigerio[2], las instituciones educativas sostienen un oficio del lazo social que no se agota en la transmisión pedagógica, sino que implica construir condiciones de inscripción, reconocimiento y pertenencia para las adolescencias.
En este punto, se vuelve ineludible interrogar el lugar que asumimos las personas adultas y la posible erosión de la alianza histórica entre familias y docentes, condición central para sostener procesos de subjetivación y pertenencia.
La pregunta por la posible fractura de la alianza entre familias y escuela remite también, en términos de François Dubet[3], a las transformaciones contemporáneas y al declive de los programas institucionales clásicos.
No puede estar fuera del análisis el proceso de desfinanciamiento que viene deteriorando a la educación pública y a las políticas de protección a las infancias y adolescencias como un factor decisivo. Este impacta fuertemente en las posibilidades de contar con personal y equipos de acompañamiento para situaciones complejas en los espacios escolares donde emerge el síntoma social.
Los medios de comunicación han puesto el foco casi exclusivamente en el hecho en sí, muchas veces recurriendo a especulaciones y análisis apresurados que reflejan una crisis social profunda. Como si existiera una necesidad urgente de encerrar el hecho en una categoría sencilla, sin permitirnos interpelarnos como sociedad.
Santiago Morales[4] se interroga sobre qué mundo estamos construyendo – como personas adultas- para que la violencia letal se vuelva una posibilidad en la vida de las niñeces y las adolescencias.
Desde el oficialismo, distintos posicionamientos discursivos y de acción política directa, han marcado un punto de inflexión en nuestro sistema democrático, evidenciando un quiebre del pacto social.
En este contexto, resulta preocupante la estigmatización de las niñeces y adolescencias, asociándolas peligrosamente con la inseguridad, mientras se desmantelan políticas públicas dedicadas a la educación y la salud integral, con énfasis en la salud mental.
Así se debilitan cada vez más las tramas institucionales de prevención, escucha y cuidado.
En diálogo con lo que plantea Byung-Chul Han[5] en La expulsión de lo distinto, asistimos a una época en la que lo diferente deja de ser interpelación ética para convertirse en aquello que debe ser apartado, neutralizado y finalmente expulsado del horizonte común.
Ya no se trata únicamente de quienes han quedado históricamente excluidos del sistema: el desmantelamiento de las políticas de protección y cuidado de niñas, niños y adolescentes, así como de las políticas de atención a las personas con discapacidad, conduce progresivamente a la expulsión del otro y a la fragilización de los vínculos sociales.
A modo de ejemplo, la propuesta de bajar la edad de punibilidad, recientemente sancionada en el nuevo régimen penal juvenil, aparece como una estrategia de impacto mediático en un sector social ávido de castigo, claramente no sería una solución real y racional, frente a la desigualdad y el abandono de amplios sectores sociales.
Ante este hecho, se nos impone una pregunta central: ¿cómo accede un niño, niña o adolescente a un arma de fuego?
La pregunta desplaza el foco del hecho individual hacia las condiciones sociales e institucionales que vuelven posible esa escena: la circulación legal e ilegal de armas, su presencia en los hogares, la fragilidad de los controles y la responsabilidad adulta.
Es evidente la existencia de circuitos ilegales en un contexto social atravesado por la desigualdad y la fragmentación.
En este marco, la postura del presidente Javier Milei a favor de flexibilizar la tenencia de armas, reduciendo controles, plantea un debate profundo. Actualmente, la legislación argentina es restrictiva y exige trámites, evaluaciones y autorizaciones a través de la Agencia Nacional de Materiales Controlados.
La propuesta oficial se fundamenta en el derecho a la defensa personal, pero especialistas advierten que una mayor circulación de armas podría derivar en más violencia, accidentes domésticos y conflictos intrafamiliares.
La baja de la edad de punibilidad, en este contexto, aparece como una medida regresiva que deposita la responsabilidad en los sectores más vulnerados.
A días de la conmemoración de los cincuenta años de otro 24 de marzo, la escena obliga a interrogar no sólo la violencia del hecho sino las condiciones democráticas que la vuelven pensable.
Distintos análisis advierten sobre la reaparición de matrices económicas y sociales que profundizan la desigualdad, y de procesos de desafiliación y fractura del lazo social.
Cuando se debilitan las instituciones de cuidado, se retraen las políticas públicas y se reinstalan respuestas centradas en la exclusión y el castigo, no solo se fractura el tejido social: también se erosionan los pactos democráticos que sostienen la vida en común.
En este marco, se vuelve fundamental fortalecer la democracia, reconstruir el tejido social y recuperar el rol del Estado como garante de derechos.
Si esto no se reconstruye, corremos el riesgo de caer en un proceso de deterioro que funcione como un “agujero negro”, donde el tiempo parece detenerse y todo es arrastrado hacia una lógica de destrucción.
Evitarlo es una tarea colectiva y decididamente urgente.
*Las autoras son trabajadoras sociales
[1] En Faro Digital @farodigitalok del 31 de marzo de 2026
[2] Graciela Frigerio. (2004). La educación en nuestras manos. Novedades Educativas.
[3] François Dubet. (2006). El declive de la institución. Gedisa.
[4] En @soysantimorales del 30 de marzo de 2026
[5] Byung-Chul Han. (2017). La expulsión de lo distinto. Herder.
