Con más de 7000 mil participantes, la audiencia pública por la rezonificación de Costa Salguero y Punta Carrasco terminó tras varias jornadas de exposición que se extendieron durante los meses de diciembre y enero, y donde el 98 por ciento de los participantes manifestó una postura contraria a la propuesta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El proyecto aprobado por la Legislatura porteña -en una primera lectura- prevé la venta del 26% de las 18 hectáreas de la Costanera Norte para construir un barrio náutico con edificios de lujo de hasta diez pisos. El resto será dividido en diversos sectores en los que se instalarán bares, restaurantes, pizzerías, cafés, cervecerías, heladerías, quioscos, comisarías, centro de atención primaria de salud, salones deportivos, estacionamientos, comercios minoristas de diversos rubros y hasta se planea la construcción de un helipuerto.
Los planteos de los vecinos destacaron la inconstitucionalidad del proyecto y la violación del Código de Planeamiento Urbano.
El poco espacio verde y la falta de acceso al espacio público que prevé el proyecto fueron los principales argumentos en contra que manifestaron casi la totalidad de los expositores. A su vez, los vecinos porteños señalaron la falta de planificación en torno a la cuestión ambiental y el cambio climático que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta pasa por alto, especialmente para mitigar los efectos de la isla de calor que sufre la ciudad.
La inconstitucionalidad del proyecto y la violación al Código de Planeamiento Urbano fueron otros de los denominares comunes de los planteos de los vecinos, al igual que la fuerte protesta contra el modelo privatizador de tierra pública del macrismo, que se agudizó en la gestión de Larreta.
En este sentido, Edith Jara, profesora de Geografía y educadora ambiental remarcó, al igual que varios expositores, que “desde la perspectiva legal, la Constitución, específicamente el artículo número 8, plantea que los espacios que forman parte del contorno ribereño son públicos y de libre acceso y circulación. En la misma forma se expresan el plano urbano ambiental y el código urbanístico”.
Otro cuestionamiento que se escuchó en reiteradas ocasiones fue el modelo extractivista que lleva adelante el gobierno porteño, que considera que los espacios públicos son absolutamente sacrificables en función del crecimiento de la ciudad y los negocios inmobiliarios.
“A quién le sirven las torres, les sirven a unos pocos millonarios que buscan hacer negocios, no les sirven a las mayorías populares. Este proyecto es un negocio más de Larreta que se desarrolla a costa de los bienes públicos, que son del pueblo”, enfatizó Matías Salvador, otro vecino porteño.
Falta de espacios verdes e impacto ambiental
Otro de los argumentos planteados por los expositores fue la falta de espacios verdes de uso público que tiene la Ciudad de Buenos Aires con relación a otras ciudades de Latinoamérica.
Para el gobierno de la Ciudad, los espacios públicos son sacrificables en función de los negocios inmobiliarios.
En este sentido el arquitecto Javier Ayesa sostuvo que en lugar de planificar la venta de espacios verdes en la ciudad, deberían incrementarlos.
“No nos podemos dar el lujo de perder un metro cuadrado más, por el contrario, deberíamos buscar la manera de incrementarlos. No cualquier espacio verde, que sea extenso, de calidad, de uso masivo y el gobierno debe asegurar su accesibilidad y seguridad”, manifestó.
“La pérdida de espacios verdes, sumado a los metros cuadrados construidos, incrementará el efecto de la isla de calor, aumentará los problemas de inundaciones, debido a lo insuficiente de los terrenos absorbentes, volviendo insostenible la vida en la ciudad en un contexto de cambio climático”, agregó el investigador y docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UBA).
Finalmente, Ayesa señaló que “los espacios verdes no pueden ser lo que quede disponible luego de hacer negocios” y que este proyecto “lleva a convertir a la ciudad, en una ciudad de cemento, no en una ciudad verde como permanentemente dicen”.
La ex comunera Camila Febe Rodríguez coincidió con varios expositores en señalar que “el proyecto muestra una irresponsabilidad ambiental y climática alarmante”.
“La ciudad de Buenos Aires, es la ciudad de Latinoamérica con más déficit de espacios verdes después de Lima, posee por habitante 3,9 metros cuadrados verdes, aunque la ciudad diga que tenemos 6,2. Lo cierto es que tenemos la mitad. La ciudad cuenta canteros, cuenta paredes, que para nada son espacios verdes que podemos habitar los ciudadanos”, subrayó.
“El proyecto muestra una irresponsabilidad ambiental y climática alarmante” (Camila Febe Rodríguez).
Además, sostuvo que “vivimos en una ciudad que atraviesa olas de calor, donde la temperatura no baja los 24 grados en la noche. Las ciudades pueden adaptarse a las olas de calor, y pueden mejorar el efecto isla de calor, solo tienen que proponérselo”.
La docente, psicóloga y vecina del barrio de Once, Paola Urquizo, sintetizó la problemática de la falta de espacio verde de su barrio, en la frase: “El espacio verde que disfrutan mis hijos son las diez macetas que tengo en mi balcón”.
“La densidad de población en CABA es de 14000 habitantes por kilómetro cuadrado, pero en algunos barrios llegamos a 32.500 habitantes por kilómetro cuadrado”, sentenció Urquizo.
Desautorización de ANAC
Otro de los argumentos que sostuvieron parte de los oradores para manifestar su oposición al proyecto fue el dictamen de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). El organismo se pronunció, el 25 de noviembre pasado, en contra de la iniciativa del Gobierno porteño porque “atenta contra la seguridad aeronáutica”.
El dictamen de la ANAC especifica que la construcción “vulnera los límites de altura establecidos por la superficie de ascenso en el despegue” por la cabecera sur de la pista del Aeroparque metropolitano Jorge Newbery y, además, “vulnera los límites de altura establecidos por la superficie de protección al sistema de iluminación de aproximación, conocido como ALS”.
Finalmente, el dictamen indica que “no se autoriza el emplazamiento” del proyecto “en la zona y con las alturas proyectadas” y advierte que “deberán tenerse presentes las recomendaciones respecto a la utilización de terrenos lindantes a aeródromos públicos, en relación con el ruido generado por las operaciones aéreas y los riesgos por accidentes aeronáuticos”.
El silencio de la FADU
Desde el colectivo de arquitectas en defensa de las tierras públicas cuestionaron la ausencia de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UBA) en la discusión por la venta de terrenos de la Costanera. La arquitecta Victoria Baeza (UBA) fue una de las que expuso una fuerte crítica al señalar que “tiraron la piedra y escondieron la mano”.
“La FADU no puede tirar la piedra, organizando el concurso, y después esconder la mano” (Victoria Baeza).
“Me avergüenza que siendo la FADU una de las instituciones académicas con mayor competencia para expedirse sobre el uso de las tierras públicas de la ciudad, y además una de las que organizó el concurso de IDEAS Buenos Aires y el Río-Parque Salguero -que si bien es no vinculante está siendo usado por el Gobierno de la Ciudad para avalar la venta de la tierra pública- no haya emitido opinión en esta audiencia, y se haya negado a su tratamiento en la sesión de su Consejo Directivo del día 18 de diciembre de 2020. No pueden tirar la piedra, organizando el concurso y después esconder la mano”, cuestionó Baeza.
Al finalizar las exposiciones, la legisladora del Frente de Todos, Lucia Cámpora, saludó a los trabajadores de la legislatura por las 30 jornadas de audiencia pública y a los expositores que participaron, en tanto aseguró que el 98 por ciento rechazó la propuesta de Costa Salguero que presentó Cambiemos. Igualmente, Victoria Roldan Méndez, diputada del Pro, valoró la histórica jornada y agradeció a los participantes.
Si bien se dio por concluida la audiencia pública, mañana, cinco participantes que no pudieron exponer tendrán la posibilidad de presentar sus opiniones.
