Mientras el grueso de la familia judicial, tanto en la Argentina como a nivel regional, hace silencio ante el avance del lawfare –y de esa forma lo habilita–, un grupo de magistradas y magistrados advirtió sobre el peligro que implica para América Latina la consolidación de un dispositivo de persecución que pone en riesgo la democracia. “Las prácticas de lawfare no son sino actos de fuerza contra el orden institucional, ejercidos sobre la sociedad a través de la acción conjunta de los tribunales y la prensa, para torcer el rumbo del proceso democrático y burlar la voluntad popular”, alertó el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana. Desde este colectivo, surgido en 2019 y referenciado en las ideas del Papa, propusieron que, “así como en las post-dictaduras se crearon Comisiones Nacionales de investigación, en el post lawfare es imprescindible estructurar una investigación integral de las prácticas e impedir que prosigan”.
En el caso argentino, esta declaración llega en medio del escándalo político-judicial que desató la llamada Operación Olivos, luego de que una serie de artículos periodísticos expusiera las reuniones que Mauricio Macri mantuvo durante su presidencia con jueces y fiscales que impulsaron las causas contra Cristina Fernández y varios de sus exfuncionarios.
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En un documento titulado “Detectar y neutralizar el lawfare para preservar la democracia y los derechos sociales”, el Comité remarcó “la evidente motivación político persecutoria de las causas abiertas contra algunos expresidentes y otros funcionarios, la grosera manipulación probatoria, el uso extorsivo de la delación premiada, la siniestra relación simbiótica entre algunos agentes de prensa y miembros de la inteligencia, y la evidente parcialidad de los investigadores y juzgadores involucrados”. También hizo referencia al “uso de la prisión preventiva como medio para inducir a falsos testimonios, la conformación de tribunales ‘ad hoc’ con miembros que no resultan de una regular integración, y el desplazamiento y la persecución de jueces que resistieron esas prácticas espurias”.
El colectivo está integrado por el juez porteño Roberto Andrés Gallardo –que ocupa la presidencia–, la jueza federal brasileña Ana Inés Algorta Latorre; la colombiana María Julia Figueredo Vivas, titular del Tribunal Administrativo de Boyacá; Janet Tello Gilardi, jueza Suprema de Perú e integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de ese país; Daniel Urrutia Laubreaux, juez de Garantías en Chile; y Gustavo Daniel Moreno, asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires.
En su comunicado, recordaron la preocupación expresada por el Papa Francisco en junio de 2019, durante la primera Cumbre Panamericana de Jueces, cuando habló del lawfare como “una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países, a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales”, que “además de poner en serio riesgo las democracias, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales”. En esa oportunidad, el jefe de la Iglesia Católica llamó a “detectar y neutralizar este tipo de prácticas, que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas”.
El Comité retomó esa figura del lawfare como “intervención exógena”, y detalló que “su manifiesta reiteración en diversos países con idénticas formas, mecanismos casi calcados y duplicación del modus operandi, explica la referencia papal”. Además, subrayó que “nuestra región sabe de esto porque fue sacudida históricamente por sucesivas formas de intervención extranjera” y que el agotamiento de la vía militarista “implicó la estructuración de nuevas tácticas para la consolidación de las viejas estrategias históricas”.
Los magistrados y magistradas convocaron a “desarticular esa conjunción operativa entre jurisdicción y prensa si es que queremos preservar nuestros sistemas democráticos y dar cauce real a la voluntad de los pueblos y su dignidad”. En ese punto, plantearon recuperar la experiencia de “las post-dictaduras”, cuando se establecieron comisiones para “dimensionar y denunciar los delitos cometidos y evitar su reiteración”, y que también en el “post lawfare” se proceda a “una investigación integral”, aclarando que “esa misión por cierto no puede estar en manos de los propios sospechados”.
En concreto, propusieron que estas comisiones ad hoc, “integradas por personalidades políticas, sociales, judiciales y de medios, con fuerte compromiso humano y social”, se aboquen a “trazar un perfil completo del accionar desplegado por estos grupos ilegales”, que luego será “la base de una o varias denuncias judiciales y también el fundamento para el desplazamiento de cada uno de los funcionarios judiciales implicados”.
Eso mismo pidieron replicar para “las corporaciones multimediáticas que hayan sido parte de esos procesos espurios”. Consideraron que, cuando sus “conductas antidemocráticas a través del lawfare fueran debidamente acreditadas por las Comisiones Investigadoras, deberían perder ipso iure la personería jurídica y las habilitaciones para operar”, entendiendo que “no puede el sistema democrático admitir la existencia de sociedades comerciales de prensa que asuman finalidades delictivas”.
Para concluir, el Comité Panamericano de Juezas y Jueces aclaró que “no se trata de encubrir reales actos de corrupción, que de existir deben ser castigados con todo el rigor de la ley”, sino que el objetivo es “impedir que la supuesta lucha contra la corrupción se constituya, en palabras de Francisco, en una práctica de positivismo situacional para socavar la democracia y la libertad”.
