Más allá de los previsibles cuestionamientos de los medios hegemónicos, la decisión del gobierno de declarar “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga, generó el inmediato respaldo de asociaciones de usuarios, especialistas en comunicación y un amplio sector de la dirigencia política y social.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, celebró la medida y consideró que “el acceso a datos es sinónimo de igualdad”. “La igualdad – destacó – parte por dar condiciones similares para todos y justamente los niveles de desigualdad comienzan de entrada y con el acceso a los servicios básicos”
“Con esta decisión se ve al Estado acompañando a los que menos tienen y sobre todo en estos momentos de pandemia, donde algunos pueden seguir el año escolar y otros no”, agregó Arroyo.
“En la pandemia quedó mucho más claro que los servicios de comunicación son esenciales”, afirmó Larroque.
Por su parte, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, calificó la decisión del gobierno como “algo lógico y natural” y destacó que el Frente de Todos “ganó las elecciones para traer mayor equidad”.
“Hay una construcción del sentido común de los grupos concentrados de poder para naturalizar cosas injustas. Venimos de 4 años de defasaje y estos grupos se beneficiaron con la concentración”, indicó Larroque.
“En la pandemia – agregó – quedó mucho más claro que los servicios de comunicación son esenciales. Lo que planteó el presidente es muy bueno. Iniciamos una etapa de reparación. Somos una fuerza política que apunta al equilibrio y a generar justicia social. Por venir de un defasaje tan grande, ciertos movimientos de equidad quieren ser presentados como abusos”.
Para la Unión de Usuarios y Consumidores, “es un cambio copernicano”.
El ministro de Defensa Agustín Rossi consideró que “esto no debería ser una sorpresa, sobre todo en un momento en que toda la comunicación virtual es imprescindible en el marco de la pandemia del coronavirus. Es una decisión importantísima del Gobierno”, afirmó.
El funcionario recordó que “no es la primera actividad económica que está regulada”, y que, “de hecho, la producción de hidrocarburos y las naftas están reguladas, los precios no están liberados al mercado”.
Al respecto, el vicepresidente del Enacom, Gustavó López, insistió que la medida dispuesta por el gobierno no significa que las tarifas serán fijadas por el Estado, sino que “esto habilita a que los aumentos de precios no sean unilaterales” por parte de las empresas.
“El acceso a la comunicación es un derecho, al que hasta ahora solo se podía acceder con el pago de un precio”, señaló Peñafort.
Asimismo, indicó que tras esta medida “no tendría que bajar ni la calidad del servicio ni las inversiones” por parte de las empresas, y que el congelamiento de tarifas hasta el 31 de diciembre responde a una situación de “excepción”, en el “contexto de la pandemia” de coronavirus.
“Es un cambio copernicano”, fue la categórica afirmación del director de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada. “Esta declaración de servicio público, donde el Estado recupera herramientas de control y regulación de precios, de calidades, de tipo, de servicios, de universalidad, nos abre una puerta a una transformación muy grande”, agregó.
La directora de asuntos jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, también celebró la decisión del gobierno nacional y recordó que “el acceso a la comunicación es un derecho, al que hasta ahora solo se podía acceder con el pago de un precio”.
“No es la primera actividad económica que está regulada, de hecho, la producción de hidrocarburos y las naftas están reguladas, los precios no están liberados al mercado”, recordó Agustín Rossi.
“No me cabe duda que esto se va a judicializar – consideró Peñafort -. Este tipo de empresas no son proactivas a aceptar la regulación estatal. El problema que tienen estas empresas es que ellas ya aceptaron otro DNU de Mauricio Macri para derogar buena parte de la Ley de Medios. El argumento de que no se puede regular el área audiovisual a través de un DNU tiene malos precedentes, porque ya aceptaron un DNU la gestión anterior”.
En este marco, el senador radical Julio Cobos también expresó su conformidad con la medida y consideró “razonable que si la telefonía fija es un servicio público, también lo sea la telefonía celular por el impacto social que tiene”.
El dirigente de la UCR agregó que “la tecnología distinta no es argumento suficiente para esa diferencia, el fin es el mismo”.
“Es razonable que si la telefonía fija es un servicio público, también lo sea la telefonía celular por el impacto social que tiene”, consideró Cobos.
Por su parte, el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, calificó el DNU presidencial como “la alegría del fin de semana”. “Que internet, la televisión y la telefonía celular sean considerados servicios públicos es una alegría. Es una decisión para aliviar el bolsillo de la gente”, señaló
El mandatario municipal advirtió: “Es un nuevo puntapié de gobierno. Estoy contento y esperanzado. Veo que no habrá colapso del sistema sanitario. La construcción de hospitales dio resultados. Hay que seguir y poner a la argentina de pie. Vamos a arrancar con todo”.
La decisión del gobierno sumó el respaldo del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien explicó que en su provincia “la empresa de Internet y de cable es una empresa estatal provincial. Es por eso que acompañamos la decisión del presidente. Las comunicaciones son servicios esenciales. El agua, la energía y las comunicaciones son servicios básicos”.
La oposición
Dirigentes de la oposición criticaron la decisión de calificar como servicio público a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga anunciada ayer por el presidente Alberto Fernández y evaluaron como negativa a la intervención estatal en ese sentido.
Para el jefe del bloque de senadores nacionales de Pro, Humberto Schiavoni, es “grave que se intervenga en un sector esencial que venía funcionando bien”. “No leí el DNU pero lo que termina pasando en estas situaciones es que el servicio no se presta o se presta en forma deficiente”, dijo el senador.
En tanto, la presidenta de PRO, Patricia Bullrich, consideró que la iniciativa “no se trata de una política pública errónea sino de una visión que tiene la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, respaldada en el modelo venezolano”. “Esa visión ahora también es compartida por Alberto Fernandez”, evaluó la exministra de Seguridad.
También se manifestó crítico de la medida el expresidente del Senado Federico Pinedo, quien consideró que “los precios de celular se pueden controlar por la emergencia que les votamos, pero no necesitan declarar internet como servicio público de titularidad estatal; es una barbaridad”.
