El anuncio del gobierno porteño sobre una inminente vuelta a las aulas para 5100 estudiantes sin conectividad, justo cuando la pandemia toca su pico de contagios, tiene un capítulo previo en la sintonía fina del PRO con la cúpula judicial de la Ciudad, sin que importen los riesgos o las vulneraciones. Un día antes de que el macrismo filtrara en la prensa su temerario plan de presencialidad, tres camaristas y una fiscal terminaron de sepultar el único intento concreto por ayudar a los miles de alumnos y alumnas que hoy están fuera de la educación virtual en el distrito más rico del país.
El 11 de agosto, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario (CAyT) revocó, por considerarlo “irrazonable” y fuera de sus facultades, lo resuelto en una acción de amparo por el juez Andrés Gallardo, quien había intentado darle una respuesta a las familias sin medios para la continuidad pedagógica en tiempos de pandemia, luego de que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no sólo hiciera oídos sordos al reclamo de estos vecinos, sino que además se negara a cumplir los fallos judiciales al respecto y desplegara todos sus recursos para boicotearlos.
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“Les vagues de Ctera no quieren que vuelvan las clases”, fue la provocadora afirmación de Finocchiaro.
Un día después de la revocatoria, el diario Clarín publicó que “desde el Gobierno porteño proyectan la vuelta para el 7 de septiembre”. El 14 de agosto, lo anunció el propio Rodríguez Larreta, durante una conferencia de prensa con el presidente Alberto Fernández. El rechazo de los gremios docentes fue inmediato, pero el PRO redobló la apuesta: “Les vagues de Ctera no quieren que vuelvan las clases”, bravuconeó desde Twitter Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación de Cambiemos.
Integrada por la camarista Gabriela Seijas y sus colegas Hugo Ricardo Zuleta y Esteban Centanaro, y recogiendo el dictamen de la fiscal Nidia Karina Cicero, la Sala III echó por tierra el “registro judicial de estudiantes con necesidades informáticas no satisfechas”, una herramienta creada por Gallardo para tramitar “las solicitudes de equipamiento informático y de conexión a Internet de las personas que integran el colectivo afectado”. Es decir, esas mismas chicas y chicos, que en muchos casos viven en las villas y los barrios más postergados de la Ciudad, que el PRO pretende que vuelvan a las aulas a pesar de una coyuntura epidemiológica acuciante, luego de negarse sistemáticamente a acatar la orden de garantizarles conectividad.
Con el registro que la Sala III desactivó –y que en el corto tiempo que estuvo vigente acumuló casi 2000 solicitudes–, el juez buscó sortear el bloqueo del Poder Ejecutivo local. Una y otra vez, la gestión de Rodríguez Larreta había incumplido la primera medida cautelar de Gallardo, que el 8 de junio dispuso brindar computadoras y conexión a las alumnas y alumnos de escuelas públicas o de gestión privada con cuota cero que sufrían la “brecha digital”, una situación denunciada por los más diversos actores sociales desde el inicio mismo del a cuarentena. Según el gremio docente UTE, sólo el 47% de los estudiantes del distrito puede mantener el contacto digital con las escuelas o sus docentes, en tanto que la respuesta del PRO era y es una vía burocrática que, en general, termina en el punto de partida: sin solución y sin Internet.
En lugar de garantizarles conectividad, el gobierno porteño pretende que 5100 estudiantes vuelvan a las aulas en el peor momento de la pandemia.
Ese abandono por parte de las autoridades dio origen al amparo impulsado por UTE, ACIJ, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Asesoría Tutelar y el Ministerio Público de la Defensa. Pero en lugar de buscar un abordaje a los reclamos, el macrismo se enfocó en apelar los fallos y atacar al juez con un combo clásico de argumentos: imparcialidad y excesos. De hecho, el PRO intentó apartar a Gallardo incluso antes de que tomara una medida. Y lo volvió a recusar cuando, tras 20 días sin ninguna respuesta, el magistrado declaró en “rebeldía” al gobierno porteño.
En ese sentido, no dejan de ser llamativas las razones del tribunal de alzada y de la fiscal para aceptar la apelación del macrismo. Esgrimiendo razones de alto respeto por la autoridad del Ejecutivo, se dejó de lado que el expediente tuvo su origen, justamente, en la pasividad y falta de políticas de ese mismo gobierno ante una evidente vulneración de derechos.
En su exposición, la camarista Seijas sostuvo que “la gravedad de los problemas sociales de nuestra Ciudad y su repercusión en el acceso a la educación no impide advertir la falta de razonabilidad de todas y cada una de las medidas adoptadas” por el magistrado. Hasta lo acusó de poner palos en la rueda: “No pueden omitirse los graves inconvenientes que ocasionan a la política educativa implementada para la emergencia las intempestivas y cambiantes intromisiones del juez de grado”. En la misma línea fue el camarista Centanaro, quien tuvo en mucha estima los esfuerzos del gobierno local: “Al dictarse la medida cautelar no se tuvieron en cuenta los diversos programas que, al día de hoy, pretenden facilitar el acceso a contenidos educativos”. ¿Qué dirían de estos argumentos tan puntillosos por la división de facultades los miles de estudiantes que desde mediados de marzo están sin clases porque no tienen conectividad?
Fiel a su estilo, Larreta apeló el amparo de UTE y otras organizaciones. Lo que sorprendió fueron las razones de la Cámara y de la fiscal para darle la razón.
De todo lo hecho en la causa, sólo quedó confirmada la suspensión de ciertos requisitos que la Ciudad había impuesto para solicitar una computadora y que se consideraron injustificados: ser beneficiario de la Asignación Universal por Hijo y de becas alimentarias y/o transporte escolar del Ministerio de Educación.
Un párrafo aparte merece la actuación del titular de la Asesoría Tutelar N° 2, Damián Natalio Corti, quien el 12 de mayo pasó de iniciar el amparo colectivo a pedir su suspensión porque había acordado una reunión conciliatoria con la Ciudad. Parece que los enviados fueron convincentes, porque luego Corti le manifestó al juez su voluntad de desistir, “por cuanto la respuesta que había recibido del Ministerio de Educación en su criterio daba cuenta de que el proceso se había tornado abstracto”. Si no fuera porque UTE adhirió al amparo colectivo, Corti hubiese “matado” la misma causa que inició.
Esta y otras actitudes repudiadas por los amparistas le valieron dos pedidos para apartarlo –uno fue rechazado y otro sigue bajo análisis de la Cámara– así como una inédita “no-recusación”. Se trata de la presentación de la madre de una alumna de 4° año de la escuela Mariano Acosta, quien criticó duramente el desempeño de Corti. “No voy a cometer la torpeza de recusar dos veces al mismo personaje en las mismas actuaciones, pero sí pedirle por favor al Sr. Asesor Tutelar que al menos tenga un poco de decoro”, comienza el escrito, y agrega: “No he visto ni una presentación del Sr. Asesor Corti tendiente al cumplimiento de la medida judicial. Después de intentar, sin lograrlo, herir de muerte este juicio, una y otra vez, con golpes certeros y bajos, hizo los contorsionismos necesarios para poder quedarse como asesor de este juicio en ‘interés’ de los que menos representación tienen”.
En cuanto a la fiscal ante la Cámara del fuero, la antes mencionada Cicero, su rechazo a lo hecho por Gallardo quedó en evidencia de inmediato, así como su apoyo a la postura del Ejecutivo, sin mayores intervenciones sobre qué hacer frente a las garantías que siguen siendo vulneradas. Con un cierto sentido fatalista, la fiscal sostuvo que nada puede reemplazar a la presencialidad de los alumnos en las aulas, ya que cualquier medida adoptada es un paliativo a la brecha digital y las asimetrías de la sociedad en materia educativa.
La suspensión de ciertos requisitos que la Ciudad había impuesto para solicitar una computadora fue lo único que quedó firme en la causa.
Sobre la orden inicial de entregar computadoras y conexión a los afectados, la consideró imposible de cumplir en los plazos fijados por Gallardo –que de todos modos nunca fueron respetados–, a la vez que, como replicaron los camaristas, le reclamó al juez no haber tenido en cuenta los programas dispuestos por la Ciudad.
Como en un déjà vu de formularios o un relato kafkiano, el mensaje de los camaristas y la fiscal para los actores y las familias afectadas es que todo sigue igual: “Ante la ausencia de respuesta o denegatoria fundada por parte del GCBA, cada interesado podrá formular los reclamos por las vías procedimentales o procesales pertinentes, de forma individual y por fuera del presente amparo”. Es decir, tienen que volver a reclamar su derecho a la educación ante el mismo gobierno que hace cinco meses no les da ninguna solución, salvo probar suerte volviendo a las aulas, mientras el Covid-19 arrecia.
