Con un pormenorizado relevamiento en diversos países de la región, la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF) advirtió sobre el endurecimiento sistemático del sistema penal adolescente en América Latina.
El documento emitido por AJUNAF registró situaciones concretas que en los últimos años se vienen dando en El Salvador, Ecuador, Perú y Argentina, en lo que definió como “una tendencia regional que viola los derechos humanos”.
El más grave de los casos relevados por la declaración de es la reforma constitucional aprobada en El Salvador el 16 de abril de 2026, que habilitó la pena de prisión perpetua para niñas, niños y adolescentes a partir de los 12 años.
Para AJUNAF, esta medida viola de manera directa la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos, y replica exactamente el esquema que ya en 2013 la Corte Interamericana de Derechos Humanos había declarado contrario al derecho internacional en el caso Mendoza y otros vs. Argentina.
Otros hechos bajo análisis son la Ley de Integridad Pública de Ecuador, aprobada en junio 2025 y que elevó la pena máxima para adolescentes a 15 años y dispuso para ciertos delitos su juzgamiento como adultos; y la Ley 27.801 de Argentina, en vigor desde marzo de 2026, por la cual se redujo la edad de punibilidad de 16 a 14 años.
Con casos de reformas penales ocurridas en El Salvador, Perú, Ecuador y Argentina, AJUNAF se refirió a “una tendencia regional que viola los derechos humanos”.
Para la Asociación, todas estas reformas comparten una misma lógica: el endurecimiento penal como respuesta a la demanda social de seguridad, sin respaldo empírico sobre su eficacia, frente a lo cual la organización que preside el asesor tutelar Gustavo Daniel Moreno reclamó el respeto irrestricto de los estándares internacionales de protección de la infancia.
En ese marco, destacó positivamente la sentencia 2/2026 del Tribunal Constitucional del Perú, que en diciembre de 2025 declaró inconstitucional la ley peruana que sometía a adolescentes al sistema penal adulto. “El tribunal no dice no lo juzguen, lo que dice es no lo hagan como si fuera un adulto”, señaló en su momento la presidenta del tribunal, marcando un criterio para zanjar los dilemas en torno a la materia.
En el convencimiento de que la única respuesta con eficacia sostenida frente al delito adolescente son las políticas de justicia restaurativa, prevención temprana e inclusión educativa, AJUNAF llamó a los organismos internacionales a actuar con urgencia frente al caso salvadoreño y, puntualmente, exigió que las garantías incorporadas en la normativa argentina sean aplicadas de manera efectiva.
