El juez federal Sebastián Ramos sobreseyó a jueces, funcionarios de la ciudad de Buenos Aires y empresarios del Grupo Clarín investigados por el viaje a la estancia del ciudadano británico Joe Lewis en Lago Escondido, Bariloche, en octubre de 2022.
El magistrado declaró la “nulidad de todo lo actuado”, según una resolución de 73 carillas.
Los sobreseimientos alcanzaron al fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; al exministro de Seguridad de ese distrito, Marcelo D Alessandro; al juez de la Cámara Federal de Casación Carlos Mahiques; al juez federal Julián Ercolini; y al penal económico Pablo Yaradola, entre otros imputados.
“Deviene ineludible proceder al archivo de estos actuados, atendiendo a que las evidencias sobre las cuales se delineó la denuncia fueron obtenidas en violación a garantías constitucionales y apoyar en ellas una sentencia judicial compromete la buena administración de justicia”, señaló la resolución del juez Ramos.
El magistrado concluyó que hubo sobre quienes viajaron a Lago Escondido para hospedarse en la estancia de Lewis “una actividad de seguimiento irregular que contó con la intervención de una Fuerza de Seguridad y otros organismos del Estado” y ello deriva en la nulidad de la causa.
“Las intromisiones injustificadas que formaron parte de ese accionar ilegal derivaron en la vulneración del derecho a la privacidad de quienes han sido denunciados”, concluyó.
También, sostuvo que “fue como resultado de esa maniobra ilícita que se produjo información, que fue brindada públicamente por redes sociales” y ello “terminó dando lugar a notas periodísticas replicadas en diversos medios”.
Entre los sobreseídos están además Leonardo Bergroth, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos del grupo Clarín, Pablo César Casey y Jorge Rendo.
Por otra parte, Ramos remarcó que en relación al viaje realizado el 13 de octubre de 2022 en un avión privado por las personas investigadas y la reunión que habría sido llevada adelante en la estancia Lago Escondido “no existen indicios de la comisión de un delito ni prueba alguna que permita dar apoyatura a dicha hipótesis”
“Por el contrario, se trata de acciones que deben quedar exclusivamente reservadas al ámbito de privacidad de los individuos”, concluyó.
