El vaciamiento de las empresas públicas, el deterioro de las condiciones laborales y la incertidumbre sobre proyectos estratégicos como CAREM y Atucha III encendieron las alarmas en el sector nuclear argentino, según denunciaron especialistas y representantes gremiales durante un conversatorio realizado en la AM 530, Somos Radio, en el que advirtieron sobre las consecuencias de las políticas impulsadas por Javier Milei en la soberanía energética y el desarrollo tecnológico nacional.
Con la coordinación de Roberto Caballero, Federico Basualdo, ex subsecretario de Energía; Ernesto Simionato, trabajador de Nucleoeléctrica Argentina; Martín Iofridas, secretario general de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), y Rodolfo Kemf, investigador del organismo, analizaron el impacto del ajuste y el avance de las políticas privatizadoras sobre un área que requiere inversiones sostenidas, planificación de largo plazo y continuidad de las políticas de Estado.
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“Estamos coincidiendo en la defensa de las empresas públicas, no solamente del sector energético, clave el sector nuclear en este sentido, sino en los sectores estratégicos de la economía que están atravesando un proceso de privatización”, afirmó Basualdo, quien planteó que la soberanía energética y la preservación de las empresas estatales son condiciones necesarias para cualquier proyecto de desarrollo nacional.
El ex funcionario ubicó la discusión sobre la energía nuclear dentro de un debate más amplio sobre el papel del Estado en la economía y la capacidad del país para sostener sectores estratégicos. Desde esa perspectiva, cuestionó que las políticas de privatización avancen sobre actividades que requieren inversiones de largo plazo y conocimientos técnicos que no pueden improvisarse ni recuperarse de un día para otro.
Uno de los testimonios más duros fue el de Kemf, quien describió las condiciones laborales que, según denunció, atraviesan los trabajadores de la CNEA. El investigador habló de hostigamiento, pérdida del poder adquisitivo y controles que afectan la vida cotidiana del personal.
“El día a día es un día a día de hostigamiento hacia los trabajadores y trabajadoras, con una pauperización salarial, con hostigamiento, por ejemplo, que el ingreso es con gendarmes armados, con armas largas, entrada y salida, hasta los táper nos revisan”, sostuvo.
Kemf también expresó su preocupación por la falta de presupuesto para proyectos de desarrollo tecnológico, entre ellos el reactor CAREM, una iniciativa de la CNEA orientada al diseño de reactores modulares pequeños. El proyecto forma parte de los esfuerzos argentinos por desarrollar tecnología nuclear propia, un campo en el que la continuidad de la investigación, la inversión y la formación de especialistas resultan determinantes.
En el debate también se advirtió sobre la salida de profesionales altamente calificados y el riesgo de que esa experiencia termine siendo aprovechada por empresas extranjeras, en lugar de contribuir al fortalecimiento de las capacidades nacionales. La pérdida de recursos humanos especializados, señalaron, amenaza con debilitar conocimientos acumulados durante décadas y dificultar la continuidad de proyectos que requieren equipos de trabajo estables.
Por su parte, Iofridas puso el foco en el futuro de Atucha III y en la disponibilidad de los terrenos previstos para una eventual nueva central nuclear. El dirigente gremial advirtió que las decisiones sobre esos espacios pueden condicionar la expansión del sistema nuclear argentino y limitar las posibilidades de desarrollar nuevos proyectos en el futuro.
“Lo que nosotros entendemos es que lo que quieren hacer es obturar el desarrollo nuclear argentino, impedir el emplazamiento de una nueva central nuclear en el único sitio habilitado que tiene la Argentina”, afirmó.
Su planteo apuntó a las consecuencias estratégicas que podría tener la pérdida de disponibilidad del predio previsto para Atucha III. Según la interpretación expuesta durante el conversatorio, la discusión no se limita al destino de un terreno, sino que compromete la planificación de nuevas instalaciones y la posibilidad de ampliar la capacidad nuclear del país.
La preocupación se inscribe en un escenario de incertidumbre sobre el futuro de la central. Atucha III no comenzó a construirse y la continuidad de los planes para ampliar el parque nuclear permanece en discusión. Para los trabajadores y especialistas que participaron del encuentro, la falta de definiciones y de una planificación sostenida puede comprometer una política energética que necesita horizontes mucho más amplios que los de una administración gubernamental.
Simionato, trabajador de Nucleoeléctrica Argentina, vinculó el rumbo del sector con la orientación general de la política económica y exterior del Gobierno. “Este gobierno ha transformado a nuestro país en una gerencia de Estados Unidos”, afirmó, en una crítica al alineamiento internacional de la administración de Milei y a las consecuencias que, a su entender, tiene sobre la autonomía nacional.
El trabajador también cuestionó la mirada de corto plazo con la que se discuten las inversiones públicas y reclamó una perspectiva capaz de contemplar las necesidades energéticas y tecnológicas de las próximas generaciones. “Lo importante es pensar a futuro, no en 4 años, hay que pensar en 70, 80 o 100 años, que es lo que se viene, no lo podemos evitar”, expresó.
La defensa de la soberanía tecnológica atravesó las distintas intervenciones y estuvo acompañada por cuestionamientos al papel de los intereses externos en el desarrollo industrial argentino. En ese marco, los participantes relacionaron el debilitamiento del sector con la persecución política de dirigentes como Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido, y sostuvieron que existen intereses que buscan limitar la capacidad del país para desarrollar tecnología nuclear propia. Esas afirmaciones formaron parte de las interpretaciones políticas planteadas durante el conversatorio.
El debate volvió así sobre una de las principales tensiones que atraviesan la política energética argentina: la relación entre la participación estatal, la inversión privada y la continuidad de proyectos que requieren décadas de desarrollo. Para los expositores, el futuro nuclear no puede evaluarse únicamente en términos presupuestarios o empresariales, porque también están en juego la formación de profesionales, la investigación científica y la posibilidad de sostener una industria de alto valor tecnológico.
En el cierre, Caballero reivindicó la tradición de lucha de los organismos de derechos humanos y la necesidad de sostener una posición crítica frente al poder. “Hebe nos enseñó que hay que ir siempre contra la corriente”, afirmó, y destacó la importancia de recuperar esa tradición política en el debate público.
