Se dice que el acuerdo con el FMI contendría un compromiso para incentivar la prolongación “voluntaria” de la edad jubilatoria. Es necesario recordar que eso ya se hizo: la reforma previsional macrista del 2017, plasmada en la ley 27.426, que modificó el índice de movilidad de los haberes, y los artículos 252 y 253 de la ley de contrato de trabajo.
Esta idea viene de la mano de producir un alivio fiscal a las erogaciones que tiene el sistema previsional por pago de prestaciones, dado que de tal modo lxs trabajadorxs permanecerían activos más años.
Prolongar la edad jubilatoria produciría un incremento de la población económicamente activa, agudizando el problema del desempleo.
La idea es errática, pues produciría un incremento de la población económicamente activa (PEA), agudizando el problema del desempleo. La cuestión es más compleja si tenemos en cuenta que el FMI propone frente al desempleo la aplicación de políticas focalizadas (planes) y no el reconocimiento de derechos universales.
Esto va al revés de la década pasada, en que se incrementaron los haberes jubilatorios mejorando la tasa de sustitución y ampliando la cobertura previsional a más del 90%.
Y va a contramano de un debate que se abre a tientas: la reducción de la jornada laboral. Achicar la jornada laboral semanal y diaria para repartir las horas de trabajo y crear empleo debiera ser la consigna de la hora; y en el mismo sentido, acortar la vida laboral de nuestras trabajadoras y trabajadores para que se jubilen más pronto.
Achicar la jornada laboral semanal y diaria para repartir las horas de trabajo y crear empleo debiera ser la consigna de la hora.
En suma, desahogar el mercado laboral, aprovechando el exponencial aumento de la productividad de las últimas décadas: hoy un o una trabajadora producen en 8 horas diarias, 48 horas semanales o hasta los 65 años, infinitamente más que lo que producían nuestros padres y madres.
La discusión no es de qué manera convertimos al mercado de trabajo en una playa de estacionamiento previa a la jubilación (y donde muchos estén a la intemperie), sino definir quién se apropia del incremento de la productividad, cuyos beneficios se pueden volcar en la creación de trabajo y el reconocimiento de derechos universales para nuestros mayores adultos.
* El autor es abogado laboralista.
