Arrancamos el 2021 con aborto legal. A partir del 24 de enero, cuando entró en vigencia la ley 27610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, pudimos empezar a vivir lo que implica conquistar un derecho que cambia la vida de las personas de forma real y concreta. Si nos emocionamos es sobre todo porque sabemos que es un derecho que conquistamos organizadas de forma transversal detrás de una consigna impresa en el pañuelo verde de la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, además de ser actrices fundamentales en la oposición al neoliberalismo y el triunfo de un gobierno popular que busca ser democrático y feminista y que acompañó esa conquista.
El nuevo sistema de salud tiene que ser feminista para transformar la violencia y exclusión del actual, que está pensado y organizado para el privilegio de pocos.
Sabemos perfectamente que con la sola sanción de la ley no garantizamos el derecho a decidir en todo el país y que estamos lejos de derribar el patriarcado.
Los femicidios continúan aumentando y casos como el de Úrsula, en el que falló todo, nos hacen replantearnos hacia dónde tenemos que direccionar los vientos transformadores si ya pasaron casi 6 años desde el primer Ni Una Menos y nos siguen matando.
Ya pasaron casi 6 años desde el primer Ni Una Menos y nos siguen matando.
La creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad es, sin dudas, un gesto que implicó la jerarquización de la cuestión. Pero no alcanza. Necesitamos más feministas populares en espacios de gestión estatal con poder para tomar decisiones y un feminismo popular que busque territorializar y estar cada vez más cerca de les más excluides, tendiendo puentes entre las necesidades de la comunidad y los derechos que debe garantizar el Estado.
Además, necesitamos reformar la justicia en clave feminista, modificar la capacidad de reacción frente a las situaciones de riesgo cierto e inminente, unificar los registros nacionales de denuncia. Pero sobre todo necesitamos repartir la torta.
Tenemos un 40% de pobreza del cual la mayoría son mujeres, lesbianas, travestis y trans. Aunque contamos con estadísticas binarias que no nos permiten reflejar la situación de la población trans y travesti sabemos que esta es aún más crítica. Si vemos entre las personas más pobres, el 63% son mujeres cis, si en cambio vemos las personas más ricas, ese porcentaje se invierte y el 63% son varones cis. Esto se debe a múltiples factores, pero uno crucial y sobre el que tenemos que trabajar de forma urgente es la distribución de las tareas de cuidado que recaen principalmente sobre mujeres, lesbianas, travestis y trans; estas tareas, imprescindibles para el sostenimiento de la vida, son realizadas por nosotras de manera no remunerada (y cuando se realizan a cambio de un salario, se da bajo condiciones de extrema precarización), limitando a su vez las posibilidades de inserción laboral (razón por la que las mujeres cis cuentan con peores ingresos y más dificultades de ascenso laboral que los varones cis). El 88% de los hogares monoparentales está a cargo de mujeres. La pandemia por Covid 19 y la crisis consecuente demostró que estas tareas de cuidado son la columna vertebral de la reproducción de la vida, con las compañeras sosteniendo los comedores en los barrios populares, las promotoras de salud yendo casa por casa y, por supuesto, quienes trabajan en salud, campo sumamente feminizado.
Necesitamos más feministas populares en espacios de gestión estatal.
En diciembre, en el Encuentro Nacional de Salud, Cristina planteó la necesidad de repensar el sistema de salud, buscando uno que sea más justo e igualitario. Ese nuevo sistema de salud tiene que ser feminista para transformar la violencia y exclusión del actual, que está pensado y organizado para el privilegio de pocos. Las feministas tenemos que ser parte de la discusión y de la toma de decisiones. Que las prácticas feministas sean política de Estado y al mismo tiempo que el feminismo se apropie de discusiones elementales para nuestro pueblo como la construcción de un sistema nacional integrado de salud. El ejercicio del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y la gestión de la pandemia son la puerta para pensar un mayor acceso a la salud. A una salud feminista.
*Médica, integrante de la Red de profesionales por el derecho a decidir. Realizó la primera interrupción legal del embarazo tras la sanción de la ley, al prescribir misoprostol para una paciente que solicitó un aborto.
