El 8 de mayo de 2012, el Congreso de la Nación Argentina instituyó por ley el “Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional”. La fecha remite a la masacre de Ingeniero Budge, ocurrida en 1987, cuando tres jóvenes fueron asesinados por efectivos policiales en un caso que se convirtió en símbolo de la violencia estatal en democracia. Desde entonces, la lista luctuosa no dejó de crecer y fue sumando nombres marcados por el dolor y la memoria colectiva: Walter Bulacio, Sebastián Bordón, Santiago Maldonado, el vecino de Vicente López, Octavio Buccafusco, los pibes de Barracas que volvían de jugar al fulbito y el más reciente hecho de violencia institucional, Pablo Grillo, que salvó su vida por poco… Y tantos otros anónimos cuyas historias quedaron atravesadas por el abuso de poder y la impunidad.
Todos ellos podrían encabezar, como ocurre en numerosas novelas policiales, el título de “El caso…”, seguido del nombre tristemente popularizado de la víctima (“El caso Bordón”, “El caso Bulacio”, eterno etcétera), configurando una trama en la que el crimen deja de ser un mero artificio literario para transformarse en una clave de lectura de la realidad política.
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La novela policial clásica terminó cruzándose con la compleja realidad y enseñándonos a leer el poder, la violencia y el encubrimiento en clave de novela negra. No es casual que, en estas tierras, Rodolfo Walsh —autor del Caso Satanowsky y Operación Masacre— haya sido también traductor de Raymond Chandler, uno de los grandes maestros del género.
Tampoco es casual que Walsh fuera desaparecido en 1977, luego de difundir su histórica “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar”, mientras trabajaba en su último texto (también desaparecido junto a él), Juan se iba por el río, en plena dictadura militar-cívico-empresarial.
La violencia institucional es la forma de daño que ejerce el Estado —o quienes actúan en su nombre— cuando abusa del poder que le fue conferido. No se trata de la violencia entre particulares, sino de aquella que emerge desde la propia estructura institucional: sus normas, sus prácticas o sus agentes. A diferencia de la violencia común, la institucional posee un rasgo distintivo y más profundo: proviene de una posición de autoridad y se legitima bajo el amparo de la ley, el orden o la burocracia. Puede expresarse en el accionar de la policía, la cárcel, los juzgados, un hospital, una escuela o incluso organismos administrativos como la AFIP o la ANSES. Su gravedad radica en que quien la padece no enfrenta solamente a una persona, sino a un sistema del que resulta difícil sustraerse sin consecuencias.
Las fuerzas de seguridad suelen escudarse detrás de la lógica del procedimiento: “es protocolo”, “son las normas”, “figura en el expediente”. Esa burocratización del abuso vuelve la violencia institucional más difícil de identificar y denunciar, sobre todo frente a una ciudadanía que muchas veces desconoce mecanismos jurídicos y administrativos que le resultan ajenos o excepcionales. La desigualdad está inscripta en el propio diseño del vínculo: ningún ciudadano dispone del mismo tiempo, los recursos ni el poder que posee una institución estatal.
En ese marco, resulta valiosa la iniciativa impulsada por el diputado Horacio Pietragalla Corti, quien retomó y dio continuidad a un proyecto originalmente presentado por la diputada Paula Penacca. La propuesta expresa una coherencia política altamente valorable; sostener en el tiempo una agenda vinculada a los derechos humanos y a la lucha contra la violencia institucional.
El objetivo es construir una batería de herramientas legales e institucionales que permitan garantizar los derechos de la población frente a los abusos de poder y la ausencia de controles efectivos, condiciones que solo favorecen la arbitrariedad. En un gobierno como el actual, ese vacío difícilmente pueda interpretarse como un accidente: se transforma, más bien, en el terreno propicio para la expansión de nuevas formas de abuso.
El nuevo poder que hoy se despliega sobre la sociedad parece rechazar toda mediación democrática, todo límite institucional capaz de obstaculizar la consolidación de un modelo económico concentrado y oligopólico. Incluso aquello que luego será presentado como “daños colaterales” revela, en realidad, una lógica deliberada.
El proyecto fue presentado por Mariano Przybylski —abogado y exdirector nacional de Políticas contra la Violencia Institucional— ante un panel integrado por Alan Iud, del Comité contra la Tortura; Mario Santucho, de Mapa de la Policía; Emelina Alonso, del Ministerio Público de la Defensa; Miriam Medina, mamá de Sebastián Bordón; y Fabián Grillo, padre de Pablo, el fotoperiodista herido por las fuerzas de “inseguridad” del gobierno de Milei.
El proyecto de ley propone una batería de medidas orientadas a prevenir, registrar y reparar los casos de violencia institucional, fortaleciendo los mecanismos de control sobre las fuerzas de seguridad y ampliando las herramientas de protección para las víctimas. Entre sus principales puntos, se destacan:
• La recepción directa de denuncias por parte del Estado a través del 911 y las redes sociales y otros sistemas accesibles, con el objetivo de facilitar el acceso de las víctimas y evitar que deban denunciar en el mismo ámbito donde ocurrieron los hechos, como sucede con frecuencia en las comisarías.
• La creación de un Observatorio de Violencia Institucional, acompañado de un sistema estadístico nacional que permita registrar, diagnosticar y visibilizar la magnitud de estos episodios.
• La asistencia integral a las víctimas, incluyendo representación legal, medidas de protección, atención médica inmediata y la obligatoriedad de realizar pericias médicas dentro de las primeras 48 horas, de ocurridos los hechos.
• El acompañamiento psicosocial y jurídico sostenido para víctimas y familiares, garantizando un abordaje interdisciplinario desde el Estado.
• La implementación de mecanismos de reparación económica para las víctimas, equiparables a los previstos en casos de crímenes de lesa humanidad, mediante trámites administrativos ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
• La incorporación obligatoria de formación en derechos humanos y derechos de las víctimas en las academias y espacios de capacitación de las fuerzas de seguridad.
• La prohibición de portar armas reglamentarias fuera del horario de servicio, obligando a los agentes a recurrir al sistema de emergencias 911 como cualquier otro ciudadano.
• La revisión periódica de la salud mental del personal armado, entendida como una condición indispensable para el ejercicio de funciones de seguridad.
• La utilización de armas no letales en manifestaciones públicas, junto con la identificación visible de los responsables de los operativos y la incorporación de instancias de mediación en situaciones de conflicto social.
El proyecto también incorpora un capítulo específico sobre salud mental, obligando a las fuerzas de seguridad a identificar y actuar adecuadamente frente a personas atravesadas por padecimientos psiquiátricos. La medida cobra especial relevancia tras episodios recientes, como el ocurrido en Vicente López, donde un vecino murió luego de ser reducido por efectivos policiales en un procedimiento marcado por el uso desproporcionado de la fuerza. Y no la intervención competente del personal de salud.
Pensar una nueva estatalidad —todavía con la expectativa de que las cosas puedan transformarse— implica comprender que la lucha contra la violencia institucional no puede depender de coyunturas políticas ni de voluntades circunstanciales. Se trata de una de esas obligaciones que los gobiernos democráticos deberían asumir como políticas de Estado permanentes e inviolables.
En la exposición de Emelina Alonso, coordinadora del Programa contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, emergió un diagnóstico alarmante: dos de cada diez personas detenidas en la Ciudad de Buenos Aires sufren violencia institucional; entre las personas en situación de calle, la cifra asciende a cuatro de cada diez; y entre quienes son acusados de “resistencia a la autoridad”, alcanza a cinco de cada diez. Superpuestas ambas ultimas categorías, el resultado es brutal: prácticamente la totalidad de quienes atraviesan esas situaciones padecen algún tipo de violencia estatal. Las cifras exponen con crudeza una política de persecución sobre la pobreza urbana, los trabajadores ambulantes y quienes desarrollan actividades informales en el espacio público.
El discurso del poder parece haber dejado de pensar, para limitarse únicamente a defenderse, encerrado en una ficción construida sobre sí misma. La realidad queda subordinada a la necesidad de preservar una narrativa oficial que se sostiene aún a costa de negar los hechos. Si esa escenografía se resquebrajara, las imágenes de la virtualidad funcionarían como el retrato de Dorian Gray: mostrándonos la monstruosidad de pelucas corroídas, sin estéticas superiores de ningún tipo, bajo captura cenital de la imagen decadente y final.
El Estado fue concebido, entre otras cosas, para limitar la violencia entre particulares y garantizar condiciones mínimas de convivencia. Cuando es el propio Estado quien ejerce esa violencia, se erosiona el último espacio de protección al que la sociedad podía recurrir. El monopolio estatal de la fuerza solo encuentra legitimidad si permanece regulado por la ley, controlado democráticamente y subordinado a una orientación política emanada de la voluntad popular y del debate público de sus representantes. Bienvenida sea esta ley.
*Presidente de Nuevo Encuentro (C.A.B.A.)
