Rodolfo Tailhade es diputado nacional del Frente de Todos y miembro de la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso. Desde su mirada, los episodios de espionaje que se revelaron en los últimos días exponen la responsabilidad política de Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por el carácter “orgánico” de los agentes de la AFI involucrados en la causa que impulsa el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena.
Para Tailhade, “no fue sólo una violación a la Ley de Inteligencia. Es una organización muchísimo más grande, con el poder político tomando decisiones que ejecutaban medios y Poder Judicial”. Por eso, ante la multiplicidad de expedientes que se fueron abriendo, consideró que “hay demasiados, está todo muy disperso”, y advirtió que “se corre el riesgo de que haya pronunciamientos contradictorios”.
En cuanto al rol de los periodistas que están siendo mencionados, planteó que “el problema es si sabían o no del origen ilícito de la información” y opinó que el modelo judicial a seguir es lo ocurrido con Daniel Santoro en el caso del falso abogado Marcelo D’Alessio. “Está claro que no va a haber ninguna imputación a un periodista que no tenga que ver específicamente con una maniobra delictiva”, sostuvo.
“Acá aparece una estructura orgánica. No hay demasiado margen para la teoría del ´cuentapropismo´ o de ´la patrulla perdida´”.
– Si se toman los últimos hechos conocidos, ¿tienen algún rasgo distinto respecto de los casos previos de espionaje que involucraron al PRO?
– No, nada que salga, digamos, de lo normal. Lo que sí surge en la causa de Lomas de Zamora y es diferente a lo que venía apareciendo, por ejemplo, en el caso D’Alessio, es que está absolutamente claro que se trataba de agentes que trabajan en la AFI. En la banda de D’Alessio, la estructura era más que nada dirigida por él y no eran formalmente orgánicos. Acá aparece una estructura orgánica, es decir, sin posibilidad de que el macrismo se haga el tonto mirando para otro lado, diciendo que no la conocía. No hay demasiado margen para la teoría del “cuentapropismo” o de “la patrulla perdida”.
– ¿Cómo debería seguir la investigación para evitar que las causas se diluyan?
– Creo que la investigación está bien consolidada en dos ejes de trabajo: el judicial y el parlamentario. Se tiene que poner todo el esfuerzo en esas dos líneas. En lo judicial, no sólo en Lomas de Zamora, sino en todas las causas abiertas en relación a este tema, donde creo que debería haber una mejor organización. Hay demasiados expedientes, está todo muy disperso, atomizado, además de que uno ya desconfía de la Justicia Federal de por sí, porque no tiene capacidad investigativa en términos materiales y de recursos humanos, y tampoco tiene demasiada vocación de investigar a los servicios de inteligencia, porque siempre han sido cómplices. Más allá de eso, hay que organizar mejor todas las denuncias, porque en definitiva todo se trató de una gestión delictiva en el organismo máximo de la inteligencia argentina. Que haya una causa por pinchar mails, otra por esto y otra por aquello, me parece que no aporta al objetivo de entender la operatoria integral y se corre el riesgo de que haya pronunciamientos contradictorios: un juez que diga que tal cosa no fue irregular y otro que diga que sí. Todo eso es un riesgo para lo que se tiene que encontrar acá, que es un relato que dé cuenta de cómo sucedieron los hechos en la AFI entre 2015 y 2019.
“Habrá que ver desde la responsabilidad penal si se dan los presupuestos para considerar a los periodistas cómplices, partícipes”.
– ¿Y en cuanto a la Bicameral de Inteligencia? ¿Cuáles son los pasos?
– Tenemos que avanzar en la investigación de las responsabilidades políticas. Se tomó testimonio a varios miembros de esta estructura que han reconocido las operaciones ilegales y han explicado cómo era la dinámica de funcionamiento del grupo. Pero hay que recorrer todavía un camino bastante largo. Tenemos que encontrar efectivamente cómo fueron los hechos en el ámbito penitenciario. Hay indicios pero falta establecer bien cómo fue el cableado de las unidades, cómo escuchaban a los detenidos, cómo intrusaban la conversación con los abogados. Hay varias líneas por profundizar. Pienso que ese trabajo debería terminar en un documento contundente para mostrarle al Congreso y a la sociedad. Después, eventualmente, el Congreso deberá decidir si esto lo hacemos un poco más grande, porque no fue sólo una violación a la Ley de Inteligencia o que los agentes de la AFI son los malos de la película. Esto es una organización muchísimo más grande, con el poder político tomando decisiones que ejecutaban medios y Poder Judicial. Esa alianza tiene que ser investigada.
– ¿Y eso ya está ocurriendo?
– Hay una causa que está tomando bastante vuelo que es la de “la mesa judicial”, pero eso debería ser parte de lo que después el Congreso tome para ver cómo seguir. Esto llega hasta la máxima autoridad del Estado, que era el presidente Macri. El Congreso tendrá que ver si ponemos en marcha una comisión investigadora de todos esos hechos. Todavía hay varias cuestiones que tenemos que resolver, a medida que avance nuestro trabajo y se vayan conociendo más cosas de la gestión de Arribas y Majdalani.
“Majul es uno de los periodistas que más vinculación tenía con ese equipo, así como Santoro era el periodista con el cual la operación de D’Alessio tenía su consecuencia mediática”.
– Sobre el rol de ciertos sectores la prensa, algo que ya fue abordado en el caso D’Alessio, ¿qué lugar le asigna en estas nuevas investigaciones?
– Bueno, todavía desde la Bicameral no tenemos acceso pleno a la causa del juez Villena. Se nos envían partes que tienen que ver específicamente con nuestro trabajo. Pero entre lo que trasciende y lo que uno se va enterando, está bastante claro el rol de los medios. No sé si hay mucha diferencia con lo que se descubrió en Dolores respecto de cómo operaba Daniel Santoro. Aparecen algunos periodistas pero no tengo conocimiento preciso de qué elementos hay en la causa para involucrarlos o no. Por lo que trascendió, da la idea de un trabajo en conjunto más que de una función periodística de buscar información o recibirla y difundirla. Me parece que es un poquito más delicado para los periodistas que están siendo mencionados. El problema fundamental es si sabían o no del origen ilícito de la información o de la forma en que se obtenía. Por ahí pasa la clave. Al menos yo, no tengo demasiadas dudas de que de ninguna manera se podía pensar que era legal lo que estaba pasando. Habrá que ver desde la responsabilidad penal si efectivamente se dan los presupuestos para considerar a los periodistas cómplices, partícipes. En principio, hay elementos para la sospecha y la imputación.
– Desde que comenzó este caso, suena mucho el nombre de Luis Majul, conductor del programa La Cornisa.
– De Majul, al menos por lo trascendido, hay más elementos. Es uno de los periodistas que más vinculación tenía con ese equipo, así como Santoro era el periodista con el cual la operación de D’Alessio tenía su consecuencia mediática, y viceversa: sin D’Alessio, Santoro no tenía los elementos informativos para construir una nota. En cuanto a Majul, lo que se conoce, que no creo que sea lo único, es que hay una actividad del grupo de Alan Ruiz que fue desarrollada en función exclusivamente de su programa. Está la prueba de cómo se juntó todo el material que después él le pasa a Majul. Más allá de lo vinculado a la violación de la Ley de Inteligencia, lo que hay es una clara malversación de fondos públicos: ponen recursos del Estado en una cuestión estrictamente privada, para montarle un programa a un periodista. De por sí, hay un fraude al Estado que merece ser investigado.
“La Justicia Federal siempre fue cómplice de los servicios de inteligencia”.
– Una preocupación que rápidamente surge, y en lo personal consideró bueno que así sea, es que este tipo de causas no terminen volviéndose algo que se emplee para limitar la libertad expresión. ¿Qué medidas de cuidado se toman para que una cosa no se transforme en la otra?
– Por lo pronto, en la investigación de la que soy parte, sólo nos ocupamos de la violación a la Ley de Inteligencia por parte de agentes y autoridades de la AFI. Cuando invitamos a Carlos Pagni a declarar, que finalmente lo hizo por escrito, no teníamos ningún interés en preguntarle por sus fuentes ni por nada ligado a su trabajo. Lo convocamos porque José Luis Vila lo mencionó un episodio ligado a Gustavo Arribas, después de una nota muy picante que había sacado Pagni en 2017, donde decía que Arribas y Silvia Majdalani estaban conduciendo una Agencia dirigida a meterse en negocios y espionaje sobre empresarios. Vila relató que, después de esa nota, Macri lo llamó a Pagni para pedirle que se junte con Arribas y arreglaran los tantos. Se ven en la casa de Arribas, que era el departamento de Macri, y Pagni va con Julio César Saguier, presidente de La Nación. Ahí, Arribas le dice a Pagni que su problema es que se informa por Vila, que lo quiere reemplazar. Ese es el episodio que nos interesa, porque Vila entiende que la motivación del atentado que sufrió, del hostigamiento, tenía que ver con su supuesto interés de asumir como jefe de la AFI, algo que él niega.
– ¿Es decir que el objetivo no fue lo profesional sino estas intrigas?
– Nosotros buscamos determinar hechos, y a Pagni lo invitamos a declarar por eso. Más allá de que, por lo menos yo y Leopoldo (Moreau) también, estamos convencidos del rol de la prensa, de determinados medios, en la Bicameral no vamos a investigar eventualmente a un periodista.
“Hay que organizar mejor todas las denuncias, porque en definitiva todo se trató de una gestión delictiva en el organismo máximo de la inteligencia argentina”.
– ¿Y cómo debería tratarse este tema en los expedientes en curso?
– Me parece que está claro que no va a haber ninguna imputación a un periodista que no tenga que ver específicamente con una maniobra delictiva. Lo que pasó con Santoro tiene que ser un poco el escenario a replicar. Santoro fue puesto en conocimiento de que se lo consideraba, en principio, parte de la banda de D’Alessio porque ejecutaba algunas acciones que tenían lógica en las maniobras que se llevaban adelante. Acá, en el caso de Majul, que es el más conocido, evidentemente cumplió un rol en la operación contra los Moyano. Casi durante dos años estuvo siendo el órgano de difusión de todo lo que armaba la AFI en relación a Moyano. Prácticamente no había nada genuino, era todo armado desde la AFI. Por una cosa o por la otra, por Independiente, por sus supuestos negocios en Camioneros, todo lo armaba la AFI de Arribas y Majdalani con la cooperación mediática del programa de Majul. No conozco si el juez Villena tiene intenciones de citarlo a Majul de la misma manera que Ramos Padilla lo hizo con Santoro, pero si eso ocurre la cuestión va a transitar por esos carriles, de los hechos y no del trabajo estrictamente periodístico.
