Pablo Slonimsqui es abogado penalista, fue secretario en la justicia federal y además es escritor, una faceta en la que se ocupa de exponer los mecanismos del poder real en los tribunales de la Argentina. “Los funcionarios judiciales rinden mejor cuando actúan en banda, esto es un dato estadístico”, resume Slonimsqui, que en 2018 publicó Forum Shopping reloaded, su segundo libro, donde describe al detalle los resortes de la manipulación aplicada a los expedientes, con Comodoro Py como epicentro.
En estas prácticas, un insumo recurrente es el espionaje ilegal, como lo vienen demostrando los recientes escándalos ligados a la gestión Cambiemos. “En el caso del gobierno anterior, sorprende el grado de perversidad, el nivel de daño”, remarca el abogado.
Entusiasmado con algunas de las medidas que impulsó Alberto Fernández respecto de la justicia, Slonimsqui advierte que una verdadera reforma debe atacar la “acumulación de poder entre pocas personas” y desactivar el sistema por el que hoy se designa a los magistrados, al que considera “cuasi mafioso”.
“Los funcionarios judiciales rinden mejor cuando actúan en banda, esto es un dato estadístico”.
– ¿Cambió en algo la “familia judicial” con la pandemia? ¿O su forma de administrar el poder se mantiene, más allá de la cuarentena?
– No creo advertir cambio alguno. En todo caso, las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas por el Poder Ejecutivo nacional implicaron una alteración sustancial en la forma de trabajo del Poder Judicial, limitando su actividad al mínimo indispensable, pero en modo alguno sugieren la posibilidad de una modificación de los formatos esenciales, y horribles, que informan la tarea de los jueces.
– Desde la salida de Cambiemos y la llegada al gobierno del Frente de Todos, ¿qué se modificó en la relación del Ejecutivo y la justicia?
– La pandemia tiene demorada esta respuesta. Alberto Fernández impulsó medidas muy interesantes que, por razones obvias, quedaron relegadas en su agenda. Pero los nombramientos de Cristina Caamaño en la AFI, de María Laura Garrigós como subsecretaria de Asuntos Penitenciarios e interventora del Servicio Penitenciario Federal, y la propuesta de Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación sugieren que el presidente está dispuesto a chocar contra lo que sea en pos de democratizar esa relación.
– ¿Qué significaron las declaraciones que semanas atrás hizo Ricardo Lorenzetti sobre la duración de la cuarentena? ¿Fueron un intento de marcarle la cancha al gobierno?
– A mí me parecieron intrascendentes. No lo vi como una forma de presión, antes me pareció un recurso para renovar su protagonismo en ausencia de otras alternativas.
– Entre los procesos que la pandemia aplazó, uno fue la reforma judicial. ¿Nota al gobierno decidido en ese rumbo? ¿Comodoro Py va a negociar?
– Ojalá que sí, aun cuando me consta que en esta materia tanto la credulidad como la fe siempre conducen a lo peor. No me gustaría pensar que las iniciativas anunciadas puedan convertirse en un superficial maquillaje. El estado de cosas actual es insostenible. Enfrentarse con Comodoro Py no es algo atractivo, en el sentido que solemos darle a esa palabra. El hecho de que los integrantes de la justicia federal, en su mayoría, de férrea astucia aliada a la ausencia de todo escrúpulo, estén en condiciones de negociar las modificaciones nos dice mucho sobre la naturaleza del problema.
– ¿Qué debería incluir una reforma para no quedarse en el “maquillaje”?
– Creo que lo indispensable que debe incluir es la disolución de la acumulación de poder entre pocas personas, y evitar que los aspirantes a jueces pasen por el mecanismo cuasi mafioso que hoy existe en el Consejo de la Magistratura, que invita a la conspiración permanente. Está científicamente demostrado que los candidatos que triunfan en ese proceso de selección llegan a su cargo sin la menor reserva de independencia.
– ¿Lo sorprendieron las denuncias de aprietes que hicieron miembros de la justicia contra funcionarios de Cambiemos?
– No. Ninguna novedad en lo que a mí respecta. En nuestro país, la manipulación judicial, bajo cualquiera de sus formas, siempre encuentra un espacio por donde desplazarse. Me sorprende que no las conociéramos antes, por lo menos con el nivel de detalle que ahora tenemos. Gran responsabilidad de algunos medios de comunicación.
“En el caso del gobierno anterior, sorprende el grado de perversidad, el nivel de daño”.
– Con la muerte del juez Claudio Bonadio, la caída en desgracia del fiscal Carlos Stornelli y el rol más lateral de Lorenzetti, ¿se terminó una etapa judicial?, ¿se acabó la “doctrina Irurzun”?
– Naaaaa. Lo que seguramente va a disminuir son las prisiones preventivas arbitrarias. Pero difícilmente pierda vigencia un esquema que se caracteriza por la acción de jueces y fiscales actuando de manera coordinada en pos de un objetivo político. Los funcionarios judiciales rinden mejor cuando actúan en banda, esto es un dato estadístico, objetivo.
– ¿Qué opina del proyecto para sacar el manejo de las escuchas telefónicas del ámbito de la Corte Suprema y devolverlas a la Procuración General? ¿Ayudaría a controlar las pinchaduras ilegales?
– La lucha contra una actividad ilegal, en mi opinión, depende tanto de los mecanismos judiciales que puedan implementarse a tal fin como de la actitud de los encargados de ejecutarlo. En tanto los responsables del manejo de las escuchas telefónicas realicen su trabajo con seriedad, el ámbito donde lo desarrollen, por lo menos para mí, es intrascendente.
– En los últimos escándalos de espionaje ilegal quedó expuesto un esquema que une política, justicia, espías y sectores de la prensa. ¿Esto siempre fue así o es una novedad?
– Todos los gobiernos, de alguna manera u otra, han replicado este esquema. En el caso del gobierno anterior, sorprende el grado de perversidad, el nivel de daño y sobre todo, los pozos de hipocresía y estupidez. La aparición de micrófonos clandestinos en los lugares que un establecimiento penitenciario destina a las reuniones entre presos y abogados es el punto más alto, o más bajo, depende desde dónde se lo mire, en la degradación de un estado de derecho.
