El exjuez federal Carlos Rozanski, de los primeros en denunciar durante el gobierno de Cambiemos una persecución contra magistrados no alineados, aseguró que los casos de espionaje ventilados en los últimos días por la intervención de la AFI integran “planes concretos de Mauricio Macri” y son parte de “una gran asociación ilícita”. Incluso, afirmó que él mismo fue espiado por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich: “La información fue brindada por un dependiente directo de ella. Es incontrastable”.
En 2006, como presidente del TOC Federal Nº 1 de La Plata, Rozanski condenó a perpetua a Miguel Etchecolatz, y en 2007, a Christian von Wernich. En 2016, presentó su renuncia, acusando al PRO de forzar su salida. En la actualidad, dicta cursos de posgrado sobre abuso infantil.
A favor del retorno de las escuchas telefónicas a la Procuración General, el excamarista sostuvo que esa oficina había llegado a la Corte Suprema “en un marco de ilegalidad y nada menos que al juez Irurzun, con todo lo que sabemos sobre la ‘doctrina Irurzun’ en temas de persecución y represión”. También destacó que “ya no se aplicó nunca más finalizado el gobierno de Macri”, porque sino muchos de sus exfuncionarios “estarían todos presos”.
“Hay documentación que demuestra que fui espiado por Patricia Bullrich”, denuncia el exjuez federal.
– ¿Cómo evalúa la manera en que la justicia se adaptó a la pandemia?
– En general, se tomaron medidas adecuadas, porque se establecieron ferias judiciales. El problema es cómo se evalúa a situación. Preocupan algunas reflexiones, como las que hizo el ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti sobre la duración de la cuarentena, porque se corre el eje central y único que debería tener cualquier conversación sobre este tema.
– ¿Se refiere al cuidado de la salud y la preservación de la vida?
– Absolutamente. Hablamos de una pandemia, con cientos de miles de muertos en todos lados, que requiere medidas extraordinarias. O sea, la cuarentena dura lo que la seguridad de la salud de la población requiera. Pero se generan polémicas y es preocupante. Son polémicas generadas desde los medios hegemónicos y otras instituciones también hegemónicas.
– ¿Qué rol tiene la justicia en la presión para levantar la cuarentena?
– Fijate que, días atrás, un grupo de inadaptados se reunió en el centro de una ciudad en cuarentena que no permite ese tipo de manifestaciones, pero ni un solo policía les pidió un permiso. En el mismo momento, metían preso a un rabino con una pareja que se estaba casando, lo que me pareció correcto, porque es la actitud que hay que tener frente a un riesgo de salud. Lo que no puede tolerarse es no hacer lo mismo con estos tipos que estaban en la plaza o en el Cabildo. Pero no es una actitud casual, porque sucede en una ciudad con un jefe de Gobierno como Horacio Rodríguez Larreta.
– ¿Es el juego propio del Poder Judicial para accionar políticamente?
– Sí, un juego propio pero con un enlace siniestro. El jefe de los fiscales de la Ciudad es Juan Bautista Mahiques, el sicario de Macri en el Consejo de la Magistratura durante cuatro años. Fue quien instrumentó la persecución a los jueces, a mí, Rafecas, Freiler, a todos. Y eso se hizo en consonancia con Jorge Lanata, que lo anunció y después Mahiques ejecutó el plan. Ese es el jefe de los fiscales que debería haber frenado la manifestación riesgosa de esta gente, que violaba el Código Penal. En ese sentido, la Corte no está alejada de todo esto, empezando por su presidente, Carlos Rosenkrantz.
– Los Mahiques son un apellido fuerte en la “familia” judicial.
– El papá es Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, a donde llegó sin concurso, en una maniobra de Macri. Junto a su compañero de sala, Guillermo Yacobucci, fallaron a favor de mandar a su casa a Luis Navarro, un condenado a perpetua por los vuelos de la muerte. No es casualidad, es un entramado donde el Poder Judicial tiene un rol fundamental. En ese contexto hay que analizar los dichos de cada uno.
– En 2019, en el expediente por la red de espionaje del abogado trucho Marcelo D’Alessio, usted denunció que el PRO lo quiso extorsionar. Ahora, estalló un nuevo caso de espionaje que involucra al macrismo y el expresidente fue llamado a indagatoria. ¿Ve puntos de contacto?
– Es parte de lo mismo, no hay duda. En mi caso, hace cinco meses, en un expediente reservado en La Plata apareció de forma totalmente aleatoria documentación que demuestra que yo fui espiado por Patricia Bullrich. Los fiscales lo detectaron y lo mandaron a Buenos Aires, donde se investiga el espionaje a jueces. La información fue brindada por un dependiente directo de Bullrich y es una serie de datos sobre mí. Estaba documentado, es incontrastable. Lo digo con naturalidad porque no puedo desconocer que esto sucede. Es muy desagradable, pero es parte de la realidad que nos toca.
“El jefe de los fiscales de la Ciudad es Juan Bautista Mahiques, el sicario de Macri en el Consejo de la Magistratura”.
– ¿Y usted liga esto con los otros casos de espionaje previos?
– Todo lo que tiene que ver con maniobras de espionaje está vinculado. Hay que sacarse la idea de que es un agente de inteligencia que hace un desmán. Son planes concretos, en este caso, del gobierno de Macri, que venían de antes, porque son operaciones históricas. En realidad, si hubiera que elegir quiénes dirigen estas operaciones, creo que habría que mirar más hacia Clarín y La Nación que hacia los propios servicios que las instrumentan.
– El caso D’Alessio expuso un entramado de varios actores en sintonía.
– D’Alessio era parte de una banda muy grande. No solo estaba el fiscal Carlos Stornelli: llegaba al propio presidente. Pero si no se investiga en la dimensión que tiene, no se va a llegar ni al 1% de las responsabilidades, porque se va a tomar aisladamente, como delitos de un grupito de extorsionadores, como Stornelli y D’Alessio en Pinamar sacándole plata a Etcheves. Es una gran asociación ilícita, desde mi punto de vista, la más grande en la historia argentina con excepción de la dictadura genocida. No se saquea un país con dos o tres delincuentes, tiene que haber una mafia organizada detrás, que es lo que sucedió en la Argentina del macrismo.
– En la presentación de la AFI, varios de los correos “chupados” son de quienes eran funcionarios o aliados Cambiemos. ¿Cómo lo explica?
– Tiene todo el sentido. Por el nivel tan bajo de moralidad que tienen ellos, y no me refiero al que espía sino al que ordena espiar, desconfían de todos, incluso de sus propios cuadros. Un hombre como Mauricio Macri es obvio que no está seguro ni con sus propios amigos, porque lo pueden traicionar. Ahí es hay que buscar las razones de que se espíe gente del propio partido.
– Avanza un proyecto para que vuelvan a la Procuración las escuchas telefónicas que Macri llevó por decreto a la Corte. ¿Qué opina?
– Me parece muy bien la iniciativa de que vayan a un ámbito adecuado. En una democracia, los recursos de inteligencia surgen de investigaciones en marcha en un contexto de decencia. Pero como no venimos de un contexto de decencia en los cuatro años del gobierno Macri, estaba tergiversado el sentido mismo de las escuchas. Eso explica por qué, en ese marco de ilegalidad, habían sido pasadas a una órbita distinta, la Corte, y puestas en manos nada menos que del juez Martín Irurzun, con todo lo que sabemos sobre la famosa “doctrina Irurzun” en temas de persecución y represión.
– Las críticas de Lorenzetti a la cuarentena llegaron justo mientras el Congreso debate este tema, que traería una pérdida de poder para él.
– Lo que el gobierno intenta modificar con las escuchas seguramente va a tener incidencia en cuestiones de poder. Y en segundo lugar, va a generar enfrentamientos importantes sobre todo de quienes pierden privilegios.
“Creo que habría que mirar más hacia Clarín y La Nación que hacia los propios servicios que instrumentan algunas operaciones”.
– Vista a cierta distancia, ¿qué significó la doctrina Irurzun?
– Fue una construcción jurídica de características mafiosas para perseguir opositores, generada desde el sector judicial, uno de los pilares del lawfare. Una excusa para justificar la detención de exfuncionarios por la posibilidad de que influyeran en investigaciones. Como construcción mafiosa, su única finalidad era la persecución, y hay una larga lista de exfuncionarios que fueron detenidos, incluso fallecidos en esa persecución, como es el caso de Héctor Timerman, que ni siquiera pudo acceder a un tratamiento médico.
– ¿Y qué pasa hoy con la doctrina Irurzun?
– Llama la atención que ya no se aplicó nunca más al finalizar el gobierno de Macri. Sino, en las causas donde están investigados sus exintegrantes, estarían todos presos. Hablamos de Macri, Nicolás Caputo, Marcos Peña, Patricia Bullrich, Germán Garavano y una larga lista. Pero ninguno siquiera pisó la cárcel, de modo que es muy obvio que es una doctrina selectiva.
