El 1 de marzo el presidente Alberto Fernández debe abrir el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Nación en un contexto difícil; el acuerdo con el FMI -que no deja conforme a nadie- no está cerrado. Los últimos pedidos del organismo y el conflicto entre Rusia y Ucrania empeoran el escenario.
Por estas horas, Alberto Fernández debe estar alistando un discurso que genera demasiadas expectativas, en la oposición y en la propia coalición gobernante. Desde el kirchnerismo anhelan un cambio de rumbo de 180 grados, donde el presidente anuncie medidas o proyectos de ley tendientes a crear nuevos impuestos a los sectores más pudientes de la Argentina, específicamente poner la lupa en los que fugaron divisas durante el macrismo.
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A pesar de tantos deseos expresados por parte del Frente de Todos, las declaraciones del Ejecutivo parecen alinearse más con los pedidos de la oposición de “no aumentar impuestos” (a los sectores más favorecidos) y a hacer un Estado más eficiente que a pensar proyectos que los pueda poner en contra de los grandes grupos económicos.
Desde el kirchnerismo esperan que el presidente anuncie medidas o proyectos de ley tendientes a crear nuevos impuestos a los sectores más pudientes.
En cuanto a la oposición, hay que tener en cuenta sus últimos posicionamientos a los proyectos tratados, donde defendieron los intereses de los sectores más privilegiados. Sin ir más lejos, se opusieron a las modificaciones de bienes personales que determinaron aumentar la alícuota (1,5 %) a quienes superen los 100 millones de pesos declarados, y llevarla a 1,7 por ciento para quienes superen los 300 millones de pesos. La progresividad de los impuestos es algo que en realidad combate la oposición.
Detrás del pedido de no aumento de impuestos, no hay un pedido de no aumento de tarifas. Por el contrario, escondidos en el discurso de la necesidad de la segmentación avalan un aumento del cuadro tarifario. La oposición y el FMI están alineados en este planteo, y en tantos otros.
Por esta razón se podría avizorar que la oposición acompañará el acuerdo que el Ejecutivo está intentando cerrar con el fondo. Sin embargo, les preocupa como oposición aportar más votos que los que podría aportar el Frente de Todos. Por esta razón la Coalición Cívica, sin el acuerdo de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto para autorizar al Poder Ejecutivo a cerrar el acuerdo con el FMI, sin que el texto tenga que ser tratado en el Congreso, algo contradictorio a lo que plantea la ley de 27.612 de sostenibilidad de la deuda pública.
La oposición y el FMI están alineados en el planteo de avalar un aumento del cuadro tarifario.
El proyecto de la oposición tiene pocas posibilidades de prosperar, pero sirve para encender más la hoguera y poner sobre la mesa una idea que también sobrevoló sobre parte del Frente de Todos, que el acuerdo no pase por el Congreso y que Alberto Fernández se haga cargo por completo de la responsabilidad de firmar un acuerdo con el Fondo de tal envergadura.
El Poder Ejecutivo, por el momento, no tiene esos planes. Pese a que el tiempo apremia, tiene intenciones de llegar al próximo vencimiento del fondo, el 22 de marzo -donde deben pagarse 2.800 millones de dólares- ya con el acuerdo aprobado por el Congreso. Los tiempos no dan para esas pretensiones. Más aún si el proyecto no está cerrado y se dilata su presentación en la Cámara de Diputados. A pesar de que Sergio Massa habilitó el ingreso de proyectos durante el fin de semana y días feriados, no hay señales claras de que el acuerdo llegue antes de la apertura de sesiones.
Una vez que el texto se presente, el ministro de Economía Martín Guzmán debe asistir al Congreso para exponer sobre los detalles del acuerdo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La segunda semana de marzo el texto debería aprobarse en el recinto y pasar al Senado.
Una idea que sobrevoló fue que el acuerdo no pase por el Congreso y que Alberto Fernández se haga cargo por completo de la responsabilidad de firmar un acuerdo con el Fondo de tal envergadura.
En la cámara alta, se necesita más tiempo, los proyectos que logran dictamen en comisión deben esperar una semana para poder ser tratados en el recinto. Por lo tanto, debería lograr dictamen antes del lunes 14, para que llegue al recinto antes del 21 de diciembre. Los tiempos no son los que pretenden los diputados y senadores que apenas tendrán posibilidades de desmenuzar el texto. De no llegar con el acuerdo firmado antes del 22 de marzo la Argentina no podría cumplir con el pago al FMI, por lo que entraría en demora del pago.
En el Senado se da otra complejidad, las abstenciones no rigen igual que en la Cámara baja. Es decir, cuando un senador se abstiene figura como ausente. Por lo que muchas abstenciones podrían hacer caer el quórum de la sesión.
En el hipotético caso que la oposición decida abstenerse, como posee 33 senadores y un aliado, dejaría al oficialismo prácticamente sin la posibilidad de utilizar ese recurso. Es decir, es probable que en el senado el oficialismo deba votar a favor o en contra del proyecto, y pueda hacer poco uso de las abstenciones dado que entre votos positivos y negativos debe haber 37 para que no peligre la sesión.
¿Qué ocurre si la Argentina no paga? Distinta fue la negación que llevó adelante Néstor Kirchner de la que hoy lleva adelante Alberto Fernández, pero cabe recordar que el acuerdo firmado en septiembre de 2003 con el FMI en Dubái, tenía la particularidad de que la Argentina necesitaba reestructurar su deuda en default con el sector privado, y el FMI quería intervenir en esa negociación, pese a que no hay reglas escritas que indiquen que así deba hacerse.
Sin acuerdo cerrado, y con pedidos inescrupulosos del Fondo, el accionar de Néstor Kirchner es un faro y la negociación de Guzmán pierde carácter.
Las revisiones del Fondo comenzaron a exigir que se mejorara la oferta a los acreedores privados, Néstor Kirchner desolló este pedido en la primera y segunda revisión del Fondo, pero la tensión se acrecentó y el FMI retrasó la firma de la tercera revisión, pese a que las metas fiscales estaban sobrecumplidas.
La aprobación de la tercera revisión gatillaba automáticamente un desembolso de 1.000 millones de dólares, el monto de vencimiento equivalente de la Argentina con el Fondo hasta fin de año.
A modo de garante de los bancos y los acreedores, el FMI presionaba a Néstor Kirchner y le plantea que había que ajustar el gasto para generar un excedente para pagar la deuda con los privados. El 9 de septiembre el país entró en default, sin declinar ante los pedidos del Fondo, y el acuerdo quedó suspendido, mientras el país negociaba con los bonistas su oferta de quita de deuda.
Para septiembre, y ya sin Prat Gay como presidente del Banco Central se reanudaron las negociaciones con el FMI. Es decir, el no pago de un vencimiento ejerció presión sobre la negación. Esto mismo es lo que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner le recomendó a Alberto Fernández frente al último vencimiento, pero el presidente entre idas y vueltas finalmente decidió no hacerlo.
Hoy, sin acuerdo cerrado, y con pedidos inescrupulosos del Fondo, el accionar de Néstor Kirchner es un faro y la negociación de Guzmán pierde carácter. Aún más, salta a la vista que durante los dos años de tratativas el ministro le vendió a propios y ajenos “gato por liebre”.
Ahora, resta esperar cuál será la respuesta de senadores y diputados al discurso presidencial en el marco de la apertura sesiones ordinarias, que seguramente tenga como eje central defender un memorándum de entendimiento que ha perdido credibilidad y que valida la peor deuda de la historia: la contraída por Mauricio Macri.
