En América Latina, la planificación urbana ha sido históricamente un territorio en disputa. No solo disputa de modelos técnicos, sino de sentidos políticos. ¿Quién define el futuro? ¿Quién diagnostica los problemas? ¿Quién tiene derecho a intervenir sobre el espacio donde vive? Estas preguntas, que atraviesan la historia del desarrollo en la región, encuentran en Parque Avellaneda una de las experiencias más relevantes, persistentes y fecundas de planificación democrática del país.
Durante buena parte del siglo XX, la región importó enfoques de planificación y desarrollo elaborados en los centros del poder global. El primer gran paradigma fue el de la planificación racional-centralizada, aplicada masivamente en los planes nacionales de desarrollo. En este modelo, equipos tecnocráticos definían metas, programas y líneas de acción basadas en supuestos de neutralidad científica y en la idea de que el futuro podía ser anticipado mediante diagnósticos expertos. Se trataba de un enfoque vertical, centralizado y lineal, que asumía —como sostenía Walt W. Rostow en 1960— que todas las sociedades atravesaban las mismas etapas estructurales hacia una modernidad única y universal. Ese paradigma ignoraba las desigualdades sociales y territoriales de la región, y despolitizaba la planificación: la convertía en una técnica, no en una disputa por el poder.
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Posteriormente, comenzó a expandirse un segundo enfoque, distinto del desarrollismo tecnocrático pero igualmente normativo: la planificación estratégica empresarial. Sistematizada en la Harvard Business School, se consolidó desde los años sesenta con herramientas como el análisis FODA, la evaluación del entorno y la definición de objetivos competitivos. Su formulación más influyente fue el modelo LCAG, desarrollado por Learned, Christensen, Andrews y Guth, que propuso ordenar el diagnóstico a partir de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Aunque más flexible que la planificación desarrollista tradicional, el enfoque estratégico también partía de la idea de que los expertos podían “leer” el entorno y orientar racionalmente el rumbo de organizaciones y proyectos, priorizando la eficiencia por sobre la deliberación política.
Pero América Latina no solo recibió modelos: también generó alternativas propias.
A partir de los años setenta, el chileno Carlos Matus desarrolló la Planificación Estratégica Situacional (PES), un método que rompió con la lógica tecnocrática. Para la PES, planificar no es diseñar un futuro desde la torre de control, sino intervenir estratégicamente en situaciones donde múltiples actores disputan poder, recursos y legitimidad. Introduce la idea de que no hay “planificación neutra”: siempre hay intereses, siempre hay actores, siempre hay obstáculos. Y que la gestión pública requiere comprender esa trama para actuar eficazmente.
En Argentina, desde los años ochenta y noventa, surgió otra corriente que puso el foco en el territorio y las articulaciones sociales: la Planificación Participativa y Gestión Asociada (PPGA). Esta metodología reconoció el valor de los saberes locales, de la deliberación comunitaria y de la cogestión entre Estado y organizaciones. La PPGA planteó que la planificación debía construirse “con” los sujetos del territorio, no “para” ellos, y propuso dispositivos permanentes de participación para sostener políticas en el tiempo.
En ese entramado teórico y político se inscribe la experiencia de Parque Avellaneda, una de las más duraderas y profundas de planificación democrática en Argentina. En un territorio marcado por décadas de desigualdad, desinversión pública y fragmentación social, la creación del Centro de Estudios Sociales y Actividades Vecinales (CESAV) en los años ochenta inauguró un proceso de reconstrucción urbana basado en la recuperación de la memoria y la identidad barrial, que se consolidaría a lo largo de más de treinta años.
La pieza institucional clave llegó en 1997 con la creación de la primera Mesa de Trabajo y Consenso (MTC), formalizada por la Ley 1153 de 2003. La MTC se estableció como un espacio de participación estable donde el gobierno de turno, organizaciones vecinales, instituciones públicas y actores comunitarios definen conjuntamente el rumbo del parque. No es un consejo consultivo ni una mesa ocasional: es una institucionalidad de gestión asociada. Lleva realizados más de 300 plenarios y decenas de acuerdos programáticos que orientaron políticas concretas.
Y aquí aparece lo verdaderamente singular: los logros son acumulativos, sostenidos y verificables.
Entre ellos pueden destacarse:
–La recuperación integral del patrimonio histórico, incluyendo la Casona de los Olivera, el Antiguo Tambo y el Antiguo Natatorio.
–La creación de instituciones educativas vinculadas a la identidad territorial, como el proyecto “Parque Avellaneda un aula a cielo abierto”, la creación de la Escuela Media Nº 2 especializada en Ambiente y Construcción de espacios verdes y el Curso de formación del actor en espacios abiertos, dependiente de la EMAD, todos surgidos de acuerdos en la MTC.
–La recuperación de superficie y organización del uso del parque mediante criterios consensuados que regulan ferias, actividades culturales, tránsito interno, mantenimiento y uso del espacio público.
–El fortalecimiento de iniciativas ambientales, como la creación de la Huerta Comunitaria, la plantación de especies nativas y recuperación del arbolado histórico, programas de compostaje comunitario, control participativo de plagas y proyectos de restauración paisajística.
–El desarrollo de una red cultural estable, que articula centros culturales, bibliotecas, colectivos artísticos, comunidades migrantes, pueblos originarios y grupos deportivos.
–La construcción de una memoria territorial activa, con señalizaciones, investigaciones, publicaciones y celebraciones que reponen la historia plural del barrio.
–La articulación con escuelas, clubes y parroquias para proyectos socioeducativos y ambientales que trascienden el parque e involucran al conjunto del barrio.
–Un modelo de desarrollo urbano alternativo que coloca al Parque Avellaneda como un componente fundamental del Biocorredor Cildáñez y definió un plan de sector que protege al Parque y su entorno en la Ley 3042 instalando el Área de Protección Histórica APH 45, que logró frenar un tramo de la obra del Metrobús Directorio que iba destruir importantes especies arbóreas que eran un componente importante del paisaje del barrio.
Estos logros no son episodios aislados: son el resultado de una institucionalidad participativa que funciona desde hace más de tres décadas. Lo notable es que, aun en contextos de crisis económica, recorte presupuestario o cambios de gobierno, la MTC ha sostenido una continuidad de políticas que muy pocas experiencias urbanas argentinas pueden mostrar.
En este espacio, el diagnóstico no lo hace un experto aislado, sino la comunidad organizada junto con el Estado. La definición de problemas es colectiva. La construcción de soluciones es asociada. Y la evaluación de viabilidad es política, técnica y territorial a la vez.
Frente a los modelos clásicos —verticales, lineales, dependientes del experto—, Parque Avellaneda propone un modo de planificación donde la comunidad no es destinataria de políticas, sino productora de políticas. Es un enfoque que redistribuye poder, estabiliza prácticas y genera institucionalidad.
Por eso, en un momento en que proliferan discursos que desestiman la planificación pública o que celebran modelos tecnocráticos que prometen eficiencia sin participación social, Parque Avellaneda es la evidencia viva de que otra forma de gobernar es posible. Que planificar no es solo proyectar, sino decidir colectivamente qué futuro queremos y quiénes tienen derecho a construirlo. Que la transformación urbana no depende de fórmulas universales, sino de procesos que articulen saberes, intereses, tiempos y capacidades diversas.
En síntesis, la experiencia demuestra que la planificación democrática no es una utopía ni un gesto retórico: es un dispositivo concreto de redistribución de poder. Y que cuando el territorio piensa, decide y actúa, el futuro deja de ser una promesa incumplida para convertirse en construcción colectiva y real.
