La figura del defensor/ra de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue pensada para representar las voces de las infancias de todo el país, pero a pesar de su relevancia está en riesgo de quedar acéfala.
Se trata de una institución independiente de monitoreo y garantía de cumplimiento de las políticas y derechos de la infancia, que desde su creación tardó 15 años en hacerse efectiva. Si bien la ley 26.061 fue aprobada en 2005, recién en 2020 asumieron Marisa Graham como defensora y Facundo Hernández como defensor adjunto, luego de ganar el concurso de oposición y antecedentes. Por eso preocupa tanto que el próximo 28 de febrero venzan ambos mandatos y todavía no se haya avanzado en la renovación de cargos para el periodo 2025/2030.
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“La ley indica que el mandato dura cinco años, con posibilidad de renovación por el mismo período”, explicó Hernández. La prórroga o la convocatoria a un nuevo concurso público dependen del Congreso, a través de la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que hasta la fecha solo cuenta con nombramientos de la Cámara de Diputados y espera por los del Senado. En todo 2024 no se logró conformar la comisión, incumpliendo las exigencias de la ley, en un contexto de país donde, según datos de Unicef, 7 de cada 10 niñas, niños y adolescentes crecen en la pobreza.
“Si no se convoca a un nuevo concurso o se prorroga el mandato, la Defensoría quedaría acéfala, sin posibilidad de intervenir a favor de niños, niñas y adolescentes de nuestro país”, alertaron desde el colectivo Infancia en Deuda.
A mediados de diciembre las organizaciones que integran el colectivo Infancia en Deuda presentaron notas dirigidas a la presidente del Senado, Victoria Villarruel; al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y a los jefes de bloque de ambos cuerpos del Congreso, reiterándoles su preocupación por la falta de convocatoria a concurso para la designación de las nuevas autoridades de la Defensoría como consecuencia de la falta de conformación de la bicameral.
En esos escritos, instaron a que se intime a los bloques que aún no lo han hecho para que remitan la nómina de las senadoras y/o senadores propuestos para la comisión y a que se designe a quienes la conformarán, que luego se convoque a la reunión y que, con urgencia, se realice el llamado a concurso público para ocupar los puestos.
“Nuevamente el congreso incumplió los plazos legales y omitió comenzar el proceso de designación de autoridades 180 días antes del vencimiento. Si no se convoca a un nuevo concurso o se prorroga el mandato, la Defensoría quedaría acéfala, sin posibilidad de intervenir a favor de niños, niñas y adolescentes de nuestro país”, alertaron desde Infancia en Deuda, un espacio del que participan ACIJ, Aldeas Infantiles, Cippec, Amnistía Internacional Argentina, Cascada, CELS, ELA, FEIM, Asociación Civil Haciendo Camino, Fundación Kaleidos, Fundación Sur Argentina y Poder Ciudadano.
También manifestó su preocupación la Red de Defensores de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Argentina. Y, a la vez, se presentaron denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, entre otras instancias internacionales.
Desde su creación, la Defensoría intervino en 2500 casos, el 25% de ellos relacionados a violencias graves contra las infancias. También inició o participa de acciones judiciales colectivas, como amparos en reclamo de alimentos a comedores, por falta de medicamentos a niños con enfermedades graves, o falta de agua y mortalidad infantil de la comunidad Wichi del Chaco Salteño; todas acciones que quedarían sin impulso o podrían cerrarse.
En todo 2024 el Congreso no conformó la bicameral, incumpliendo la ley, en una Argentina donde, según datos de Unicef, 7 de cada 10 niñas, niños y adolescentes crecen en la pobreza.
Los dos amparos más recientes que realizó la Defensoría están relacionados con la paralización de la construcción de centros de desarrollo infantil (en 2024 se ejecutó menos del 1% del presupuesto) y al ajuste para 2025 sobre las Becas Progresar en el nivel secundario (perdieron un 55% de su valor real). “Son dos políticas clave para niñas, niños y adolescentes”, señaló Hernández. Además, realizaron un informe del presupuesto nacional destinado a las infancias que el gobierno de Javier Milei presentó para 2025, en el que no solo advierten acerca del recorte en la inversión prevista en muchos programas sino también sobre la falta de ejecución de partidas que ya el año pasado pesó sobre las chicas y los chicos.
En este sentido, el comunicado de Infancia en Deuda destaca que resulta fundamental que se prevea una autoridad al frente de la Defensoría, porque, de lo contrario, “no habría legitimación” para intervenir en los casos individuales o colectivos ni una voz que represente a las niñas y los niños en materia de políticas públicas.
“La falta de esta instancia de decisión y su rol fundamental pone en riesgo la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en un contexto de creciente vulnerabilidad”, aseguró Alejandra Perinetti, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS, integrante de la coalición.
