Con dos tercios de las niñas, niños y adolescentes en hogares pobres, el Ejecutivo ajusta sobre sus derechos básicos para que le den los números. Defensores y organizaciones sociales, en alerta.
Las niñas, niños y adolescentes de hasta 14 años son el segmento más golpeado en la Argentina por las políticas macroeconómicas del gobierno libertario: 2 de cada 3 viven en hogares pobres, y 1 de cada 4 saltea alguna de las comidas diarias. En este contexto, la respuesta del Poder Ejecutivo es un Presupuesto 2025 con más ajustes, obsesionado como está en lograr el “equilibrio” fiscal y el déficit cero sin importar el castigo a los sectores más vulnerables. Este recorte en la inversión prevista para el año que viene se suma al achique y la falta de ejecución de las partidas que ya pesaron sobre las infancias en 2024.
En el proyecto presentado por el Gobierno –por ahora, sin acuerdo en el Congreso– no solo se advierten reducciones que ponen en riesgo la continuidad de programas esenciales para garantizar derechos básicos de niñas, niños y adolescentes, sino también la eliminación completa de algunas partidas que responde más a sesgos ideológicos que a la idea fija de la Casa Rosada de cumplir sus metas fiscales. A la vez, el fuerte ajuste a la inversión en servicios sociales (agua potable y alcantarillado, vivienda y urbanismo) también repercute en el bienestar de los más chicos.
Para 2025, el Ejecutivo prevé partidas por más de 13.9 billones de pesos para niñez y adolescencia, lo que representa el 12% del presupuesto nacional total nacional. Si bien, según la proyección oficial, esto implica un aumento del 13,9% en valores reales en comparación con 2024, no compensa la caída actual, que podría llegar a un 15,6% respecto de 2023, último año con presupuesto aprobado, en un contexto general de retirada de Estado. Además, hay aumentos que quedarían sujetos a decisiones discrecionales y que podrían disminuir de forma severa a causa de la inflación si, en lugar del 18,3% proyectado por Luis Caputo, el número llega al 38,4% calculado por el Banco Central de la República Argentina (REM-BCRA).
A la vez, el incremento porcentual en comparación con el último presupuesto avalado por el Congreso se explica principalmente por una mayor inversión prevista en los programas de transferencias de ingresos, mientras que entre los recortes más duros están los aplicados en educación, salud, prevención de las violencias y programas alimentarios para comedores y organizaciones, por solo mencionar algunos ejemplos.
El presupuesto 2025 del Gobierno no solo pone en riesgo programas esenciales para derechos básicos de niñas, niños y adolescentes, sino que elimina partidas completas más por sesgos ideológicos que por la idea fija de cumplir sus metas fiscales.
“Este presupuesto es la consecuencia directa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de 2018 y es la continuidad del programa de (Mauricio) Macri avalado por Alberto Fernández, independientemente de la gestión de este gobierno, que además de todo esto tiene una clara postura de recortar presupuesto que va a determinados derechos que nosotros creemos que son esenciales, como los derechos sociales”, advirtió Gustavo Daniel Moreno, asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires.
Para Facundo Hernández, defensor adjunto de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Argentina, 2024 resulta un parámetro muy bajo por la poca ejecución que hubo y porque “fue un año de profundo ajuste para las políticas de niñez”. Por este motivo, el informe realizado al respecto por la Defensoría considera que la inversión proyectada para 2025 puede mostrar un incremento respecto al año en curso, pero ser inferior a los anteriores. En el mejor escenario, se volvería a valores cercanos a 2023, “año que también fue de retroceso en la inversión nacional en niñez y adolescencia”, precisó Hernández.
Más allá de porcentajes, están los efectos concretos. Alejandra Perinetti, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS, mencionó alguno de los más inmediatos: “Que cada vez menos niños, niñas y adolescentes tengan acceso a alimentos básicos, a computadoras o tecnologías que puedan transformar sus condiciones de vida, a becas que les permitan continuar sus estudios o a información clave para prevenir embarazos no planificados y enfermedades de transmisión sexual, entre otros derechos fundamentales”.
En este sentido, Moreno aseguró que la importancia de la Ley de Presupuesto está en que “es lo que le da eficacia a un derecho”. El asesor tutelar y secretario del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) explicó: “Cuando se le asigna presupuesto, estás diciendo que el derecho va a estar vigente y, además, eficaz, porque va a poder concretarse. Ahora, cuando lo desfinanciás, es un derecho vigente pero no se puede ejecutar, no tiene eficacia, porque no tiene dinero asignado”.
La pregunta es entonces cuál es el límite de los recortes en relación con los estándares mínimos de derechos humanos y, en especial, de los derechos sociales de los chicos. La Convención de los Derechos del Niño, sobre todo en el artículo 4, tiene pautas normativas claras sobre cómo deben elaborarse los presupuestos nacionales, ya que obliga al Congreso a adoptar todas las medidas a disposición para movilizar, asignar y gastar recursos suficientes a fin de garantizar la vida digna de las infancias y adolescencias.
El asesor tutelar Gustavo Moreno aseguró que la importancia de la Ley de Presupuesto está en que “es lo que le da eficacia a un derecho”, ya que “cuando lo desfinanciás, es un derecho vigente pero no se puede ejecutar, porque no tiene dinero asignado”.
En cambio, alertó Perinetti, “estamos frente a infancias y adolescencias con una calidad de vida reducida en múltiples dimensiones esenciales. Tenemos una situación de pobreza infantil que crece y un gobierno que decide afrontar sin presupuesto esta temática y de una manera ortodoxa”.
La directora de Aldeas Infantiles SOS consideró que “la creación de la Subsecretaría de Políticas Familiares, como resultado de cambios administrativos, marcó un giro hacia un paradigma más regresivo en el cuidado y la protección de las infancias en el país”. En ese marco, enumeró una serie de decisiones del Ejecutivo a través de sus diferentes ministerios, como “evitar la distribución alimentos y fondos a comedores y espacios comunitarios, querer bajar la edad de imputabilidad o criticar la Educación Sexual Integral (ESI) como política de Estado”.
Muchas de estas observaciones también las realizó en septiembre pasado en la ONU el Comité de los Derechos del Niño (CDN), que hizo pública su profunda preocupación “por la continua y drástica disminución de las asignaciones presupuestarias para la infancia, incluidas desinversión en salud y educación”. También advirtió sobre la situación crítica de niños con discapacidades, los de comunidades originarias y quienes carecen de un entorno familiar adecuado.
Para Moreno, el gran problema es que, “si bien todo lo que dice el Comité de Naciones Unidas o los fallos de la Corte Interamericana es obligatorio, no tiene ejecución de cumplimiento”. En cambio, cuando a la Argentina la condenan en un tribunal económico internacional, “ahí sí te embargan hasta los barcos. Entonces, el tema es la exigibilidad, es decir, que alguien te haga cumplir”.
Radiografía de la desinversión
En el primer semestre de 2024, pese a la inyección que el Gobierno le dio a programas que transfieren dinero, la pobreza infantil en el grupo etario de hasta 14 años no se frenó, al contrario: pasó de 58,4% a 66,1%, y la indigencia creció de 18,9% a 27%. Aún con actualizaciones, la combinación de Asignación Universal por Hijo ($87.790) y Prestación Alimentar ($52.250) no llega a cubrir la canasta de crianza del Indec, cuyo valor mensual a octubre era de entre $388.184 y $479.723 por niño según la edad.
“El grueso de los ingresos de las familias más pobres no viene por las transferencias monetarias, sino de las changas, el trabajo informal, y eso fue lo que más cayó. Ahí hay una primera explicación de por qué hay más niñas y niños viviendo en hogares pobres aunque esas transferencias hayan aumentado”, detalló Hernández, para quien “se busca transferir dinero directo para calmar un poco cualquier conflictividad social”.
Las políticas que mantienen o incrementan su participación en el presupuesto 2025 son la AUH, las asignaciones por Embarazo (AUE), por Hijo con Discapacidad (AUHD) y las asignaciones familiares –aunque de manera dispar–, junto al Programa 1000 días. También, la Prestación Alimentar, que viene de una profunda caída de entre 17% y 18,7% en 2024, dado que su aumento depende del criterio del Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello.
Pero la inversión en asignaciones familiares sufriría disminuciones reales en caso de cumplirse el escenario de mayor inflación, tanto las que van a los trabajadores formales (-3,8% real) como a los informales (-8,3%).
Además, el Ejecutivo también propone eliminar el ajuste automático de estas prestaciones, por lo que sus incrementos pasarían a ser discrecionales.
Justamente, para Hernández, ese es otro punto crucial a la hora de entender el crecimiento de la pobreza: “El enorme desacople de los montos percibidos en la actualidad por las asignaciones familiares de los trabajadores formales, que son sustantivamente menores que los montos de la AUH”. El defensor adjunto señaló que si se les pagara el mismo monto, muchas de esas personas saldrían de la línea de pobreza.
El defensor adjunto Facundo Hernández explicó que “el grueso de los ingresos de las familias más pobres no viene por las transferencias monetarias, sino de las changas, el trabajo informal, y eso fue lo que más cayó”.
“En la microeconomía –agregó Moreno–, lo que más se visibiliza es lo alimentario. Vemos que la gente busca estrategias de supervivencia: comen solo una vez al día, buscan que las puedan asistir, si tienen un trabajo formal, además hacen changas, hay un aumento de los hechos ilícitos. Perinetti contó que muchas niñas y niños que participan de los espacios de cuidado de Aldeas Infantiles SOS reciben ahí su única comida del día.
En este sentido, el informe del presupuesto realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) detalla que el programa de Políticas Alimentarias, que brinda transferencia de recursos o alimentos a instituciones (comedores comunitarios y/u organizaciones) o poblaciones en situación de vulnerabilidad, tiene destinados casi $202 mil millones de pesos, un 65,4% menos que en 2023 y la asignación más baja desde la creación en 2004 del programa, por Ley 25.724.
“En este marco de inseguridad alimentaria y crecimiento de la pobreza infantil, el paradigma conservador de gobierno también implica un fuerte desfinanciamiento a los programas asistenciales de niñez”, remarcó Perinetti.
Un caso testigo es el Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales (PAE), que brinda una asignación económica mensual a las chicas y chicos que salen de dispositivos de cuidados alternativos. Según estimaciones de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en 2025 el PAE perdería entre el 21,5% y 33,4% de sus recursos.
“Esta reducción nos genera una gran alarma, especialmente para las y los adolescentes que tienen que egresar de los hogares convivenciales y dependen de este apoyo para poder transitar la transición hacia la autonomía”, alertó Perinetti.
Otro programa destinado a niñas y niños en alta situación de vulnerabilidad, como el RENNyA (Ley Brisa), un beneficio para hijas e hijos de víctimas de femicidio, crecería un 5,5% en el escenario oficial, pero caería 10,5% con la inflación REM-BCRA. Además de que tuvo una enorme baja en el ingreso de beneficiarios.
Motosierra a la educación
Uno de los ajustes más fuertes y preocupantes se observa en educación: la inversión nacional en políticas educativas será 50% menor que en 2023 y, de aprobarse el presupuesto de Milei, se suspenderá la obligatoriedad de destinar al menos el 6% del PBI. Además, las Becas Progresar caerían, según la estimación que se tome, 21% o 33% en 2025, luego de un 2024 donde también disminuyeron un 27% y solo se ejecutó un 67% de las partidas. A esto se suma el congelamiento de los montos durante más de un año, que implicó una merma del 55% en el valor real de la beca.
Otras áreas con fuerte ajuste son la de Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles, con ajustes de 30,2%/40,7%, tras una caída del 55% en 2024; e Infraestructura y equipamiento, donde la inversión bajaría 24,6%/36%, sumado al retroceso actual cercano al 67%.
Por eso, la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes presentó acciones de amparo por las partidas del Progresar y por la paralización de la construcción de centros de desarrollo infantil (menos del 1% del total), una política que el organismo considera “clave para niñas, niños y adolescentes”.
El Programa Conectar Igualdad directamente no presenta partida presupuestaria, lo que ratifica la decisión política de discontinuar esta medida que busca reducir la brecha digital entre los estudiantes y proporcionar recursos tecnológicos a las escuelas públicas. El proyecto tampoco incluye la erogación asociada a ESI, un derecho que resulta fundamental, por ejemplo, para prevenir y detectar abusos en la infancia.
El Ministerio de Salud de la Nación incluye ocho programas considerados para niñas, niños y adolescentes. Según ACIJ, el año próximo, entre todos, se invertirían unos 414 mil millones de pesos, lo que implica una disminución del 14% respecto de 2023.
A su vez, hay un recorte brutal de recursos para el Plan ENIA, de prevención del embarazo adolescente. De acuerdo al informe de ACIJ y el Equipo Latinoamericana de Justicia y Género (ELA) –organizaciones del colectivo Infancia en Deuda–, para 2025 se propone una reducción real del 27% en relación al periodo vigente, del 78% en comparación con lo ejecutado en 2023 y del 85% respecto de 2021, situación que pone en riesgo la continuidad misma del programa.
El Programa Conectar Igualdad no presenta partida presupuestaria, lo que ratifica la decisión política de discontinuar esta medida que busca reducir la brecha digital entre los estudiantes y proporcionar recursos tecnológicos a las escuelas públicas.
“El plan ENIA es un ejemplo: disminuyó hasta un 50% el embarazo adolescente en chicas de 10 a 14 años, donde estamos hablando de violaciones”, destacó Hernández. “Está recontra comprobado que funcionaba bien. En este caso, no es tema de déficit cero, sino de prejuicio ideológico, que es el otro componente del gobierno: hay un sesgo antiderechos muy fuerte”, aseguró el defensor adjunto.
Durante los seis años que lleva implementación el Plan ENIA, el gobierno nacional ocupó un rol rector clave en el apoyo técnico, brindando recursos y personal en las provincias con el objetivo de sostener consejerías en salud sexual y reproductiva, actividades de promoción comunitarias, educación sexual integral y asesorías en las escuelas. “Toda esa gente lamentó Hernández– fue despedida y las provincias lo están absorbiendo como pueden y si quieren”.
El funcionario alertó sobre la tendencia del Gobierno a traspasar todo lo referido a salud y educación a las provincias pero sin presupuesto, en una reconfiguración brusca del federalismo que atenta contra el bienestar de los niños. “El Comité de Derechos del Niño, en la Observación General N° 5, lo explica muy claro: sean cuales fueren sus circunstancias económicas, los Estados están obligados a adoptar todas las medidas posibles para dar efectividad a los derechos del niño, prestando especial atención a los grupos más desfavorecidos”, explicó Hernández.
Frente a un panorama hostil y al retraimiento del Estado, Perinetti sostuvo que son “las organizaciones de la sociedad civil quienes asumen un lugar clave”, pero aclaró que enfrentan “serias limitaciones por la falta de recursos suficientes para cubrir la creciente demanda”.
Moreno señaló que, “lamentablemente, la infancia sigue siendo un número de la estadística macroeconómica, sin atenderse a la urgencia de las necesidades básicas insatisfechas, que no son otra cosa que derechos sociales vulnerados”.
En la Argentina de Milei, las niñas y los niños, lejos de escapar a la motosierra presupuestaria, son sus principales víctimas.
*Esta nota fue publicada en el número 56 de la revista Contraeditorial.
