Justicia fiscal, desarrollo económico y distribución del ingreso: la disputa contra el modelo de saqueo de Javier Milei y el peronismo desarrollista
Desde hace algún tiempo, dentro del peronismo se viene desarrollando un debate público central acerca de cómo construir una alternativa genuina al Modelo Neoliberal Financiero impulsado por el gobierno de Javier Milei. Esta discusión trasciende la crítica coyuntural a los impactos sociales y económicos de las políticas de ajuste vigentes; plantea una pregunta estructural de fondo y es qué modelo de desarrollo debe proponer el peronismo para superar de manera definitiva esta experiencia y ofrecer un rumbo de futuro para la Argentina.
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Este debate cobra una urgencia inédita al observar la reconfiguración del escenario internacional. Con el evidente debilitamiento del orden neoliberal a escala global, presenciamos un giro hacia discursos explícitamente productivistas y desarrollistas. En las principales potencias y mercados emergentes se consolida una nueva ortodoxia centrada en la reindustrialización, el proteccionismo estratégico, las políticas de subsidio a la oferta y el fortalecimiento de las cadenas de valor nacionales. Sin embargo, este nuevo consenso global encierra una trampa crítica que impulsa la industrialización y la acumulación de capital, pero elude sistemáticamente la discusión sobre la distribución del ingreso, el poder adquisitivo y los niveles salariales de los trabajadores. Se trata de un productivismo que redefine el papel del Estado para garantizar la rentabilidad industrial y la competitividad exportadora, pero mantiene intocada la brecha distributiva.
La urgencia de esa discusión se profundiza frente a la crisis de ingresos que atraviesa la clase trabajadora. La pérdida del poder adquisitivo, la precarización laboral y el deterioro de las condiciones de vida expresan un proceso de redistribución regresiva que concentra una porción cada vez mayor de la riqueza en los sectores económicos de mayor poder. En este contexto, la discusión sobre el modelo de desarrollo no puede limitarse a cómo producir y crecer, sino que debe incorporar necesariamente la pregunta por quiénes se apropian de los resultados de ese crecimiento.
En esta línea la Argentina no puede limitarse a reemplazar el ajuste financiero de Milei por un desarrollismo tibio que simplemente adapte estas tendencias globales sin poner en el centro a los trabajadores. Adoptar una lógica productivista que organice la economía en función de la rentabilidad de los sectores concentrados —asumiendo que el bienestar social será un derrame automático del crecimiento— sería repetir, con otro ropaje, las mismas frustraciones de 2019 – 2023 y que hoy sufre el pueblo argentino bajo el gobierno de la Libertad Avanza. Por eso, esta nota busca aportar al debate retomando las reflexiones planteadas por el espacio del peronismo federal y dando continuidad a los ejes desarrollados en Apuntes para una Economía Justicialista [1].
En aquel trabajo se sostuvo que toda propuesta con vocación de mayoría (y el peronismo, para volver a gobernar, necesita construir mayorías) debe estructurarse sobre la premisa de distribuir para crecer: la mejora continua de los salarios y el fortalecimiento del poder de compra no son un obstáculo para la inversión, sino el motor de la demanda agregada y de la actividad económica. También se sostuvo que la verdadera estabilidad macroeconómica no se logra con el ahogo fiscal ni con la recesión forzada que hoy Milei celebra como un logro, sino a través del desarrollo económico, entendiendo al gasto público no como un déficit indeseable sino como una herramienta estratégica para transformar la producción y sostener la cohesión social.
La urgencia del presente exige definir con claridad la naturaleza de la salida. La discusión no pasa por moderar las herramientas del neoliberalismo ni por construir una alternativa que, bajo un discurso productivista, funcione como una válvula de escape para la élite económica sin cuestionar la concentración de la riqueza. La disputa de fondo es política: ¿qué intereses debe priorizar la economía?, ¿cuál debe ser el rol del Estado? y ¿cómo debe organizarse la relación entre salarios, ganancias e inversión? No existe neutralidad posible frente a un modelo que empobrece deliberadamente a las mayorías mientras concentra la riqueza en manos de una minoría. Por eso, el desafío es construir una agenda económica verdaderamente transformadora, capaz de modificar la estructura distributiva y colocar el desarrollo al servicio de las mayorías.
Para que la alternativa sea real y no una simple corrección de estilo, la propuesta del peronismo debe articular tres dimensiones de manera inescindible. La distribución del ingreso debe ser el punto de partida y no el eslabón final del proceso económico, garantizando que el crecimiento del mercado interno traccione a la propia industria. El desarrollo y la industrialización nacional deben orientarse a generar empleo de calidad, valor agregado y capacidades tecnológicas propias, evitando que la producción se convierta en un fin en sí mismo que margine el nivel de vida del pueblo. Y esta estrategia exige una sólida justicia fiscal, con una estructura tributaria progresiva que obligue a que quienes más tienen contribuyan más, dotando al Estado de recursos propios en lugar de subordinarlo, como hace este gobierno, a los ciclos del endeudamiento externo y a los caprichos del FMI.
Entonces así, derrotar al neoliberalismo financiero exige mucho más que una agenda de crecimiento industrial, nos exige un modelo de desarrollo integral que una la transformación productiva con la justicia social, y exige, sobre todo, la decisión política de disputarle el sentido común a un gobierno que ha convertido el sufrimiento popular en política de Estado.
1. Distribución y crecimiento: contra el relato del derrame
El relato oficial repite hasta el cansancio que primero hay que ajustar y crecer para que después, algún día, la distribución llegue por goteo. Esta idea no es exclusiva del neoliberalismo, también constituye uno de los supuestos centrales del desarrollismo (y fue propuesta del peronismo federal), que concibe el crecimiento, la acumulación y la expansión de la capacidad productiva como condiciones previas para avanzar posteriormente en una mejora de la distribución del ingreso. Desde esta perspectiva, primero sería necesario generar riqueza y ampliar el producto para que, una vez alcanzado un determinado nivel de crecimiento, sus beneficios pudieran extenderse al conjunto de la sociedad. El neoliberalismo financiero retoma esta lógica, pero la lleva a una versión más extrema, al presentar el ajuste, la reducción de impuestos sobre los sectores de mayores ingresos y la desregulación como condiciones necesarias para que la riqueza finalmente llegue. Sin embargo, una parte importante de la literatura económica contemporánea —lejos de cualquier heterodoxia sospechada— plantea exactamente lo contrario: la distribución también condiciona la capacidad de crecimiento de una economía.
Economistas como John Maynard Keynes, Michal Kalecki o Nicholas Kaldor ya advertían que los salarios no son solo un costo para las empresas, son también ingreso de los consumidores y, por lo tanto, demanda para la producción. Esta discusión recobró fuerza en las últimas décadas a partir de investigaciones empíricas sobre desigualdad y crecimiento, que incomodan a quienes hoy defienden esta idea de que primero hay que crecer para después distribuir.
Y esta revisión ya no viene solo de economistas heterodoxos. Durante la última década, organismos tradicionalmente asociados al pensamiento de mercado empezaron a correrse de sus propios dogmas. El Fondo Monetario Internacional concluyó en diversas investigaciones que una mayor concentración del ingreso en los sectores más ricos acorta la duración de los ciclos de crecimiento, mientras que una mejora en la participación de los sectores populares se asocia con expansiones más prolongadas y sostenibles. En la misma línea, la OCDE estimó que el aumento de la desigualdad entre mediados de los años ochenta y la crisis financiera internacional le costó a sus países miembros unos 4,7 puntos porcentuales de crecimiento acumulado.
En una economía como la argentina, donde el consumo privado representa históricamente entre dos tercios y tres cuartos del PIB, la distribución del ingreso tiene además una relevancia macroeconómica que el gobierno de Milei y el peronismo desarrollista se niegan a reconocer. Cuando se pulveriza el poder adquisitivo de los trabajadores, como viene ocurriendo desde 2018, no solo cae el bienestar de los hogares, cae también la demanda que enfrentan comercios, industrias y pymes. La recesión se realimenta a sí misma. Un problema distributivo se convierte en un problema macroeconómico. Por eso la distribución no es solo una cuestión de justicia social, es y debe ser un objetivo central de la política económica de todo proyecto justicialista.
Las discusiones sobre crecimiento, distribución y desarrollo suelen quedar en el plano de la abstracción académica. Sin embargo, la historia económica argentina —y la historia del propio movimiento— ofrece evidencia concreta sobre la relación entre estos procesos y las prioridades de cada modelo económico. Uno de los indicadores más elocuentes es la participación de los asalariados en el ingreso nacional. Pasó de niveles cercanos al 37% a comienzos de la década de 1940 a valores próximos al 50% hacia 1952, bajo los dos primeros gobiernos peronistas. Décadas más tarde volvió a ubicarse cerca del 47% durante los años setenta, para desplomarse a poco más del 30% tras la crisis neoliberal de 2001. Posteriormente, se recuperó de manera significativa durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Esta evolución permite advertir que las mejoras más importantes en la participación de los trabajadores coincidieron con períodos en los que la distribución del ingreso fue asumida como un objetivo central de la política económica y como un componente del propio proceso de crecimiento. Por el contrario, durante las experiencias desarrollistas y neoliberales, la distribución tendió a quedar subordinada a otras prioridades, como la acumulación, la inversión o la estabilidad macroeconómica. ¿Casualidad o consecuencia de los objetivos que orientan cada modelo económico?
Estos datos no prueban por sí solos una relación causal, pero desmienten una idea que el establishment económico presenta como dogma indiscutible: que una mayor participación de los trabajadores en el ingreso perjudica necesariamente el desempeño económico. Los períodos de mayor expansión industrial de la historia argentina coincidieron, precisamente, con niveles altos de participación salarial.
La experiencia del peronismo es un antecedente insoslayable, porque demuestra que mejorar la distribución del ingreso nunca fue, para nuestro movimiento, un objetivo contrapuesto a la expansión productiva, sino su complemento necesario. Durante los dos primeros gobiernos de Perón, la participación de los asalariados en el ingreso nacional aumentó al mismo tiempo que se transformaba profundamente la estructura productiva del país. La producción petrolera pasó de 5,6 a cerca de 15 millones de metros cúbicos, y la producción automotriz saltó de 33.000 a más de 130.000 vehículos anuales. El crecimiento y la expansión industrial se dieron en paralelo con una mejora sustancial de la participación de los trabajadores en la riqueza nacional. Aquella política económica no buscaba solamente ordenar las variables macroeconómicas; buscaba transformar la estructura productiva, ampliar la autonomía nacional y asegurar que los frutos de esa expansión llegaran cada vez a más trabajadores. Ese proceso fue interrumpido a sangre y fuego por el golpe de Estado de 1955, pero dejó una enseñanza que el peronismo no debe olvidar: el crecimiento económico solo adquiere un sentido cuando se traduce en una mejora concreta de las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Algo similar ocurrió con la reconstrucción kirchnerista tras el derrumbe de 2001. Entre 2003 y 2015, el PBI argentino creció cerca de 80% en términos reales. En esos mismos años el desempleo bajó de más del 20% a menos del 8%, y la inversión pasó de 14% a más de 24% del PBI. La mejora de los ingresos reales impulsó el mercado interno y, lejos de frenar la producción, estuvo acompañada por un crecimiento simultáneo del empleo y del entramado empresarial: tomando 2002 como base, el salario real subió cerca de 80%, el empleo se expandió 87% y la cantidad de empresas creció 61%. Salarios, empleo, inversión, empresas y producto crecieron juntos. Esa es la prueba histórica más contundente de que la mejora distributiva no está en contradicción con la expansión económica, al contrario, la potencia. Sin embargo, esta relación es precisamente la que hoy queda ausente tanto de las propuestas del peronismo desarrollista, que conciben el crecimiento como una condición previa a la distribución, como del programa de Milei, que busca disciplinar los ingresos de los trabajadores para garantizar la rentabilidad y la acumulación de los sectores concentrados.
2. Desarrollo no es lo mismo que crecimiento: contra el maquillaje estadístico del ajuste
Lo anterior permite profundizar una idea central para no caer en la trampa discursiva del oficialismo. Distribuir contribuye al crecimiento, pero el horizonte de una estrategia justicialista no puede agotarse en crecer, ni mucho menos en un rebote estadístico tras el derrumbe provocado por el propio ajuste. La mejora de los ingresos de los trabajadores impulsa la demanda y la producción, pero el aumento del producto no garantiza por sí mismo una transformación de la estructura económica. Distribución y crecimiento deben formar parte de una estrategia más amplia de desarrollo nacional.
Uno de los problemas centrales del relato libertario es presentar el crecimiento económico, la estabilidad macroeconómica y el desarrollo como si fueran conceptos equivalentes. Sin embargo, se trata de dimensiones diferentes. El crecimiento refiere al aumento de la producción agregada, generalmente medido a través del PBI. El desarrollo, en cambio, supone una transformación más profunda y sostenida de la estructura económica, y la distribución del ingreso: incorporación de tecnología, aumento de la productividad, diversificación de la producción, generación de empleo de calidad, fortalecimiento de las capacidades científicas nacionales, transformación en la matriz distributiva y mejora de las condiciones de vida del pueblo. Una economía puede crecer durante un período determinado sin modificar su estructura productiva ni generar las capacidades necesarias para sostener ese crecimiento en el tiempo.
Del mismo modo, la estabilidad macroeconómica constituye una condición importante, pero no garantiza por sí sola un proceso de desarrollo. La reducción de la inflación, el equilibrio de las cuentas públicas y la estabilidad cambiaria pueden contribuir a generar condiciones más previsibles para la inversión y la planificación. Sin embargo, cuando estos objetivos se convierten en el único criterio para evaluar el desempeño económico, la discusión queda reducida al ordenamiento de las variables financieras y deja en un segundo plano cuestiones centrales, como la estructura productiva, la generación de empleo, la distribución del ingreso y la capacidad del país para producir bienes y tecnologías de mayor complejidad.
Durante la última década, una parte importante del debate económico argentino quedó dominada por la búsqueda de estabilidad. El déficit fiscal, la inflación y la volatilidad cambiaria ocuparon el centro de la discusión, muchas veces desplazando el análisis sobre las causas estructurales de los desequilibrios y sobre las transformaciones necesarias para superarlos. Estas variables son relevantes: sin un marco de cierta estabilidad resulta difícil planificar inversiones, ampliar la producción y sostener políticas de largo plazo. Pero existe una diferencia fundamental entre reconocer la estabilidad como una condición necesaria y convertirla en un objetivo suficiente. El campo nacional no puede limitar su horizonte económico a ordenar las cuentas públicas o reducir la inflación; debe discutir qué se produce, para quién se produce, cómo se distribuye la riqueza y qué capacidades nacionales se construyen para sostener un desarrollo con justicia social.
La experiencia internacional muestra que los procesos de desarrollo y convergencia económica no pueden explicarse únicamente por la estabilidad macroeconómica. El caso de Corea del Sur resulta especialmente ilustrativo. A comienzos de la década de 1960, su ingreso por habitante era inferior al de buena parte de América Latina, incluida la Argentina. Seis décadas después, el producto por habitante surcoreano supera los 35.000 dólares anuales, mientras que el argentino ronda los 14.000. Esta transformación no fue resultado exclusivo de la estabilidad económica ni del libre funcionamiento de los mercados, sino de una estrategia sostenida de industrialización, financiamiento dirigido, promoción tecnológica y articulación entre el Estado y el sector privado. El desarrollo de empresas como Samsung, Hyundai y LG se inscribió en una estrategia nacional orientada a construir capacidades productivas, incorporar tecnología y avanzar hacia actividades de mayor complejidad.
Experiencias como las de Japón, Taiwán y, más recientemente, China muestran trayectorias similares. En todos los casos, la estabilidad económica desempeñó un papel relevante, pero estuvo acompañada por una intervención estatal deliberada para promover la industrialización, impulsar la innovación, ampliar las capacidades tecnológicas y consolidar sectores estratégicos. Los países que lograron reducir de manera sostenida la brecha respecto de las economías más desarrolladas no se limitaron a ordenar sus variables macroeconómicas, sino que utilizaron políticas industriales, financieras, comerciales y tecnológicas para transformar su estructura productiva.
La enseñanza es que la estabilidad importa y el crecimiento también, pero ninguno de los dos constituye por sí solo una estrategia de desarrollo. El desarrollo requiere un Estado capaz de definir prioridades, coordinar inversiones, orientar el financiamiento, promover sectores estratégicos y construir capacidades productivas y tecnológicas nacionales. Desde esta perspectiva, el problema del actual programa económico no reside únicamente en las consecuencias del ajuste, sino también en la ausencia de una estrategia orientada a transformar la estructura productiva, aumentar la complejidad de la economía y ampliar las capacidades necesarias para sostener el crecimiento en el largo plazo.
3. Mercados financieros y desarrollo: a quién le rinde cuentas la economía
La experiencia internacional deja una conclusión adicional que el peronismo debe sostener con firmeza y es que hay que dejar de medir el éxito económico con la vara de los mercados financieros. Una estrategia de desarrollo no puede ser juzgada exclusivamente por la reacción de los bonos ni por la confianza de los acreedores externos. Esos indicadores dicen algo, pero no dicen nada sobre si un país amplía su capacidad productiva, genera empleo de calidad, incorpora tecnología o mejora la vida de su pueblo.
En la Argentina de Milei, la evaluación del desempeño económico quedó reducida casi por completo a lo que opinan los mercados financieros. El riesgo país, la cotización de los bonos, el acceso al financiamiento externo se transformó en el único termómetro válido para el Gobierno y sus voceros mediáticos. Son indicadores relevantes, pero ninguno mide el desarrollo. No pueden ni deben ser el objetivo último de un programa económico justicialista, y el peronismo tiene que decirlo sin medias tintas.
Los mercados cumplen una función en una economía moderna, pero sus incentivos no son los del desarrollo productivo. Un fondo de inversión puede aplaudir tasas de interés altísimas o un ajuste fiscal brutal como el que hoy sufre el pueblo argentino, sin que eso implique una sola fábrica más, un solo puesto de trabajo genuino o una sola innovación tecnológica.
Esta distinción es todavía más relevante en un país con historia de crisis financieras como la Argentina. Los mercados miran la capacidad de pago de la deuda, la estabilidad monetaria y la rentabilidad financiera. El desarrollo depende de otra cosa, la productividad, innovación, complejidad tecnológica, diversificación exportadora, calidad del empleo y movilidad social. Son dos lógicas distintas, y este gobierno eligió, sin ambigüedades, la de los acreedores. Eso no debería sorprender. Lo que sí debería generar preocupación es que el peronismo adopte esa misma perspectiva y convierta la estabilidad financiera en el objetivo central de su propuesta. Para el movimiento nacional, el ordenamiento macroeconómico nunca fue un fin en sí mismo, sino una condición al servicio de un proyecto de desarrollo, producción, trabajo y justicia social.
El problema adquiere una dimensión particularmente concreta cuando se observa la evolución de los ingresos de los trabajadores. En Argentina, la búsqueda de credibilidad ante los mercados financieros y el acceso al financiamiento externo han constituido componentes centrales del modelo neoliberal financiero, que tiende a subordinar la política económica a las exigencias de los mercados y de los acreedores. En ese marco, los programas de ajuste suelen presentarse como condiciones necesarias para recuperar la confianza y garantizar la estabilidad financiera, aunque sus costos recaigan sobre la actividad económica, el empleo y la distribución del ingreso. La evolución del salario real durante el período reciente permite observar esta tensión. Tomando como base diciembre de 2016, el salario real inició una tendencia descendente, que se profundizó luego del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional en 2018. Aunque la evolución de los salarios responde a múltiples factores y no puede atribuirse únicamente a un acuerdo, el deterioro acumulado resulta significativo alcanzado a perder hasta 23pp.
Pero esta relación entre supuesto “equilibrio” financiero y deterioro de los ingresos no es inevitable, y la propia historia reciente lo demuestra. Durante 2003-2015, la reducción del riesgo país coincidió con una fuerte expansión del salario real y del producto industrial por habitante. La mejora financiera no se logró a costa de los trabajadores, se logró junto a ellos. Ese es el modelo que el peronismo debe volver a proponerle al país, en las antípodas absolutas del ajuste libertario.
Esta comparación demuestra que el problema no es la estabilidad financiera en sí misma, sino la estrategia utilizada para alcanzarla y los intereses a los que se subordina. Cuando la estabilidad se persigue a costa de los salarios, la demanda interna y la producción, termina siendo un objetivo que se paga con las propias condiciones necesarias para el desarrollo. El periodo 2003-2015 demuestra que no hay contradicción inevitable entre estabilidad, salarios y producción. La pregunta central, y profundamente política, es si la economía se organiza para impulsar la producción y el trabajo, o si se subordina, como hoy, a los mercados financieros y a los acreedores externos.
4. Justicia Fiscal: que paguen los que más tienen
La discusión sobre las prioridades de la política económica lleva necesariamente a otra dimensión central, profundamente política, cómo se reparten los costos y los beneficios del funcionamiento del Estado. La estabilidad, el crecimiento y el desarrollo no ocurren en el vacío y dependen de decisiones fiscales y tributarias que son, ante todo, decisiones de poder. El sistema impositivo define quiénes financian al Estado y en qué proporción, mientras que el gasto público define qué sectores se benefician de la acción estatal. Discutir una estrategia económica justicialista es discutir, sin eufemismos, de qué lado está el Estado. Y en ese punto, hay que enfrentar de una vez el mito de que bajarles impuestos a los que más tienen es, por sí mismo, una estrategia de crecimiento.
Uno de los argumentos más repetidos por los sectores ofertistas —los mismos que hoy asesoran al gobierno de Milei— sostiene que reducir impuestos a los sectores de mayores ingresos estimula la inversión, acelera el crecimiento y termina beneficiando a toda la sociedad. La hipótesis ganó fuerza en los ochenta y noventa con la economía de la oferta, y sigue teniendo, lamentablemente, mucha presencia en el debate público argentino.
Pero la evidencia empírica desmiente ese cuento una y otra vez. Un estudio de los economistas David Hope y Julian Limberg analizó cincuenta años de datos de dieciocho economías desarrolladas e identificó cincuenta episodios de fuertes reducciones tributarias para los sectores de mayores ingresos entre 1965 y 2015. La conclusión fue que esas reformas aumentaron significativamente la participación del 1% más rico en el ingreso nacional, pero no tuvieron efectos estadísticamente significativos sobre el crecimiento del producto por habitante ni sobre el desempleo. Los resultados hacen añicos la premisa central de la teoría del derrame en la que los beneficios a los sectores de mayores ingresos se traducen automáticamente en más inversión, empleo y prosperidad para todos.
En los ochenta, Ronald Reagan redujo la alícuota marginal del impuesto a las ganancias del 70% al 28% en menos de una década, prometiendo un derrame de inversión. Estados Unidos creció, sí, pero por una combinación de factores monetarios, tecnológicos y demográficos, mientras que la rebaja tributaria disparó el déficit fiscal y la concentración del ingreso, sin evidencia de una aceleración duradera del crecimiento. Más cerca en el tiempo, el experimento tributario de Kansas entre 2012 y 2017 prometió un boom de inversión y empleo eliminando impuestos a las empresas. El resultado fue una economía que creció por debajo del promedio de los estados vecinos y unas cuentas públicas devastadas, hasta que la propia legislatura estatal tuvo que dar marcha atrás. Kansas es hoy el mejor ejemplo del fracaso de confiar ciegamente en la baja de impuestos como estrategia de crecimiento, y una advertencia que el peronismo debe usar frente a quienes proponen lo mismo para la Argentina.
La hipótesis ofertista supone además que los ingresos adicionales de los sectores más ricos se vuelcan naturalmente a la inversión productiva. Esa relación está lejos de ser automática. En economías abiertas y financieramente integradas como la nuestra, buena parte de esos recursos se destina a activos financieros, inversión inmobiliaria, fuga de capitales o directamente a permanecer ociosa. Más ganancias después de impuestos no significan, ni de cerca, más capacidad productiva.
Esto cobra una relevancia enorme frente a la creciente concentración de la riqueza que hoy se profundiza con Milei. El problema no es solo que existan grandes patrimonios, sino que la capacidad de apropiación de los sectores más ricos crece mucho más rápido que la del resto de la sociedad, mientras la estructura tributaria sigue apoyada en impuestos al consumo y a los ingresos del trabajo. En la Argentina, la carga tributaria efectiva no crece con la capacidad económica: mientras el 1% más rico destina cerca del 30% de sus ingresos a impuestos (una proporción similar a la de los sectores medios), los hogares de menores ingresos llegan a destinar el 37%. El 10% de mayores ingresos tiene una carga efectiva cercana al 25%. Estos números desnudan que la concentración de la riqueza no se traduce en una contribución proporcionalmente mayor al Estado, y exponen los límites de un sistema tributario regresivo, apoyado en impuestos indirectos que castigan más a quienes menos tienen.
Frente a esto, aplicar impuestos progresivos sobre los grandes patrimonios no es una medida punitiva, sino una herramienta de justicia distributiva y de racionalidad económica, orientada tanto a fortalecer el financiamiento del Estado como a corregir la desigualdad que genera la concentración de la riqueza. La existencia de grandes fortunas no garantiza, por sí misma, más inversión productiva ni más empleo: una parte significativa de esos recursos permanece en activos financieros, bienes suntuarios o inversiones en el exterior, sin generar efectos relevantes sobre la capacidad productiva del país. En este sentido, una política tributaria progresiva permite reasignar recursos hacia políticas públicas, infraestructura, educación, ciencia, tecnología y sectores estratégicos con mayor capacidad para impulsar la producción, el empleo y el desarrollo. Por eso, la progresividad tributaria no constituye únicamente un acto de justicia distributiva, sino también una decisión económicamente racional y una herramienta política para orientar los recursos hacia el interés colectivo.
En esta línea, el Aporte Solidario y Extraordinario aprobado en 2020 para morigerar los efectos de la pandemia es un antecedente clave en esa dirección, y también un blanco predilecto de los mismos sectores que hoy gobiernan y que lo atacaron desde el primer día. Su importancia no estuvo solo en la recaudación, sino en el principio político que expresa, quienes tienen más capacidad económica deben contribuir proporcionalmente más al sostenimiento de las políticas públicas y al desarrollo del país. La política tributaria deja así de ser un simple mecanismo de recaudación para convertirse en una herramienta de redistribución, de equidad y de construcción de poder estatal, exactamente lo que este gobierno busca desmantelar.
Justicia fiscal no es, sin embargo, subir impuestos de manera indiscriminada. Al contrario: implica que la carga no recaiga de manera desproporcionada sobre las pequeñas y medianas empresas, que son centrales para la producción, el empleo y el desarrollo territorial. Reducir impuestos y contribuciones a las pymes, especialmente cuando se asocia a la incorporación de trabajadores, la inversión productiva y el aumento de la producción, puede fortalecer su crecimiento y su competitividad. A diferencia de las rebajas generalizadas a los sectores de mayores ingresos, los incentivos dirigidos a las pymes contribuyen de manera directa a ampliar la actividad económica, sostener el empleo y fortalecer el entramado productivo nacional, en las antípodas del modelo concentrador que hoy gobierna la Argentina.
Desde una perspectiva justicialista, la justicia fiscal no consiste en subir o bajar impuestos de manera indiscriminada, sino en establecer una contribución acorde a la capacidad económica y a la función social de cada sector y que los grandes patrimonios aporten proporcionalmente más, y que las pymes productivas reciban un tratamiento que favorezca la inversión, el empleo y el desarrollo local. Esa es la disputa de fondo que el peronismo tiene que dar, hoy, en las calles, en el Congreso y en cada mesa de los argentinos: una política fiscal capaz de reducir la concentración de la riqueza, fortalecer las cuentas públicas y construir un modelo de crecimiento basado en la producción y el trabajo, y no en el saqueo. No hay grieta entre el pueblo y sus verdugos, hay una sola disputa, y el peronismo tiene que estar del lado de los trabajadores.
Conclusiones: distribuir para crecer, desarrollar para transformar y tributar con justicia
El peronismo no tiene que inventar una nueva identidad económica ni adoptar como propios los criterios de la elite económica para demostrar responsabilidad. La historia del movimiento es clara: el salario, el trabajo y la distribución del ingreso nunca fueron un resultado secundario ni una recompensa que debía llegar después del crecimiento. Fueron objetivos centrales de la política económica y, al mismo tiempo, herramientas para ampliar el mercado interno, impulsar la producción y fortalecer el desarrollo nacional. La experiencia de los gobiernos peronistas demuestra que la mejora de la participación de los trabajadores en la riqueza no fue un obstáculo para el crecimiento, sino una de las condiciones que permitieron sostenerlo. Por eso, el peronismo debe dejar de hacerle el juego a quienes presentan la recomposición de los ingresos como una amenaza para la estabilidad, la inversión o la competitividad. La recuperación del poder adquisitivo, la defensa del salario y una distribución más justa de la riqueza tienen que ocupar un lugar fundamental en cualquier programa económico que aspire a representar nuevamente a las mayorías. No se trata de esperar que el crecimiento derrame, sino de comprender que distribuir también es una forma de crecer.
Pero una estrategia justicialista no puede agotarse en la recuperación del consumo ni limitarse a administrar un ciclo de crecimiento. El desafío es transformar la estructura productiva para construir una economía más compleja, integrada y soberana, capaz de generar empleo de calidad, incorporar tecnología, aumentar la productividad y ampliar las capacidades nacionales. El desarrollo no surge espontáneamente de la estabilidad macroeconómica ni del libre funcionamiento de los mercados, tampoco de un crecimiento que concentre sus beneficios en pocas manos. Requiere un Estado con capacidad para planificar, orientar el financiamiento, coordinar inversiones, promover sectores estratégicos y articular al sistema productivo con los objetivos nacionales. La estabilidad importa, pero debe estar al servicio del desarrollo; no puede convertirse en un fin en sí mismo ni en una excusa para subordinar la economía a las demandas de los acreedores. El crecimiento solo adquiere un sentido verdaderamente nacional cuando se traduce en más producción, más trabajo, mayor autonomía económica y mejores condiciones de vida para el pueblo.
La justicia fiscal constituye el tercer pilar de esta propuesta. No alcanza con discutir cuánto recauda el Estado: también es necesario discutir quién paga, cuánto aporta cada sector y para qué se utilizan los recursos públicos. Un sistema tributario justo debe reducir la carga que recae sobre el consumo, el trabajo y las pequeñas y medianas empresas, y exigir una contribución mayor a quienes concentran las mayores riquezas y poseen una capacidad económica muy superior. Gravar progresivamente a los grandes patrimonios no implica castigar la iniciativa privada, sino reconocer que quienes más se benefician de las capacidades económicas, sociales e institucionales construidas colectivamente deben realizar un aporte acorde con esa posición. Al mismo tiempo, las PyMEs productivas deben recibir un tratamiento tributario que favorezca la inversión, la incorporación de trabajadores, la innovación y el desarrollo territorial. La justicia fiscal no consiste en subir o bajar impuestos de manera indiscriminada, sino en utilizar la política tributaria para reducir desigualdades, fortalecer las capacidades del Estado y orientar los recursos hacia la producción y el trabajo.
En definitiva, la alternativa al modelo neoliberal financiero no puede ser un ajuste más moderado ni un desarrollismo que postergue la distribución en nombre de un crecimiento futuro. El peronismo debe recuperar una idea que forma parte de su propia tradición: la economía tiene que estar organizada en función del pueblo y no de los mercados financieros, los acreedores o los grupos económicos concentrados. Eso exige colocar la recomposición de los ingresos en el centro del programa, impulsar una estrategia de desarrollo que transforme la estructura productiva y construir un sistema fiscal progresivo en el que aporten más quienes más tienen. Distribuir para crecer, desarrollar para transformar y tributar con justicia no son objetivos separados, sino las dimensiones de un mismo proyecto nacional orientado a recuperar la producción, el trabajo, la soberanía económica y la justicia social.
[1] Nota escrita el 22 de mayo de 20226 para Contraeditorial: https://contraeditorial.com/apuntes-para-una-economia-justicialista/
