La primera respuesta frente al modelo que pretende imponer Milei es no resignarse ni naturalizar esta realidad. Nos quieren convencer de que el sacrificio de millones de trabajadores es el costo inevitable para ordenar la economía. Pero cuando cae el empleo registrado, cierran miles de empresas, el salario pierde poder adquisitivo y el consumo se desploma, lo que fracasa no son los trabajadores: fracasa un plan económico que pone la especulación financiera por encima de la producción y del trabajo.
La Argentina necesita recuperar un proyecto politico que vuelva a poner en el centro la industria nacional, las pequeñas y medianas empresas, el mercado interno y el trabajo como principal ordenador de la vida social. No hay crecimiento sostenible si la riqueza se concentra cada vez en menos manos, mientras la mayoría de nuestro pueblo se empobrece.
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Pero cuidado porquela precarización no se combate únicamente rechazando una reforma. También se combate organizándose. El movimiento obrero tiene que fortalecer la representación de los trabajadores, ampliar la organización allí donde hoy predominan la informalidad y la precarización, y defender la negociación colectiva.
La historia argentina demuestra que ningún derecho laboral fue una concesión. Todos fueron conquistados por trabajadores organizados. Esa sigue siendo nuestra principal herramienta frente a quienes pretenden convertir el empleo en una mercancía y a los trabajadores en una variable de ajuste.
Nadie puede ignorar que los trabajadores argentinos vienen haciendo un esfuerzo enorme. Han perdido salario, estabilidad y condiciones laborales mientras observan cómo determinados sectores económicos multiplican sus ganancias. Pero ninguna sociedad puede sostener indefinidamente semejante nivel de desigualdad. Cuando el esfuerzo siempre recae sobre quienes trabajan y los beneficios quedan concentrados en los mismos sectores, el problema deja de ser solamente económico: pasa a ser social, político y democrático.
No existe estabilidad posible sobre una sociedad cada vez más desigual. La riqueza tiene que volver a distribuirse a partir del trabajo, la producción y la justicia social.
La reforma laboral también limitó las herramientas históricas de resistencia de los trabajadores, como el derecho a huelga y el financiamiento sindical. Estamos frente a una ofensiva que excede la discusión salarial. Lo que está en debate es el intento de debilitar deliberadamente al movimiento obrero organizado porque sigue siendo uno de los principales límites frente a un modelo de exclusión.
Cuando se restringe el derecho de huelga, se ataca el financiamiento sindical y se busca criminalizar la protesta, lo que se pretende disciplinar no son solamente los sindicatos, sino a toda la sociedad.
Frente a esto, la respuesta debe ser más unidad, más organización y mayor articulación con todos los sectores que hoy sufren las consecuencias de este modelo. El movimiento obrero siempre fue mucho más que un actor gremial; fue un protagonista de la vida democrática argentina y volverá a serlo.
El modelo económico consolida una sociedad fracturada, con un sector formal cada vez más precarizado y empobrecido, y una inmensa masa de trabajadores expulsada a la informalidad total.
Frente a esta vulnerabilidad, el movimiento obrero no puede limitarse a discutir salarios o condiciones laborales. Tiene la responsabilidad histórica de ser una herramienta de organización, de representación y de construcción política. Cuando un modelo económico destruye empleo, amplía la desigualdad y abandona a millones de argentinos, los sindicatos tienen el deber de convocar a un gran frente social que vuelva a poner en el centro al trabajo y a la justicia social.
Pero esa reconstrucción también exige recuperar la democracia en toda su dimensión. No puede hablarse de democracia plena cuando se utiliza al Poder Judicial para perseguir y proscribir dirigentes políticos. La democracia se debilita cuando se pretende impedir que sea el pueblo quien decida libremente quiénes deben conducir los destinos de la Nación.
Por eso, también sostenemos la consigna de Cristina Libre. No se trata solamente de una dirigente política; se trata de defender la voluntad popular y de rechazar la utilización de la Justicia como herramienta de disciplinamiento político. Sin democracia plena tampoco puede haber justicia social.
Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la conducción del campo nacional y popular. Su liderazgo representa un proyecto de país que demostró que era posible crecer, generar empleo, recuperar el salario, fortalecer el Estado y ampliar derechos. Quienes creemos en una Argentina con producción, trabajo y justicia social tenemos la responsabilidad de reconstruir esa esperanza colectiva.
La salida no será individual. Será con un pueblo organizado, con un movimiento obrero unido y con una conducción política capaz de volver a construir un proyecto nacional que tenga como prioridad a quienes viven de su trabajo. Porque la historia argentina demuestra que cada vez que quisieron poner de rodillas al pueblo trabajador, fue la organización colectiva la que abrió un nuevo camino.
