La historiadora e investigadora del Conicet Victoria Basualdo sostuvo que el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno implica “una reforma patronal y esclavista” y advirtió que, de ser aprobado en el Congreso, marcaría “un punto de inflexión muy grave” en la historia social argentina, al entender que consolida un retroceso en materia de derechos laborales y profundiza una ofensiva sobre la organización sindical.
La especialista en historia económica y del trabajo enmarcó la iniciativa en una secuencia de políticas que, según afirmó, tuvieron como objetivo limitar la capacidad de organización del movimiento obrero en contextos de reestructuración económica. “No estamos ante algo inédito. Cada vez que hubo intentos de reestructuración profunda del modelo económico, el foco estuvo puesto en limitar la organización y los derechos de la clase trabajadora”, señaló, y vinculó esa dinámica con antecedentes que se remontan al golpe de Estado de 1976.
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“No existe evidencia empírica, ni en la Argentina ni en el mundo, que demuestre que quitar derechos crea más trabajo. Al contrario, los períodos de mayor crecimiento coincidieron con ampliaciones de derechos y fortalecimiento del mercado interno”, explicó Basualdo en en el programa Caballero de Día, que se emite por la AM 530 Somos Radio, donde cuestionó la narrativa oficial que presenta la flexibilización como un instrumento para generar empleo y reducir la informalidad.
Al detallar los aspectos más críticos del proyecto, la investigadora mencionó las restricciones al derecho de huelga, la ampliación de actividades consideradas esenciales, la limitación de asambleas en los lugares de trabajo y la promoción de negociaciones por empresa en detrimento de los convenios por rama. También cuestionó la introducción del banco de horas y la posibilidad de fragmentar vacaciones según la conveniencia patronal, al advertir que esas modificaciones implican “poner en suspenso principios básicos del derecho laboral”, tal como resumió en el tramo final de su argumentación sobre el articulado.
Basualdo consideró que la iniciativa debe leerse en el marco de una política económica más amplia que, a su juicio, promueve una transferencia regresiva de ingresos y una desarticulación del entramado productivo, y afirmó que en ese esquema los sindicatos aparecen como un “obstáculo central” para el proyecto oficial. En esa línea, alertó sobre el incremento de la judicialización y la presión sobre dirigentes gremiales, al señalar que “no se trata solo de cambiar normas, sino de disciplinar socialmente”.
Consultada sobre la posibilidad de que el Gobierno consolide un escenario de menor protección laboral y menor conflictividad, respondió que la historia argentina registra procesos imprevisibles y giros inesperados. “Hubo momentos en que todo parecía cerrado y, sin embargo, emergieron procesos de organización y disputa que modificaron el rumbo”, señaló, al mencionar antecedentes como 1945 y la crisis de 2001.
Para la investigadora, el debate en torno a la reforma excede las fronteras nacionales y se inscribe en una tendencia global de reconfiguración del vínculo entre capital y trabajo. “Lo que está en juego no es solo una ley, sino un modelo de sociedad”, concluyó.
