Adelanto del nuevo libro de Marisa Tarantino, una crítica feminista a las políticas contra la trata de personas y la prostitución.
Desde la reconfiguración de la política criminal argentina contra la trata de personas, a partir de la sanción de nuevas legislaciones penales y regulaciones administrativas, el ejercicio del trabajo sexual fue puesto en la mira de las agencias penales de manera central. Estos procesos penales fueron desarrollándose desde entonces bajo el paraguas de legitimación de un nuevo discurso jurídico, penal y de género que comenzaría a caracterizar la prostitución siempre como una actividad degradante.
El proceso político de localización de la campaña contra la trata de personas, que había sido impulsada por los Estados Unidos hacia fines de la década del 90 de la mano del gobierno de George W. Bush —en alianza con grupos religiosos y activistas feministas que habían impulsado el movimiento antipornografía durante la década del `70—, fue acompañada de una paulatina y consistente modificación de las prácticas de nuestras burocracias penales. Con el tiempo éstas fueron mostrándose cada vez más alineadas con el paradigma neoabolicionista que, desde una identificación entre la trata y la prostitución, fue intalándose como la perspectiva de género que debía a asumirse desde diferentes discursos institucionales y académicos.
Se legitimó un nuevo discurso jurídico, penal y de género que caracterizaría la prostitución como una actividad degradante.
La nueva política criminal argentina puso particular énfasis en la pretensión de combatir la trata sexual, que comenzó a identificarse cada vez más con la prostitución en sí misma. Así, la incorporación de esta particular perspectiva de género en las prácticas penales produjo que las diferentes formas de organización e intercambio de servicios sexuales, comenzaran a ser (re)interpretadas por los operadores judiciales en términos de conflicto penal y, más precisamente, en términos de trata de personas. Esta comprensión —y la propia caracterización del problema de la trata según la ecuación víctimas/victimarios— se vio directamente influenciada por la manera en que opera la categoría de víctima en el dispositivo neoabolicionista, es decir, como una construcción despojada de todo anclaje en la autopercepción de los sujetos protagonistas y, sobre todo, de su capacidad de agencia.
En este escenario, la perspectiva neoabolicionista se fue consolidando como una especie de sentido común de las y los operadores jurídicos. La mayor amplitud que ganaron los tipos penales a partir de las leyes de trata de personas (muy especialmente con las reformas introducidas por la ley 26842 de 2012) colaboró en favor de la posibilidad de dirigir procesos de criminalización a un amplio espectro de conductas vinculadas a la organización del comercio sexual, posiciones que muchas veces son asumidas por las mismas personas que ejercen o ejercieron el trabajo sexual. Todo fue traduciéndose en un impacto muy negativo sobre quienes ejercen esta actividad, especialmente en sectores marginalizados o subalternizados: mayor inseguridad y clandestinidad de los intercambios, profundización del estigma, falta de acceso a derechos básicos, incremento de la violencia institucional y, a contra mano de los fines protectorios que justificaron estas reformas, también ha producido un altísimo porcentaje de criminalización de mujeres.
Ni víctimas, ni criminales: trabajadoras sexuales es un libro que, desde un enfoque feminista crítico, busca rastrear el origen histórico de las campañas contra la trata de personas y el sexo comercial en nuestro país; exponer cuáles fueron las disputas políticas y los debates jurídicos y feministas que nutrieron estas campañas, y analizar este impacto de mayor criminalización que el nuevo enfoque de la política criminal argentina generó en el campo del trabajo sexual.
*Fondo de Cultura Económica, colección Política y Derecho.
