La decisión de Alberto Fernández de traspasar poco más de un punto de la coparticipación de la ciudad a la provincia de Buenos Aires tiene múltiples sustentos tanto jurídicos como económicos y políticos. En el plano constitucional la medida se legitima en que los fondos otorgados por Macri en 2016 mediante el Decreto 194, que subieron la distribución de CABA de 1,40% a 3,75% (luego con el Decreto 257/18 bajó a 3,50%) con la excusa de financiar los gastos del traspaso de la Policía Federal a la jurisdicción metropolitana, fueron claramente excesivos. Asimismo, el instrumento utilizado por el actual presidente para corregir el defecto es jurídicamente idéntico al citado decreto y no implica modificar la Ley Federal de Coparticipación N° 23.548. Como la Ciudad Autónoma se constituyó posteriormente, no está incluida dentro de la distribución que fija dicha norma en sus artículos 3° y 4°, en 2003 se fijó por el Decreto 705 que recibiría 1,40% directamente de los recursos que le corresponde a la Nación, un guarismo compatible con los niveles históricos y que tuvo amplio consenso político.
Así, en 2016 con la excusa del traspaso de la policía, Macri incrementó 2,35 puntos porcentuales (pp) los fondos para la Ciudad, cuando se estipula que con 0,92 pp se cubrían todos los gastos. Es decir, asignó más del doble de lo necesario. El acto de Fernández corrige el excesivo decreto de Macri que ordenó fondos extra al distrito de mayor ingreso del país. Reduce transitoriamente el coeficiente para CABA a 2,32% (1,40 más 0,92%) hasta que el Congreso de la Nación apruebe la transferencia de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales a los porteños, con la correspondiente asignación de recursos. A partir de entonces, la Ciudad volverá a tener un coeficiente de 1,40% como en el 2003 y la Nación cubrirá los gastos de seguridad que era, en definitiva, el antiguo reclamo que la Ciudad tenía a la hora de efectuar el traspaso jurisdiccional de las fuerzas federales. Con la reasignación se crea el Fondo de fortalecimiento fiscal de la provincia de Buenos aires, de unos $35.000 millones que le servirán para ordenar sus cuentas y atender la enorme demanda de bienes y servicios públicos, después de que la gestión de Vidal incrementara explosivamente la deuda en dólares y la moneda estadounidense tuviera saltos abruptos en su cotización.
La decisión de Macri se debió más a la afinidad política con la Ciudad que a las necesidades relativas de recursos.
Muchas veces se oyen planteos sobre el efecto de división entre los argentinos con medidas como la que tomó el presidente. Sin embargo, y más allá de las expresiones subjetivas de políticos y analistas, es la propia realidad la que muestra que en el país operan realidades socioeconómicas muy distintas. La Ciudad de Buenos Aires es el distrito de mayores ingresos per cápita del país. Las cifras del INDEC marcan que duplica a la provincia de Buenos Aires. Lo mismo ocurre en materia presupuestaria. El gasto-inversión per cápita es el doble que lo que recibe un ciudadano bonaerense teniendo en consideración los presupuestos provinciales y municipales, en una provincia que tiene 112 municipios con mayor superficie que la Ciudad Autónoma. Por ejemplo, para los municipios del sur del conurbano, en 2019 el gasto anual per cápita de los presupuestos provinciales y municipales fue de $57.404 mientras la Ciudad fue de $106.542, un 46% más alto. Si se tiene en cuenta la totalidad de la provincia, con los fondos del decreto 194/16 la diferencia supera el 50%. Por el contrario, la provincia tiene mayores niveles de desempleo y pobreza estructural. A la vista la decisión de Macri se debió más a la afinidad política con la Ciudad que a las necesidades relativas de recursos.
Se le otorgaron más fondos nacionales para “garantizar” la autonomía al distrito de mayor presupuesto e ingreso.
Quienes cuestionan la decisión del actual presidente, no dicen nada sobre la constitucionalidad o la pertinencia económica del decreto de 2016. Es más, en los considerandos del decreto 194 ni siquiera se menciona la cuestión del traspaso de la policía. Se justica el aumento en que “no obstante ello y en aras de asegurar el desenvolvimiento fiscal y patrimonial que permita continuar consolidando la organización y funcionamiento institucional de la CABA y proseguir asumiendo las competencias, servicios y funciones inherentes a su régimen autónomo, el Estado Nacional entiende que para garantizar dicha autonomía resulta necesario adecuar su coeficiente de financiamiento”. Es decir, se le otorgaron más fondos nacionales para “garantizar” la autonomía, al distrito de mayor presupuesto e ingreso, algo que nunca formó parte de un debate o de la agenda política del país. Solo se dice que el 1,40% original se encontraba “desactualizado” pese a la situación relativa benévola en materia de fondos. Evidentemente, y para quienes se rasgan las vestiduras con los hechos actuales, la ayuda macrista a la Ciudad solo se sustentaba en una preferencia política. Desde ese punto de vista ¿Qué derecho adquirido tiene la Ciudad sobre los fondos extra? Más en un país donde todavía quedan millones de ciudadanos que no cuentan con acceso a agua potable, cloacas o asfalto.
La provincia de Buenos Aires tiene una extensión de 307.571 km2, donde caben 1.515 ciudades como CABA.
Hay que tener en cuenta que décadas de ingresos y presupuestos abultados dieron origen a un distrito con niveles de infraestructura pública y privada, con condiciones de vida en materia de salud, trasporte, servicios, educación y espacios públicos similares a los de los países europeos y que gran parte del subdesarrollo territorial quedó del otro lado del Riachuelo. En 2018 la Ciudad ocupó el primer puesto en el Índice de Desarrollo Humano de la Naciones Unidas (PNUD) con 0,867, mientras que la provincia obtuvo el puesto 16, con 0,82. Las razones detrás de semejante contraste hay que buscarlas tanto en el pasado de la formación nacional como en la historia reciente.
La provincia de Buenos Aires tiene una extensión de 307.571 km2, donde caben 1.515 ciudades como CABA, habita casi el 40% de la población del país y su producto bruto geográfico representa el 37% del producto bruto nacional. Es un distrito muy extenso, con una concentración poblacional en el anillo conurbano que rodea a la capital, con múltiples necesidades de inversión pública y que aporta con su producción a la economía nacional más de lo que recibe en impuestos. En las últimas décadas y a través de sucesivas leyes, vio disminuida su participación en la distribución total de los recursos, que pasaron del 12,1% antes de 1973 a 10,2% en 2015. La pérdida de la distribución secundaria no se vio compensada el mayor porcentaje en la distribución primaria. En 1973, mediante Ley 20.221, perdió 6,2% puntos porcentuales de la distribución secundaria, pasando del 34,2% al 27, 5% de la distribución. En 2017, la recuperación del Fondo del Conurbano Bonaerense se licuó con el traspaso de la nación de los subsidios de transporte y energía. En 2019 el subsidio al trasporte en el AMBA, unos 60.000 millones de pesos, representó el 32% del déficit de la provincia.
Las desigualdades son muy marcadas en el AMBA, a pesar de que la región funciona como un solo núcleo urbano.
La Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción en donde los recursos coparticipables tienen menor importancia relativa, con un 26,7%. Para los bonaerenses dichos fondos representan un 49,6%. La independencia presupuestaria de los porteños de los recursos que distribuye la Nación se debe a la normativa tributaria de firmas que tributan en CABA y a la alta actividad económica del territorio donde funciona la administración del Estado Nacional, reflejada en los millones de personas que todos los días cruzan el riachuelo en trasporte público y privado. Es un proceso de crecimiento y desarrollo territorial que se autosustenta. Este centro de acumulación de ingreso e inversiones que, ya sea por los presupuestos o por el propio desenvolvimiento del mercado, no hace más que ampliar la brecha de desarrollo socioeconómico. Puntualmente en el caso del AMBA, las desigualdades son muy marcadas, a pesar de que la región funciona como un solo núcleo urbano. El retraso relativo del resto del AMBA no amplió la tasa de rentabilidad del capital como supone la teoría ortodoxa, aspecto que permitiría equilibrar los grados de desarrollo socioeconómico. Ese punto es fundamental a la hora de tomar decisiones políticas, porque excede la cuestión jurídica o si es justo o no en términos de mercado: es la política pública la que tiene que estar encargada de romper con ese esquema de acumulación desigual que genera dos países adentro de uno. Si para ello hay que votar nuevas leyes, la agenda de transformación también estará en manos de los legisladores. Incluso hay fuertes argumentos teóricos que vinculan un crecimiento económicos más estable y duradero con una mejor distribución del ingreso y de la inversión pública.
¿Es la capital las que les da trabajo o son los bonaerenses los que con su esfuerzo hacen cada vez más grande económicamente a la CABA?
Las condiciones de vida materiales de la sociedad no pueden quedar supeditadas a los designios de la acumulación de capital de grupos sociales. Si en esa desigualdad manifiesta hay vastos sectores sociales que han quedado en la marginalidad, el subdesarrollo y con condiciones de vida pauperizadas hay que corregirlo, partiendo de la realidad: se trata de una situación socialmente injusta. Más aun considerando puntualmente el caso del AMBA, una región que con la ciudad funciona como un todo. En ese sentido, es tarea de la dirigencia política pensar en contribuir para disminuir las brechas materiales desde una mirada federal. Son tiempos de trascender las individualidades, de valorar los gestos integradores, porque no puede pensarse un país unido si persisten las desigualdades. Acaso no son millones de bonaerenses los que cruzan a diario la provincia para trabajar en la capital. ¿Es la capital las que les da trabajo o son los bonaerenses los que con su esfuerzo hacen cada vez más grande económicamente a la CABA? Sin ese trabajo, sería imposible tener semejantes índices de desarrollo socioeconómico. Es hora de que la política corrija los desequilibrios, invirtiendo fondos donde más se necesiten, creando infraestructura pública, seguridad, educación y calidad de vida para millones de bonaerenses que sufren a diario décadas de carencias de recursos y desinversiones.
*Economista y docente UNdAv
