Tuvimos la oportunidad de charlar con Mauro Andino Espinoza sobre las elecciones en Ecuador. Mauro es analista político y magíster en Derecho Electoral-Parlamentario y reside en Ecuador.
– Sebastian Tapia: ¿Cómo caracterizás el marco político en el que se inscriben estas elecciones presidenciales en Ecuador y qué rol han tenido las dificultades de carácter operativo o legales en el proceso que se está dando?
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– Mauro Andino: Estamos atravesando el proceso electoral más turbio y enrarecido desde la vuelta a la democracia. En el año ’78/’79, cuando se dió la transición, existió lo que en esa época se denominó El Tribunal de la Mano Negra. Un tribunal que estaba anclado y dirigido por la dictadura de la época y, ya en aquel entonces, se proscribió a ciertos candidatos. El caso más famoso fue Assad Bucaram que no pudo ser candidato y eso dio margen para que la segunda vuelta de ese proceso electoral se realice varios meses después de la primera vuelta. Hubo una serie de trabas y un tribunal electoral que en esa época trataba de jalar todo hacia el lado del candidato conservador, que era Sixto Durán Ballén. Si uno trae la analogía de esa época, creo que podemos encontrar similitudes muy parecidas con lo que ahora ha hecho el tribunal electoral, o el Consejo Nacional Electoral. Pero, en este caso, en favor de Guillermo Lasso con la proscripción de algunos candidatos y sacando del juego a algunas organizaciones políticas.
Dicho esto, ¿qué antecedentes podemos tener ahora? Quisiera señalar algunos. En 2019 fueron las elecciones seccionales, las de otros niveles de gobierno: municipios, prefectura y gobiernos parroquiales rurales. Esa elección de marzo del 2019 tuvo una serie de problemas e inconvenientes: tuvimos autoridades prorrogadas, tuvimos resultados electorales que se hicieron oficiales hasta 80 u 85 días después del día de la elección. Por ejemplo, también tuvimos un prefecto de la provincia de Los Ríos que no pudo entregar su administración el 24 de mayo que era la fecha oficial porque no había resultados oficiales. Es decir, una serie de inconvenientes que generaron problemas y resultados electorales con denuncias de fraude e irregularidades.
“El CNE quería autoinducirse una especie de caos y provocar la nulidad de las elecciones”.
El segundo elemento como antecedente, el CNE en septiembre del 2020 decidió eliminar ilegalmente a varias organizaciones políticas mediante un examen especial de la contraloría que no tenía atribución constitucional para interferir en esto. Emitieron una resolución y ahí se eliminó al Movimiento de Justicia Social, a Juntos Podemos y a otra organización que se llama Libertad es Pueblo. Esto de septiembre de 2020, que hizo caso el CNE a estas recomendaciones de la contraloría, dio origen a que varias de estas organizaciones presenten los recursos impugnando esta resolución en sede administrativa ante el Tribunal Contencioso Electoral y, evidentemente, este tribunal les dio la razón. Porque no tenía atribución alguna el CNE para eliminar estas organizaciones por recomendación de la contraloría, porque la competencia es privativa del CNE. El CNE puede eliminar a las organizaciones siempre y cuando se cumplan varios presupuestos que están señalados en el código de la democracia, entre otras: que tú como organización política no obtengas determinado número de votos, en dos elecciones consecutivas un porcentaje de escaños en la asamblea, en fin… algunos presupuestos. Sin embargo eso no se cumplió y se hizo caso al examen especial de contraloría.
Estas sentencias dieron origen, entre otras, a la sentencia que quiero plantear como tercer elemento, que es la del 30 de octubre del 2020, la cual permitió a Justicia Social, que es la organización que quería patrocinar la inscripción de Alvaro Novoa como candidato. En esta sentencia del 30 de octubre, el tribunal contencioso le disponía al CNE que se dicten todas las medidas administrativas que sean necesarias para que Justicia Social haga primarias, proclame precandidatos, candidatos, los inscriba y sean calificados o rechazados por el CNE. Pero al CNE se le ocurrió no hacer caso, evadir la sentencia del 30 de octubre. En diciembre del año pasado, para evadir, justamente, esa sentencia, al CNE se le ocurrió, este sería un cuarto elemento, presentar una demanda de conflicto de competencia. Ya estaba la sentencia del tribunal que le ordenaba lo que acabo de decir, pero al CNE, para evadir esta responsabilidad, se le ocurrió decirle al tribunal que estaban invadiendo sus atribuciones constitucionales y que iban a presentar una demanda por conflicto de competencias ante la corte constitucional. Como esta demanda carecía de fundamento jurídico, en la corte les rechazaron la demanda, ni siquiera les admitieron a trámite la demanda y les dijeron que era un uso abusivo del derecho, que esa demanda que querían presentar querían usarla como cortina para tratar de evadir el cumplimiento que tenían que dar a esa sentencia.
El quinto elemento que quiero agregar es que siempre el CNE tuvo entre sus ideas cambiar la fecha de la primera vuelta. Siempre les sedujo esa idea y se aprovecharon del tema de la pandemia. Quisieron, también, cambiar el horario de las elecciones a pesar de que eso es causal de nulidad porque el 143 # 1 del código de la democracia señala que no se puede cambiar ni la fecha de las elecciones ni el horario que está establecido en la convocatoria. La convocatoria de elecciones fue realizada el 17 de septiembre del 2020, ahí señalaba que la primera vuelta sería el 7 de febrero. Además el código de la democracia señala en varios artículos que el inicio de la jornada electoral es a las 7 am, que el cierre es a las 5 pm y señala el inicio del conteo del escrutinio. Es decir, hay reglas específicamente señaladas en el código que no permiten que el CNE pueda cambiarlas. De alguna manera, el CNE quería autoinducirse una especie de caos y provocar la nulidad de las elecciones.
Un sexto elemento es que en medio de la pandemia a la ministra de gobierno se le ocurrió señalar que producto del Covid-19, estaba analizando no cobrar por esta vez la multa a las personas que no sufraguen. Lo cual es inconstitucional e ilegal porque el voto es obligatorio a excepción de ciertos sectores de la población para los cuales es optativo. El propio código de la democracia plantea una sanción de carácter económico para aquellos comprendidos dentro del voto obligatorio que no sufraguen. Sin embargo, desde el gobierno se transmitió esta posibilidad que desmoviliza al electorado. Si te dicen que ya no te van a cobrar una multa, sin duda, lo más probable que hagas pensar en no ir a votar.
Un séptimo elemento, el viceministro de salud manifestó en rueda de prensa que no se le iba a poder realizar las pruebas rápidas del Covid-19 a los integrantes de las juntas receptoras del voto y que los gastos de las pruebas PCR los iban a tener que asumir los propios miembros de las juntas receptoras del voto, eso implicaba un costo de 80/85 dólares. Después se retractaron y cambiaron de discurso. Pero eso desmoviliza a quienes integran las juntas receptoras del voto porque dicen que no te van a hacer las pruebas y la gente se pone a pensar que si la multa es de 60 dólares por no ser parte de la junta receptora del voto y me cuesta 85 dólares hacerme la prueba PCR y aparte corro el riesgo de contagiarme, sin dudas ¿qué prefieres? Prefiero no formar parte de la junta receptora del voto. Sin embargo, el viceministro de salud a través del ministerio se contradijo y recularon esa posibilidad diciendo que si les iban a hacer las pruebas. De hecho las están haciendo, pero se difunde que va a haber mucho ausentismo de quienes tienen que ejercer el sufragio y de quienes tienen que conformar las juntas receptoras del voto.
“Si te dicen que ya no te van a cobrar una multa, sin duda, lo más probable que hagas pensar en no ir a votar”.
El octavo elemento es que el CNE imprimió erróneamente 6 millones de papeletas. Imprimieron mal el logo de un movimiento político que auspicia al candidato presidenciable Pedro Freire. Esto nos contó más de 400 mil dólares. Contraloría debería en este caso establecer responsabilidades civiles y administrativas, sin embargo, hasta ahora, no ha ocurrido. Esas 6 millones de papeletas tampoco han sido destruidas por el órgano electoral, nadie sabe dónde están esas papeletas, más allá de que ya se imprimieron otras, pero no existe certeza de que esas papeletas hayan sido destruidas.
Noveno elemento, las papeletas para parlamentarios andinos que recién empezaron a imprimirse el domingo pasado. Como aún no se resolvió un recurso ante el tribunal contencioso electoral por el tema de Justicia Social, no se podía disponer al instituto geográfico militar para que empiece a imprimir dichas papeletas.
Se duda de que los ecuatorianos en el extranjero puedan ejercer el derecho al sufragio, lo más probable es que no porque no van a llegar hasta el exterior las papeletas, van a llegar incompletas.
Finalmente, hay zonas geográficas del país que llegar con los kits electorales va a ser casi imposible. Por ejemplo la amazonía en donde sólo con avioneta se puede entrar.
El último elemento es la denuncia del consejero Luis Verdesoto en contra del binomio de UNES, donde se señala que, supuestamente, han cometido una infracción electoral por haber entregado pruebas rápidas en una central de campaña, cuando el artículo 168 # 2 de la democracia establece que para que se configure esta infracción electoral se necesita, entre otras cosas, que el sujeto activo de la infracción haya sido candidato, representante legal, responsable económico o jefe de campaña de la organización política. Ninguno de esos cuatro actores ha estado en esa central de campaña, sin embargo, se presenta la denuncia en contra de Arauz – Rabascall como si ellos hubieran entregado las pruebas rápidas. ¿Cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis es que aunque esto no se va a resolver antes del 7 de febrero, lo que quieren hacer es dejar abierto un expediente para que, en caso de que gane Arauz – Rabascall, gestionar políticamente esa causa ante el tribunal contencioso electoral y buscar una sentencia por el cometimiento de la infracción, ya que la sanción por este tipo de infracción es la suspensión de los derechos políticos. Con eso evitarían que se posesione del cargo porque estarían suspendidos los derechos de participación. La Constitución de la República en el artículo 64 dice que cuando están suspendidos los derechos no puedes ejercer un cargo público. Lo que apuntan es a: “perdemos en las urnas pero ganamos en los tribunales y nos bajamos a ese binomio”.
– ST: En la narrativa sobre de qué se trata esta elección podemos ver que la campaña de Arauz se ha montado sobre la idea de que prevalezca la democracia contra las restricciones, prohibiciones y contra la persecución y también, aunque en menor medida, la discusión sobre el modelo económico y el rumbo político del país. ¿Cómo ves en ese plano la discusión quitando lo procedimental o entendiéndolo como una dimensión de la disputa política? ¿Qué es lo que se pone en juego en esta elección?
– MA: Creo que hay dos visiones en disputa. Una visión desde donde se considera que el Estado es más importante, es decir, que el rol del Estado tiene que garantizar ante todo el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Un Estado robusto pero no un Estado totalitario, ni omnipresente en todos los espacios de la sociedad, mucho menos de la vida íntima o privada. Sino un Estado que garantice el ejercicio de los derechos. Del otro lado, en cambio, hay una visión más reduccionista, ajustada a los principios del neoliberalismo. Eso es indiscutible, más allá de que en campaña trataron de modificar el discurso, haciendo planteos desde esos sectores como Lasso, menos ajustados a las lógicas neoliberales. Eso es lo que está en disputa.
“Es importante el control de las organizaciones políticas y la presión de la comunidad internacional para exigirle al CNE que garantice la transparencia del proceso.”
Hay algunos aspectos importantes y grandes desafíos: cómo gestionar el tema de la pandemia y cómo enfrentar el Covid-19. El gobierno no ha sido capaz de enfrentarlo, hubo un tratamiento de la pandemia muy sesgado desde lo ideológico en cuanto a la adquisición de vacunas porque se analiza la adquisición de vacunas en cuanto a banderas ideológicas y nacionalidades, e irresponsable, con muchos casos de irregularidades y denuncias sobre contratos.
Evidentemente, hay dos visiones de Estado, una desde donde se busca garantizar el ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales y desde el otro lado hay una visión reduccionista y minimalista del Estado. Esto se ha puesto de manifiesto en el tema de cómo enfrentar la pandemia, ese es uno de los grandes desafíos. También la reactivación económica y la generación de empleo, ya que la tasa de desempleo en el país ha superado el 6% y el subempleo ha superado el 26%. Hay indicadores complicados pero, si tampoco hay vacunación, es imposible reactivar el aparato productivo y que la gente se inserte laboralmente. Finalmente, el tema de la seguridad, la semana pasada tuvimos el asesinato de un famoso presentador a través de sicarios, esto, me parece, es el reflejo de la descomposición del tejido social.Será clave, el día domingo, el control electoral. Me preocupa el conteo rápido porque si no es una metodología bien diseñada, más allá de que uno sea experto en este tema a nivel estadístico, podría llegar a proyectar un resultado que después no se compadezca con lo que es después el resultado final del escrutinio del 100% de las actas y de las juntas receptoras del voto. Si el conteo rápido arroja un resultado una hora y media o dos horas después de que se cerraron las urnas y después esto no es coherente con el escrutinio final, podría generar conflictos sociales y políticos. Para evitar esto, es importante el control de las organizaciones políticas y la presión de la comunidad internacional para exigirle al CNE que garantice la transparencia del proceso.
